Caso Ciccone: en el Gobierno esperan que Vandenbroele "apunte" a Boudou y los otros cerebros de la compra ilegal de la imprenta

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El supuesto testaferro de Amado Boudou entró al régimen de protección de imputados. Cómo es el proceso para que pueda figurar como arrepentido. Por Daniel Santoro

 

 

La Justicia y el Gobierno esperan que Alejandro Vandenbroele declare ante al fiscal Jorge Di Lello y “apunte para arriba” en la organización que presuntamente comandaba Amado Boudou para la compra de la imprenta Ciccone.

 

En la indagatoria que dará en los próximos días antes Di Lello, Vandenbroele deberá dar datos o documentos que incriminen a los cerebros de la asociación ilícita que hizo la maniobra, tanto con Ciccone como con un asesoramiento por la renegociación de la deuda de Formosa con el Gobierno nacional.

 

Si Vandenbroele “no apunta para arriba”, el fiscal no podrá ofrecerle una reducción de penas en este proceso de arrepentimiento que, hasta ahora, solo se usó con Leonardo Fariña en la causa que investiga la ruta del dinero K.

 

 

El primer paso de Vandenbroele fue firmar un acta que le permitió entrar al régimen de protección de testigos de imputados del Ministerio de Justicia.

 

El segundo paso será declarar ante el fiscal en los próximos días.

 

Luego, Di Lello tendrá que evaluar si le dio información para que avance la causa. Y finalmente será el juez federal Ariel Lijo quien homologará el eventual acuerdo.

 

Tal como Clarín reveló en exclusiva en octubre, una primera negociación fracasó cuando el supuesto testaferro de Boudou, además de protección y una casa segura, pidió “un millón y medio de dólares”. En el gobierno sospechan que un empresario, involucrado en la maniobra, estaba financiando a Vandenbroele.

 

 

En esta segunda negociación, previa a la presencia del abogado en Comodoro Py, participó informalmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

 

Si bien el programa de protección lo decide el ministro de Justicia, Germán Garavano, Bullrich tiene que asignarle una fuerza de seguridad federal que le dé garantías sobre su vida para los próximas y tensas semanas.

 

Durante esas conversaciones intermitentes resultó clave, desde el principio, la negativa de Bullrich a pagar “un millón y medio de dólares”.

 

 

“No quiero que me pase la gran Galeano”, decía la ministra en alusión al ex juez federal que habría dado una luz verde para que la SIDE de Carlos Menem le pagara al reducidor de autos robados Carlos Telleldín 400 mil dólares a cambio de contar lo que sabía de los policías bonaerenses sospechados de haber entregado la Trafic que se usó como cochebomba en el atentado a la AMIA de 1994.

 

Al final, la perspectiva de una condena acumulada por 10 años de prisión y la frialdad con que lo trató el kirchnerismo en las últimas semanas lo llevaron a Vandenbroele a quebrarse y prometer decir la verdad de una de las maniobras más oscuras de los K, que incluso podría terminar salpicando al ex presidente Néstor Kirchner.

 

fuente clarin

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