Sobreseyeron a Juan José Aranguren y Laura Alonso por la designación de un funcionario

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El ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fueron sobreseídos esta semana por el juez federal Sebastián Ramos en una causa iniciada

por denuncia del senador Fernando "Pino" Solanas por la designación de un funcionario por presunta incompatibilidad a raíz de su pasado en el campo privado.

Se trata del subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, también sobreseído por el juez por inexistencia de delito y a quien Solanas había acusado de haber intervenido en estudios sobre el proyecto de construcción de dos represas en la provincia de Santa Cruz cuando se desempeñaba en la empresa Ingeniería y Asistencia Técnica S.A. (IATASA).

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El juez Ramos sostuvo que el papel del ahora funcionario cuando se desempeñaba en el campo privado no fue "decisivo" y que además ello ocurrió cuatro décadas atrás, cuando la ley de ética pública habla de tres años como el lapso en el que un funcionario público tiene que haber dejado pasar para abstenerse de intervenir en cuestiones en las que antes lo hizo desde la actividad no gubernamental.

"Se puede sostener que Jorge Hugo Marcolini no tuvo poder de decisión alguno en la elaboración de los anteproyectos sobre la cuenca del Río Santa Cruz para la construcción de las represas 'Cóndor Cliff' y 'La Barrancosa', hoy en día llamadas 'Néstor Kirchner' y 'Jorge Cepernic'", dijo el juez en su resolución, a la que Clarín tuvo acceso.

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"Ello por cuanto, por un lado, los trabajos fueron dirigidos por José Francisco Speziale y, por el otro, porque Marcolini era un profesional recién recibido que participó en los trabajos en calidad de ingeniero 'junior'", añadió el magistrado.

"Tales extremos, sumados a la edad de Jorge Hugo Marcolini en aquel momento, a los antecedentes laborales -fechas de ingreso y egreso del sector privado- y la venta de sus acciones de la empresa IATASA, son los que llevaron a concluir que no había irregularidad alguna para su ejercicio en el ámbito de la función pública", concluyó Ramos.

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Por ese motivo, el juez desestimó que Aranguren haya incurrido en delito alguno al designarlo en el ministerio a su cargo en diciembre de 2015 y que Alonso no hubiera atendido la denuncia administrativa formulada por Solanas y el abogado Enrique Viale por cuanto esta cuestión había sido tratada y resuelta en otro expediente de la oficina a su cargo abierto a pedido de diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs).

"Los antecedentes aludidos demuestran que la Oficina Anticorrupción actuó -en tiempo y forma- para darle tratamiento y respuesta a la presentación de las referidas entidades no gubernamentales. En función de ello, corresponde adoptar un temperamento liberatorio y definitivo respecto de Laura Alonso, por inexistencia de delito", señaló el juez Ramos.

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