Tensión en el Instituto de Asuntos indígenas ante versiones de despidos

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Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la prórroga de la Ley de Emergencia territorial indígena, el conflicto mapuche en el Sur y el juicio de extradición

de Facundo Jones Huala lo pusieron en el centro de la escena política el año pasado. Ahora, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende de la secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, vuelve al centro de la escena en medio del ajuste que impulsa el Gobierno mientras negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo que preside Jimena Psathakis recibió, como todas las dependencias públicas, el informe de dotación óptima que desarrolla el ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra. Carlos Bulaievsky, a cargo de la dirección técnica y administrativa de la secretaría, comunicó a los representantes del gremio estatal ATE que 45 empleados serían discontinuados. Incluso, habrían sugerido a los representantes de los trabajadores diseñar una lista de "prescindibles" en conjunto.

En total, trabajan hoy en el INAI 160 empleados desperdigados en los 24 distritos nacionales. Alrededor del 95% no son de planta permanente y tienen contratos inscriptos en la denominada ley Marco de empleo público (Art.9 Ley 25164). Cuando asumió Mauricio Macri, en diciembre de 2015, trabajaban en la dependencia 220 empleados, encargados de tender los puentes con los 35 pueblos originarios que viven en la Argentina repartidos en más de 1800 comunidades. Por entonces, el organismo creado en 1985 funcionaba dentro del ministerio de Desarrollo Social. La variedad de contratos de todo tipo -por convenios con universidades, se normalizó con el traslado a Justicia, donde la mayoría de la planta transitoria pasó a ser artículo 9. En 2013, Alicia Kirchner incluso tuvo la secretaría tomada por presión de los estatales.

#NoALosDespidos en el INAI pic.twitter.com/dgba7IHtJD

— ATE DDHH Nación (@ateddhhnacion) May 21, 2018

La masa salarial de los empleados representa hoy el mayor gasto del INAI. Del total del presupuesto anual de $174.073.710, casi el 60% ($102 millones) se destina a sueldos. Poco más del 20% son empleados permanentes y el 70% son contratados, como los que podrían quedar cesanteados. La situación -señalan- es similar a la que se vivió en otros institutos nacionales como el INTA y el INTI.

En lo que va del año el INAI solo ejecutó el 26% de su presupuesto, según consta en el el sitio Presupuesto Abierto, del ministerio de Hacienda.

Ante los reclamos de los representantes de ATE, que se encuentran en asamblea permanente, el secretario Claudio Avruj, mantuvo una reunión con los trabajadores y prometió buscar una salida con Modernización. En la Cartera de Ibarra suelen precisar que su responsabilidad termina con el informe de dotación óptima. "Quienes toman la decisión de discontinuar contratos es cada ministro", destacan. Los empleados del INAI valoraron gestiones de Avruj en el pasado. Veintiséis de veintiocho despedidos habían sido reincorporados en 2016.

Trabajadores del INAI en NOA. Algunos de los estatales pertenecen a pueblos originarios.

Trabajadores del INAI en NOA. Algunos de los estatales pertenecen a pueblos originarios.

En el INAI, la tensión es creciente. Organismos como INTA e INTI fueron tomados por trabajadores despedidos en los últimos meses. "Estamos abiertos al diálogo en pos de que se revierta esta decisión de vaciar el instituto, pero no vamos a dudar en hacer lo que sea necesario para defender las políticas públicas en materia indígena", le dijo a Clarín María Paulo, de ATE.

Ni Psathakis ni Avruj contestaron las consultas de Clarín. Desde la secretaría de Derechos Humanos, sin embargo, advirtieron que hasta ahora no hubo despedidos ni se dejaron caer contratos. "Hemos tenido diversas reuniones con los delegados gremiales, el diálogo está abierto.Se les ha transmitido la necesidad de hacer más efectivo el trabajo del área. En el contexto de déficit fiscal, estamos obligados a optimizar el trabajo en todas las áreas. Necesitamos conseguir una mayor eficacia", señalaron cerca del secretario de Derechos Humanos.

En el Gobierno insinuaron que pretenden que las provincias absorban parte de las funciones del instituto. "Se está reconfigurando la estrategia de trabajo. Queremos una relación más productiva con las provincias. Ninguna de las políticas públicas que lleva a cabo el INAI se van a suspender o cancelar. Todas las actividades vigentes seguirán su curso normal, sin alteración alguna", precisaron en el edificio de la ex ESMA.

La tensión, mientras tanto, está latente.

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