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CARTA ABIERTA AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA FEDERAL.

DRA. ADRIANA O. DONATO.

DE MI MEJOR CONSIDERACIÓN.

 ASUNTO: AUDITORIA . CASOS CONCRETOS A SUGERIR.

SUSPENSION PREVENTIVA JUEZ DOCTOR FREILER.

              

1.Tengo el agrado de dirigirme a VVEE en mi condición de simple ciudadano en relación a la decisión oportunamente  adoptada por dicho cuerpo encaminada  hacia una  tarea de auditoría referida a la actividad jurisdiccional de aquellos magistrados a cuyo cargo se encuentran las investigaciones que versan sobre casos de corrupción ( por cierto de composición   mixta, esto es,  con activa  participación de funcionarios públicos y factores del sector privado). Acudo asimismo  en esta emergencia  en calidad de letrado con matrícula federal bajo el  T°19 F°257 CPACF –CUIT n°20-11371779-4, con domicilio profesional en la calle Lavalle 1607, piso 10, oficina “D” CABA. Motiva asimismo esta presentación la reciente y colosal tropelía reglamentaria cometida a partir de la suspensión preventiva y simultáneo envío al Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados decretada respecto del señor Juez de Cámara –doctor Eduardo Freiler-   

               2. Sin perjuicio de considerar que, en caso de llevarse a cabo en forma masiva ( lo cual mercería serias objeciones de orden constitucional) dicha tarea de auditoría debería comprender la actividad jurisdiccional llevada a cabo en todos y cada uno de los fueros judiciales que funcionan bajo la órbita de la Justicia Nacional (Federal); y el alcance de esa misma tarea debería incluir el desempeño de todos los magistrados en todas las instancias legalmente habilitadas.

               3. No escapa a la comprensión de este simple ciudadano que ese Cuerpo no se encuentra en la mejor posición institucional ni tampoco ética para emprender ese tipo de tarea;  sucede que -en términos de genuina transparencia- ese Consejo de la Magistratura ha quedado reducido a una genuina  y devaluada administración de los consorcios judiciales.

               4. Pesan en tiempo presente, y sobre la actividad de ese mismo Consejo de la Magistratura, sospechas fundadas de actos de corrupción gestados en ese mismo seno; por caso han sido públicas las denuncias que dieron lugar a la promoción de pesquisas que se llevan actualmente  cabo en el fuero criminal federal; por caso sospechas se sobre precios en los alquileres pactados por ese mismo Consejo para dotar de edificios a ciertos sectores del  Poder Judicial de la Nación; otro caso de amplia difusión mediática refiere acerca de posibles sobreprecios o lisa y llanamente la contratación de software caído en estado de desuso. Se recuerdan sobre este punto mas de una denuncia  formulada por el abogado doctor Ricardo Monner Sans.  

               5. Desde otro mirador, ese Consejo de la Magistratura ha caído –en mi modesta opinión- en la categoría de un verdadero esperpento institucional; por caso la representación multisectorial se encargó de negociar la estabilidad del ex juez federal de Mendoza –Dr. Luis Leiva- quien fue a su turno acusado bajo la fórmula eufemística de “mal desempeño” y luego destituido de su cargo judicial por el otro esperpento denominado “Jurado de Enjuiciamiento”; el doctor Leiva por cierto tuvo una muy mala ocurrencia:haberse atrevido afectar con sus investigaciones los intereses del por entonces (año 2002) empresario Raúl Moneta,  factor del empresario con indisimulable capacidad de manifestación y de lobby y de incontrovertible cercanía al por entonces administrador de la comarca presidencial.

               6. Sucedieron por entonces dos cosas: la Corte Federal de la época ( la misma de la mayoría automática)  transfirió todas las investigaciones que versaban sobre el señor Moneta desde la Justicia Federal mendocina para ir a dar a parar a la Justicia Federal porteña;  fue así que allí comenzó el principio de la solución a la problemática del señor Moneta; y lo segundo que sucedió es que el doctor Leiva fue virulentamente eyectado de su cargo judicial a partir de una parodia de enjuiciamiento “político”.            

               7. Ni que hablar  acerca de las  remociones de los ex jueces –Dra. Mirta Torres Nieto  y Néstor Narizzano- verdaderos paradigmas de la aberración y la perversión  institucional. Pero la cosa no termina allí;  en efecto esa misma devaluada administración de consorcio judicial resulta escenario propicio  en el cual se dirimen  a diario   internas judiciales o disputas palaciegas.

               8. Pero hay mas; tráfico de información en los concurso públicos ( por caso, para citar uno de tantos, el escándalo desatado a partir de la comprobación de que el concursante Fiscal doctor Javier Tuppo tuvo acceso anticipado al tema de examen en la prueba de oposición de antecedentes llevada a cabo para cubrir una vacante a cubrir en la Justicia Federal entrerriana); ni que hablar acerca de la manipulación decididamente fraudulenta llevada a cabo cuando llega la hora de la “entrevista final” etapa con la que se va cerrando en proceso de selección; por caso para muestra basta un botón: el concursante doctor Ignacio Rodríguez Varela, por simple portación de apellido, fue brutalmente discriminado por ese mismo Cuerpo e impedido de progresar en sus legítimas aspiraciones para desarrollar su carrera judicial; al punto que tuvo que acudir a la vía extraordinaria federal (art.14, Ley 48) para salvaguardar sus legítimos derechos.

               9. No en vano el distinguido colega –ahora en situación de retiro- doctor  Julio E. Cruciani,  al ser consultado por un periodista acerca de su opinión sobre el funcionamiento de la Aduana Nacional dio un repuesta clara y por demás contundentes: “ considero que habría que FUGMIGARLA” respondió el magistrado enemigo del uso de la corbata  ; y en el contexto de esa misma entrevista periodística el mismo doctor Julio E. Cruciani no ahorró severísimas críticas y similares calificativos para con la actividad de esos dos genuinos esperpentos institucionales derivados del nefasto Pacto de Olivos  que dio lugar a uno de los peores retrocesos institucionales padecidos por la tan castigada República Argentina: le reforma constitucional operada en el transcurso del año 1994.

        10. Sentado todo lo hasta aquí expuesto, y dejando expresamente a salvo la total falta de credibilidad que inspira a este simple ciudadano la actividad llevada a cabo por  ese cuerpo ( donde dicho sea de paso  las negociaciones políticas están a la orden del día), acudo al mismo por la sencilla razón de que no existe otro resorte confiable y disponible para hacer valer mi incontrovertible derecho de petición.

11.  E ingresando específicamente al asunto que me ha llevado a radicar  esta presentación  y previo a toda ulterior consideración sobre el punto, cabrá referir que la  agresión al Poder Judicial y a los magistrados y funcionarios, ciertamente no es aislada ni es la primera. Tampoco será la última . Desde hace cincuenta años en nuestro país la Justicia es la rama de gobierno más jaqueada. Ha estado expuesta a socavamiento institucional constante
              12. Alexander Hamilton decía en “ El Federalista” que el Poder Judicial era el más débil de  los tres poderes, pues no tenía ni la bolsa ni la espada, y la historia argentina se ha encargado de confirmar -con creces- la verdad de esta afirmación.
             13. Los ataques siguen, y parece mentira que hoy a más de dos décadas de gobierno constitucional -lo que no deja de constituir un récord- existan algunos “ campeones de la democracia” que pretendan sostener que la salud de la República necesita que se ponga en comisión a todo el Poder Judicial para luego barajar y dar de nuevo. 
             14. Se pretendió, alguna vez,   un gradual   vaciamiento de la  composición del Poder Judicial de la Nación  proponiéndose un regreso a fojas cero, lo cual -de ningún modo- nos proporcionará ningún bien.
             15. Así las enseñanzas de nuestra historia  indican que el camino más corto y sencillo hacia la  dependencia de la Justicia es precisamente aquel que propuso -en su momento- el Dr. Cavallo o el que pareciera reflejar el espíritu que dio lugar a  esta nueva embestida , por más que aparezca literalmente  acotada en su alcance a cierto fuero de la administración judicial.
             16. Por eso no es raro ni debemos sorprendernos que ello ocurra . El Poder Judicial es una de las joyas más deslumbrantes de la corona del Estado, y como tal, el íntimo deseo que anida a muchos que aspiran a gobernar es preservar su independencia, de todos los demás ( menos de si mismos, naturalmente).
           17. ¿ Acaso alguien puede caer en el infantilismo que un nuevo vaciamiento -     total o parcial- hará del Poder Judicial una comunidad de ángeles impolutos?. Todo lo contrario.
          18. No se ve como puede construirse un Poder Judicial independiente  atacando precisamente su independencia. Con igual criterio, los gobiernos de facto pretendían salvar a la Constitución Nacional eliminándola.
          19. El problema hace  pie en que todavía no hemos terminado de entender que la división de poderes y su consecuencia, la independencia del Poder Judicial -como valor esencial de la Constitución- no es algo que nos sea dado de un día para otro, ni que se va lograr cambiando de golpe a todos los jueces.
             20. Los países que pueden exhibir con orgullo una judicatura razonablemente independiente, jamás incurrieron en recetarios o embestidas de este tipo. Por el contrario, se preocuparon por construir día a día, pacientemente, la independencia de sus jueces, con aquello que los ingleses llaman ensayo y error.-
            21. Imaginemos que fácil sería para cualquier gobierno recién llegado al poder, reformar la Constitución Nacional para poner en Comisión todo el Poder Judicial de la Nación, y luego elegir discrecionalmente a los jueces a su agrado. O, lo que es peor, embestir contra los magistrados a partir de pretextadas e inexistentes causales de mal desempeño.
           22. Lo mismo sucede con recurrentes  embestidas propaladas hacia ciertos fueros de la administración judicial, operados -en algunos casos- desde sectores bien identificados  de la dirigencia política, o, en otros, desde sectores de la economía.-

23. De otro lado,  los jueces - aun cuando se trate de  aquellos que integran cierto fuero o sector  de la administración judicial-  no pueden ser masivamente llamados a dar explicaciones sobre sus actos jurisdiccionales, ni tampoco deben ser sometidos indiscriminadamente a auditorías sobre su actuación o su  patrimonio, como se pretendió en muchos casos pasados.
                24. En este sentido, se encuentra resguardado el secreto de la deliberación y forma parte de la garantía de la independencia que los jueces no pueden ser obligados a dar explicaciones sobre su actividad jurisdiccional (art. 8 del Pacto Interamericano sobre Derechos Humanos; art.6 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos; art.14 del  Tratado de Derechos Políticos y Civiles ; art. 15 de los Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura adoptado por el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y ratificado por la Asamblea General, y caso 8209/78, “Suter c/Suiza”, Comisión EDH, Decisions and Reports, vol. 16, pag.166 a 178).- 
               25. Además, el juez debe resolver según su conciencia, con pleno conocimiento del derecho, en libertad y con independencia de toda posible presión de otros poderes, ya que la repercusión o descrédito con la cual la opinión pública ( o más bien la opinión “publicada”) reciba su decisión no puede convertirse en causal de remoción si ha sido adoptada dentro de los límites que la Constitución y la ley le otorgan. 
              26. De otro lado, los jueces solo pueden ser  enjuiciados por hechos objetivos que –sobre base genuina y no pretextada- puedan configurar una auténtica causal de mal desempeño (art.53 CN)., con la prudencia y la ponderación que ese tipo de situación naturalmente exige. No pueden admitirse -entonces- embestidas que sean la  exclusiva resultante de las cambiantes vicisitudes propias de las conveniencias partidarias en distintos momentos y escenarios de la política.-
               27. De tal suerte que, la fundamentación del cuestionamiento en el supuesto desprestigio o imagen negativa encuentra exclusivo basamento en apreciaciones o estados de opinión sujetos a emotivas y circunstanciales modificaciones, lo que resulta una grave afectación de la independencia de los jueces.-
              28. La República Argentina quedará expuesta -entonces- a  grave responsabilidad internacional frente al incumplimiento de las garantías  de los tratados internacionales a cuya estricta observancia el mismo Estado Argentino se comprometió, por lo que bien vale tener presente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en  la decisión del 9/12/98 ( inf. Nro. 58/98) ha admitido la existencia de caso por la remoción de jueces y ha sostenido que ésta es materia revisable por la Corte Interamericana si se imputa la vulneración de la garantía de independencia y autonomía del tribunal y la garantía de la permanencia en las funciones ( art.23 y 25 de la Convención Americana, citado en la sentencia n°55 de la CIDH, serie C, Resoluciones y Sentencias, del 24/9/99).
            29. Por ello, los jueces no pueden ser empujados de sus cargos a partir de un clamor claramente sectorizado y fuertemente ideologizado - y por ende- politizado.
            30. "La verdad sólo puede existir bajo la figura de un sistema ("Obras Completas". T.II, pag 27. Ed. Taurus, Madrid, 2.005 de José Ortega y Gasset)."

31.  Por ello, y en línea con ese axioma, cuando se busca la verdad apoyada en un estricto rigor científico, el tratamiento fragmentado y asistémico de un tópico -o problema- conducirá-inexorablemente- a la aporía". “La primera de las fuerzas que mueven al mundo es la mentira” (Jean Francois Revel, “El conocimiento inútil”, diario Le Monde).

32. Y no en vano aquel formidable historiador francés Marc Bloch refería que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia ( y de la tergiversación)  del pasado.

33. Sentado lo ya expuesto e ingresando al punto en cuestión, cabrá agregar que las auditorías deben, entonces, quedar  acotadas a casos puntuales sobre los cuales recaigan datos concretos que ameriten las puesta en marcha de tales auditorías.

            34. Y desde ese mirador,  me permito ofrecer – a modo de respetuosa  sugerencia- someter a auditoría   dos casos puntuales que tramitaron en el Fuero Federal en lo Penal Económico; el primero fue el caso que comenzó a investigarse en el transcurso del mes de agosto del año 2007 cuando el ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson fue interceptado en el Aeroparque Metropolitano llegando desde Caracas a Buenos Aires en una aeronave  alquilada (Royal Class, Pablo Yabrán) portando en su valija la módica suma de u$s 800.000; sucedió que la por entonces juez subrogante –Dra. María Marta  Novatti- se limitó a ordenar el secuestro de las divisas secuestradas; pero omitió prohibir la inmediata salida del país del nombrado Antonini Wilson; no secuestró tampoco, y  de inmediato,  los teléfonos  celulares que llevaba consigo;  no recabó  tampoco de inmediato información sobre la frecuencia de los viajes (Caracas-Venezuela); no ordenó tampoco ningún registro domiciliario. Es mas, la magistrado interviniente  siquiera ordenó llevar a cabo una requisa sobre el resto de los pasajeros que ese día de agosto habían abordado en Caracas esa misma aeronave.   Obvio es decirlo, en menos de cuarenta y ocho horas el valijero venezolano, rápido de reflejos, huyó desde Aeroparque hacia Montevideo; y sin solución de continuidad buscó refugio en Miami –EEUU-. sustrayéndose de la jurisdicción argentina.   

35. Ese caso rotulado como “lavado de dinero” tramitó con un claro espíritu burocrático al punto que la Justicia en lo Penal Económico –en todas las instancias- sepultó la investigación bajo el manto piadoso de la “prescripción”, es más el Tribunal Federal Casacional avaló ese criterio; eso si la Corte Suprema a su turno  revocó esa decisión y ordenó en fecha reciente la reactivación de la pesquisa.

36. Debería entonces, y  en puro rigor de verdad , llevarse a cabo una exhaustiva tarea de auditoría que incluyera la actividad jurisdiccional llevada a cabo por todos y cada uno de los magistrados intervinientes ( ídem respecto del Ministerio Público Fiscal), que abrió la puerta a que el caso quede relegado a las capas geológicas del olvido. Este pasaría a configurar  un fantástico globo de ensayo ante la iniciativa inspectora acerca de la actividad de los jueces.

37. Ahora bien, y respecto del segundo caso, cabe decir que desde el atril público el titular de la Corte Suprema de Justicia viene pregonando casi a diario una consigna estridente: basta de impunidad.  Veremos, entonces,  si el discurso del doctor Lorenzzeti a partir del cual pregona el cese de la impunidad en la República Argentina  se agota en una pura retórica discursiva o si por el contrario ese mismo discurso se traduce en hechos concretos.

38. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene a estudio un caso emblemático en materia de corrupción que -al igual que el caso de la valija de venezolano Antonini Wilson- fue sobreseído por la Justicia en lo Penal Económico bajo el manto piadoso de la "prescripción".

39. Se trata de un caso de evasión fiscal agravada a partir de la actividad clandestina de una mesa de dinero que -desde 1999 a 2005- operó en la sede del Casino Flotante por la cual se anticipaban sumas de dinero a apostadores VIP y que era explotada por la sociedad de hecho que por entonces manejaba el Casino Flotante; el perjuicio fiscal superaría  los u$s 40.000.000.

40. Uno de los integrantes de esa sociedad de hecho era el ex titular de la Lotería Provincia -Luis "Chiche" Peluso- ( hombre fuerte y sindicado por factores de la prensa como una suerte de recaudador del ex gobernador Daniel Scioli).

41. El caso se conecta con una reciente denuncia formulada por la Dra. Elisa Carrió contra el mismo Scioli, que ubica como testaferros al doctor Guillermo Scarcella ( Aguas Bonaerenses), al ex Jefe de Gabinete provincial -Alberto Pérez- al Puerto de la Plata y a la misma Lotería Provincial ( Luis Chiche Peluso y Jorge "Piedrita" Rodríguez), en la Argentina nunca se vio a ningún empresario que explota juegos de azar procesado ni tampoco condenado por corrupción.

42. Vale formularle al doctor Lorenzzetti una pregunta elemental; ello en virtud   de su pública y reiterada  prédica; llegó la hora de demostrar con hechos concretos si su prédica es pura retórica discursiva o si por el contrario es tiempo en  que los lobbies de los explotadores de los juegos de azar esta vez no podrán penetrar en los despachos de los señores magistrados.

432. Y de paso, bien la Corte podría, al igual que en el caso del valijero oriundo del país caribeño, revocar la “prescripción” y en simultáneo ordenar dicha tarea de auditoría.

43. Y, ante la absoluta certeza que no faltará  alguna mente trasnochada que, a no dudarlo,  intentará descalificar el contenido de la argumentación aquí sustentada  recordando que   quien suscribe  presente  en esta emergencia  fue removido de la titularidad del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°7 bajo la fórmula eufemística de “mal desempeño” ( cfr. Expediente n°56/06 CM “Tiscornia, Guillermo Juan s/ enjuiciamiento”, sentencia dictada el 19/12/07 por el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados), me veo en la imperiosa  obligación de  recordarle a esas mismas mentes trasnochadas  que - dada la manifiesta ilegalidad, inconstitucionalidad y arbitrariedad que trajo aparejada dicha decisión de remoción-  en tiempo presente la Comisión Americana sobre Derechos Humanos le ha asignado al trámite de la petición 1018/07 “Tiscornia, Guillermo Juan c/ República Argentina s/ restitución titularidad Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°7”  el curso que indica el art.30 de su propio Reglamento interno, todo lo cual permite –cuanto menos – conjeturar que el caso podría resolverse conforme la doctrina jurisprudencial ya trazada por la CIDH en materia de remoción de magistrados judiciales ( cfr. “Tribunal Constitucional del Perú vs. República del Perú, sentencia del 31/01/01; idem “Aspitiz Barbera vs. República de Venezuela”, sentencia del 5/08/08), estándares que por cierto la Corte Federal de la República Argentina se encargó deliberadamente de  soslayar contribuyendo, de tal suerte, a colocar a la República Argentina en más que probable posición de responsabilidad internacional.

44. Y como si lo dicho fuera poco, la Corte Federal argentina con fecha 9/12/2015 dejó firme un auto de sobreseimiento total recaído en todas las instancias judiciales pronunciamiento que vino a demostrar la fraudulenta actividad llevada en mi respecto tanto en la sede de ese Consejo de la Magistratura como en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados.     

45.  Desde otro mirador cabrá referir – a modo de referencia conceptual- que el abogado es un genuino magistrado social, cuya labor cobra subida trascendencia social; art.5 de la ley 23.187 autoriza la actuación del órgano de superintendencia oficial –CSJN- cuando se vea afectado el prestigio de un abogado y el respeto que se le debe como tal.

46.  En Francia y Bélgica el abogado recibo el trato de “maitre” y como señala J. Des Cressonnieres ninguna subordinación le debe el Foro a la Magistratura, ya que las funciones son equivalentes; la Magistratura le debe respeto al Foro y viceversa.

47. La actividad abogadil está revestida de formalidad, de pasión, de elocuencia, pero también de penetración intelectual y de estudio sereno, la abogacía supone condiciones de carácter y espíritu aguerrido, discurso claro y análisis certero ( Jean Appleton).

48. Cualquier intento de menoscabar la jerarquía de la profesión jurídica revela desde ya una óptica socialmente destructiva y si se quiere anti histórica.

48 . Contradictor de las malas causas, auxiliar imprescindible de la justicia, intercesor de los necesitados, el abogado insistirá en  aquello que cree legal y verdadero. Y tal es que lo se verifica en  este caso.  

49 . Desde esta  perspectiva cabrá agregar que la garantía judicial consagrada en el art.8, ap 2, inc. F) PIDCP en función del art.14. e) consagra el principio genérico de proposición de prueba y “ que no se agota en los medios expresamente mencionados. La facultad abarca la propuesta de cualquier evidencia que sea útil para el esclarecimiento del caso dentro del amplio margen de la libertad probatoria” ( cfr. “Garantías del imputado, prólogo de Ricardo Luis Lorenzetti, Abel Fleming, Pablo López Viñals, pag. 239, Rubinzal-Culzoni,  Editories, 2008). 

50 . En línea la CIDH  (“Catillo Petruzzi c/ República del Perú) expresó  que: “calificar la actuación del abogado defensor durante el proceso  resulta ajeno a facultades del juez puesto  que ello atentaría contras la libertad  e independencia en el ejercicio de la defensa e implicaría una injustificada superposición entre el rol del juez y del defensor ( cfr. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy , sentencia del 28/04/06 “Zenteno, Emma, L.L. NOA 2007 (marzo).

 51 . “No puede restringirse la amplia latitud que debe tener la defensa para tomar decisiones ( “El acceso a un defensor penal y sus  ámbitos especialmente críticos” (Maria Fernanda López Puleio).

 52 . “Los abogados  deben poder ejercer sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas. Tampoco sufrirán ni estarán expuestos a persecuciones administrativas, económicas o de otra índole,… Y cuando la seguridad de los abogados sea amenazada como consecuencia del ejercicio de sus funciones, deben recibir garantías y protección adecuada de parte de las autoridades” ( CDHNU , Comentario General 13, ciit, párrafo 9, Principios Básicos sobre la Función de los Abogados( ( “Tibi vs. Ecuador”,7/09/04, voto del Juez Sergio García Ramírez, párrafo 9).

53.  “El defensor representa mucho para quienes reciben todo el peso del poder penal estatal. No debemos olvidar –parafraseando a Calamandrei- que para las personas simples, las razones asumen una fuerza  irresistible cuando se imponen por la autoridad o están escritas en papeles con membretes; y que la función de los abogados también será impedir, que en nombre del sacro terror a los tribunales, los que deban atravesar instancia, se dejen sacar hasta la camisa” (“Calamamdrei, Piero, “Ill proceso como gioco, en Revista di diritto processuale, vol. 5, parte I, Cedam, Padua , 1950, p. 23-51).

54. Por último no sorprende –par nada- la brutal tropelía reglamentaria cometida por ese genuino esperpento institucional (derivado del nefasto y espurio Pacto de Olivos que dio lugar a uno de los retrocesos institucionales mas notables al violar el Reglamento de ese mismo esperpento) al observar la metodología decididamente fraudulenta aplicada al suspenderse al juez doctor Freiler; al respecto el siniestro entramado quedó al descubierto con la tan solo estarse a la esclarecedora editorial de la periodista Paz Rodríguez Neill ( Diario La Nación del 18/08/2017, “Una señal de poder que no debe serle indiferente a Cristina”).

55. Ese organismo decididamente  fraudulento ha consagrado –y desde hace rato ya- el “vale todo”; y para expresarlo en términos deportivos, vale pegar una patada desde atrás, vale hacer un gol con la mano; a no dudarlo quien maneja una mayoría circunstancial ha urdido una maniobra fraudulenta –en probable complicidad con factores relacionados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, como bien lo conjetura la periodista Rodríguez Neill, para apresurar la suspensión preventiva del juez doctor Freiler antes de que el Consejero suplente doctor Pais accediera a su poltrona. Para decirlo en buen romance, UNA COLOSAL TRUCHADA.     

55. Sin duda alguna que la delictiva metodología aplicada para avalar la suspensión del juez doctor Freiler dará lugar a otro pronunciamiento adverso para la República Argentina en el marco de la CADH en línea con el criterio trazado por la misma CADH en ocasión del informe de admisibilidad nª9/2016 ( “Rico, Eduardo c/ República Argentina”). ( idem “Tribunal Constitucional del Perú c/ República del Perú”; CIDH, 31/01/01; idem “ Aspitz Barbera c/ República de Venezuela”, misma CIDH 5/08/08).   

56.   Sin otro particular, y sin expresar ninguna muestra de agrado ni tampoco de respeto hacia Vuestra investidura , saludo al señor Presidente  muy atte..-

               Guillermo J. Tiscornia

               Ex juez en lo Penal Económico

               DNI 1.371779

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