Las provincias piden tiempo para analizar si eliminan tributos

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Mauricio Macri ya había hecho el pedido desde Vaca Muerta cuando los ministros de Energía provinciales llegaban a la reunión del Consejo Federal. María Eugenia Vidal anunciaba el decreto para eliminar

impuestos en la luz, el gas y el agua cuando los recibía en su despacho Juan José Aranguren, acompañado por Rogelio Frigerio. El Gobierno ejerció presión con el objetivo de compartir no sólo el costo fiscal para atenuar el impacto de los aumentos de tarifas: también el político. Los representantes de los gobernadores quedaron en dar una respuesta este martes para evaluar la quita de los extras impositivos. Con la tarifa social de gas hubo acuerdo: la mayoría aceptó compartir los gastos para postergar las modificaciones hasta julio.

La iniciativa del Gobierno para quitar impuestos no encontró rechazos contundentes, aunque los ministros plantearon reparos y pidieron tiempo para evaluar los escenarios económicos y jurídicos de cada distrito con los mandatarios. Entre los argumentos se repitió que en varios casos no hay tributos provinciales o no son tan significativos como en Buenos Aires. También que sobre los municipales no podrán avanzar por su autonomía. En Córdoba se desató un conflicto entre Juan Schiaretti y Ramón Mestre cuando el peronista impulsó un proyecto para eliminar los extras de las boletas. Aranguren quedó en enviarles un informe anoche con los tres principales puntos de la discusión -desmalezamiento impositivo, tarifa social y pago en cuotas de dos bimestres de gas- y pidió una devolución en la mañana del martes.

La cita al Consejo Federal fue uno de los puntos definidos el jueves, cuando Macri aceptó propuestas del radicalismo y la Coalición Cívica para mitigar el impacto de las subas. En el Gobierno se encendió un alerta por el malestar de sectores de clase media y la articulación de espacios opositores en Diputados, que habían quedado apenas a una presencia de reunir quórum para revisar tarifas e insistirán esta semana. "Hay cierta incertidumbre generada por el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales de cuál es poder del Estado que fija las tarifas. Es importante dar una clara señal de que son los Ejecutivos", pidió Frigerio en el inicio.

A una hora de transcurrida la reunión, Hernán Lacunza -ministro de Economía bonaerense- se sumó recién llegado de La Plata luego de acompañar a Vidal en el anuncio del decreto que le costará a Buenos unos $3.000 millones anuales, estimó el funcionario. “Están todos los movimientos coordinados”, advirtió uno de los representantes provinciales. Hubo momentos de tensión, como cuando pidieron a Aranguren que no haya nuevas quitas de subsidios que luego diluyan las medidas para amortiguar los incrementos tarifarios. “No está previsto por el momento”, respondió seco el ministro.

Con la tarifa social hubo consenso para mantener por dos meses el esquema anterior -se habían dispuesto mayores requisitos y límites al consumo- y compartir el costo entre Nación y provincias. Será de unos $460 millones anuales y de $120 millones sin contar Ciudad y provincia de Buenos Aires. “Lo vamos a acompañar”, confirmó a la salida Fabián López, ministro de Córdoba. “Nos propusieron compartir el esfuerzo, varias provincias accedimos y otras tienen que hacer su consulta”, agregó Verónica Geese, su par de Santa Fe. Ellos y otros representantes provinciales también plantearon a los ministros nacionales asimetrías provinciales como las diferencias climáticas que inciden en el consumo de energía y en materia de subsidios a otros servicios públicos como el agua.

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