Quieren multar por $50 mil a los padres de un chico que hizo amenazas de bomba a su escuela

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Allanaron su casa de San Miguel. La Justicia define si además el menor debe cumplir tareas comunitarias.

 

 

 

Las amenazas de bomba siguen siendo un dolor de cabeza en las escuelas del Conurbano Bonaerense. La “ola” de llamados falsos que desde el año pasado llevan a suspender las clases en distintos colegios y sacar a cientos de estudiantes a la calle, se incrementó en las últimas semanas. En San Miguel, ahora dieron un paso para intentar ponerle un freno. Gracias a dos allanamientos, el fin de semana pasado en Muñiz pudieron descubrir que un alumno menor de edad era responsable de varias amenazas a la Secundaria 20.

 

Desde el Municipio revelan que el operativo “resultó positivo” y que la Policía incautó tres teléfonos desde los que habrían hecho las llamadas. La causa quedó caratulada como intimidación pública y todo apunta a un estudiante. El interrogante ahora es si la Justicia dará lugar al pedido del Estado: una multa económica a la familia y otras exigencias que podría tener que cumplir el alumno.

 

 

Como el investigado es menor, en la Comuna explican que “los padres son civilmente responsables por los daños ocasionados y los gastos de operativos que implican este tipo de situaciones”. Por eso, entre la Policía, Bomberos y áreas de Tránsito y Defensa Civil de San Miguel estiman que pedirán un resarcimiento de unos $50 mil a la familia del involucrado. “Es el costo al que puede ascender el protocolo de evacuación, el desplazamiento de efectivos, cortes de calle y otras tareas”, detallan.

 

La Justicia deberá definir también si el alumno deberá asistir a talleres, fases de mediación entre las partes y tareas de distinta índole como acciones comunitarias para resarcir el daño. “Esto puede llevar meses, hasta que las autoridades lo consideren necesario”, dicen en San Miguel.

 

 

Con tanta reiteración volvieron los casos de amenazas de bomba, que la Comuna ya pidió a la Bonaerense el envío de un escuadrón anti explosivos, que esperan que llegue en agosto y permitirá acortar los tiempos de rastrillaje en edificios cada vez que hay una llamada de este tipo.

 

 

“Las amenazas nos preocupan primero porque se trata de un delito. Pero fundamentalmente porque con cada caso tenemos entre 500 y 1.000 chicos en la calle, lo que implica un riesgo grande. Además, con esto se daña el proceso pedagógico, que después es difícil de subsanar”, dijo Andrés Lagalaye, secretario de Educación de la Municipalidad.

 

fuente clarin

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