¿Politica Judicalizada o Justicia Politizada?

Opinion
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En las elecciones legislativas llevadas a cabo en el mes de octubre del 2.017, la coalición gobernante Cambiemos obtuvo un resultado muy favorable que ayudò a afianzar el accionar, en diversos planos del actual gobierno nacional. Como contraparte en esa ocasión la hotelera revolucionaria obtuvo el peor resultado electoral desde la muerte de Nèstor Kirchner. A partir de ese momento, los juzgados federales de Comodoro Py pasaron de una lentitud casi exasperante a un ritmo acelerado en el tràmite de aquellos expedientes que tienen que ver con cuestiones de corrupción. Estas causas involucran mayoritariamente a funcionarios a cargo de la administración del Estado Nacional, que ejercieron el poder durante los doce años de gestiòn del matrimonio presidencial. Es asì, como esos mismos juzgados hasta entonces perezosos, hicieron lugar al accionar planteado por algunos fiscales federales proactivos. Como consecuencia de ello concretaron, basándose muchos de ellos en elementos de prueba disponibles desde hacìa rato, la detención de varios de estos funcionarios. A la cárcel fueron a parar entre otros Boudou, De Vido, Zannini, Baratta, Delìa, Esteche, Timerman y últimamente Lòpez y De Sousa. Casualmente en los primeros días de octubre del año anterior, se hicieron pùblicas dos encuestas llevadas a cabo por las firmas Opina Argentina y Management & Fit. En ambos sondeos apareció la Justicia como el poder del Estado con peor imagen. Para la primera de esas encuestas, el 78% de los consultados opinò que la imagen del Poder Judicial era “algo o muy negativa”. En el caso de la segunda compulsa, el 82% de los interrogados respondió que “tiene poco y nada de confianza en la Justicia”.

En el último mes del año pasado ocurrieron algunos hechos, que revelan el poco sentido común aplicado en sus decisiones por algunos miembros de la justicia. El primero de ellos tuvo que ver con el episodio protagonizado por Chocobar, agente de la policía provincial. En esa ocasión el policìa, sin estar de servicio, intervino impidiendo la muerte de

un turista norteamericano que estaba siendo apuñalado por dos delincuentes en el barrio de La Boca a plena luz del dìa. La acción desplegada por el agente policial terminò con la muerte de uno de los dos delincuentes, dándose el otro a la fuga. La fiscal de instrucciòn que se desempeña en la fiscalía desentralizada de La Boca, Susana Calleja demorò tres días en tomarle declaración a Chocobar. Esos tres días el policía los pasò en la cárcel junto a un grupo de presos comunes. Para completar este cuadro el juez a cargo de la causa le impuso a Chocobar un embargo por una importante cantidad de pesos. El segundo caso tuvo que ver con la protesta vandálica, que llevò a cabo un nutrido grupo de forajidos en la plaza del Congreso el pasado 14 de diciembre. Durante largo rato estos inadaptados atacaron a las fuerzas del orden munidos de todo tipo de proyectiles, ya que el objetivo perseguido era nada menos que invadir el Congreso Nacional para impedir la sesión en la que se trataba la reforma previsional. Como consecuencia de este claro accionar en contra del orden institucional, resultaron detenidos poco màs de 20 energùmenos por las fuerzas federales. En el plazo de 24 horas buena parte de estos “nobles militantes” del caos, que realizaron destrozos significativos contra el espacio público y los agentes federales fueron puestos en libertad por orden de juez federal Sergio Torres quien adujo que estos sujetos “no tenìan antecedentes”. El tercer suceso tuvo como uno de sus protagonistas a la jueza contencioso y administrativo de la Ciudad Autònoma de Buenos Aires, Patricia Lòpez Vergara. Ello ocurrió el lunes 18 de diciembre de 2.017 oportunidad en que el Congreso Nacional tenía que continuar el tratamiento de la reforma previsional. La jueza le diò instrucciones al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad respecto de como comportarse ante la nueva protesta esperada para ese dìa en la Plaza de los Dos Congresos. La decisión de Lòpez Vergara fue en respuesta a una presentación del legislador camporista y “ recordado administrador” de Aerolìneas Argentinas Mariano Recalde y del gremialista de ATE Capital, el kirchnerista Daniel Catalano. Gracias a lo descripto, que pretendía la pasividad de los efectivos de la ciudad, los forajidos activistas atacaron a la Policìa de la Ciudad durante horas procurando que se suspendiera la sesión parlamentaria. Ademàs de 88 policìas heridos, la plaza pública terminò destrozada. Su reparación le costò a todos y cada

uno de los porteños cerca de 38 millones de pesos. Como se aprecia una trilogía que patentiza crudamente la falta de sentido común en algunas decisiones judiciales.

Pero claro, ahì no termina esta delicada cuestión referida a la Justicia luego de los hechos acontecidos en diciembre de 2.017. La excarcelaciòn de Roberto Baratta por parte de la Càmara Federal como consecuencia de un informe pericial inexacto, según apreciaciones de la propia Càmara, constituye otro penoso hito. Y la frutilla del postre no es otra que la excarcelación de Cristòbal Lòpez y Fabiàn de Sousa en la causa que trata la descomunal defraudación al Estado por parte de ese grupo empresario. A la indignación general que produjo este fallo de la Càmara Federal en el pronunciamiento de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, se suman dos preguntas que entiendo pueden resultar interesantes; ¿Porquè el cambio de caràtula de la causa cuando los imputados no lo solicitaron? Y la otra; ¿Qué papel le adjudican en la misma causa los camaristas al ex–titular de la AFIP Ricardo Echegaray? A última hora del jueves 22 del corriente mes trascendió que la Corte Suprema sugiere una investigación con relación al pronunciamiento de la Càmara Federal en la causa que involucra a Cristòbal Lòpez y compañía. Tambièn es dable señalar que el pasado jueves 15 de marzo de este año, la misma Corte Suprema resolvió inhabilitar al Tribunal Oral Federal Nº 9 que debià debatir tres causas importantes que involucran a Cristina Kirchner. Esta decisión demora sustancialmente el inicio de esos juicios y es probable que los mismos se terminen tratando por separado, cuando en realidad la problemática delictual de los mismos es claramente concurrente.

Volviendo al título de esta columna, saquen los lectores sus propias conclusiones.

 

 

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