Cristóbal López: la AFIP lo demandará civilmente por más de $22 mil millones

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Ante la quiebra de Oil Combustibles SA -petrolera de Cristóbal López-, la AFIP la principal acreedora de la compañía, sabe que ya no podrá recuperar la deuda inicial de $ 8.000

millones que se generó por la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) algo que mes a mes debía tributar el empresario K, pero por el contrario, decidió financiarse con los fondos del Estado según determinó el juez Julián Ercolini quien ordenó su detención por defraudación. Sin embargo, el ente recaudador reclamará más de $ 22.000 millones a través de la demanda civil contra los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP.

CLAIMA20161124_0194 Cristóbal López y ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

Cristóbal López y ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

La compañía que utilizó Cristóbal López para defraudar al fisco en $ 8.000 millones durante el último gobierno de Cristina Kirchner, está cada vez más cerca de ser vendida. Fuentes de la empresa indicaron a Clarín que hace no más de ocho meses, el valor de los activos de Oil Combustibles se estimaba en 203 millones de dólares. La valuación actual realizada por los interventores judiciales, le otorgó un cotización de 42,5 millones de dólares, como dio a conocer este medio.

El próximo paso, según la resolución del juez comercial Javier Cosentino que lleva adelante la quiebra de la empresa, será la venta de los activos a un valor inferior a lo que sus propios dueños consideraron que se realizaría todo. Contra lo que hoy la compañía vale hay una deuda de $ 8.000 millones que la misma generó con el Estado.

La AFIP sabe que desde el momento que la quiebra se decretó sobre Oil Combustibles SA, se dificultaría cobrar la totalidad del dinero que durante años no pagó la empresa. Para el organismo que conduce Leandro Cuccioli, los fondos no tributados "se usaron indebidamente para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenece (grupo Indalo), como así también para expandirlo. Este proceder tornó incierto el cobro de lo adeudado por parte del Estado Nacional".

Por ello, el empresario K, su socio y Echegaray fueron acusados por defraudación agravada por haber causado un perjuicio multimillonario a la Administración Pública.

En este escenario, la AFIP no desistirá del reclamo financiero pese a la quiebra de Oil. Según pudo saber Clarín, ahora apuntarán a la demanda civil, contra daños y perjuicio que se inició en el marco de la causa penal, contra los tres acusados principales: López, De Sousa y Ricardo Echegaray. La cifra que exigirán como resarcimiento será “superior a los $ 22.000 millones”, confiaron fuentes oficiales.

¿Cómo responderán los dueños del Grupo Indalo y Echegaray al reclamo económico? Con sus patrimonios personales -una valuación parcial del de López arrojó un valor de $ 3.321 millones-. Hay una valuación fiscal resguardada bajo secreto de sumario, que según supo Clarín no alcanzaría a cubrir la deuda generada.

A través de la demanda, se exige que los acusados respondan por "la totalidad de las sumas dejadas de percibir por el Fisco en función de la maniobra defraudatoria", ante "los perjuicios causados por la afectación de la institucionalidad de la AFIP por la pública burla a los controles del Fisco" y por "el lucro cesante que supone para el Estado Nacional la indisponibilidad de las sumas lisa y llanamente sustraídas al erario público".

La AFIP entonces, se concentrará en la demanda civil que se tratará junto al juicio oral y público que tendrá a cargo el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) para el recupero de fondos, reclamo que se encuentra sujeto no sólo a las sumas que pudieran seguirse devengando por las deudas que acumule Oil, sino también se considerarán los montos que deban ser deducidos por la "eventual percepción de sumas de la AFIP como acreedora en la quiebra y demás acciones que pudieren iniciarse con el fin de obtener el repago de los tributos adeudados", explicaron ante el juez.

Para la justicia, López, De Sousa y el ex titular funcionario K, generaron “un grave daño al Estado Nacional" al permitir “a través de distintos artilugios que daban apariencia de legalidad, la acumulación de deudas por parte de la empresa OIL para detraer fondos que debían ingresar al Fisco, en beneficio de las otras sociedades del Grupo Indalo".

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