Fumata blanca: el acuerdo del Gobierno con provincias y gremios

Jorge Raventos
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 Así, las reformas  que el gobierno  venía impulsando (laboral, fiscal, previsional)  avanzaron esta última semana, aunque tuvieron que  asimilar  los recortes y modificaciones  impuestos por el  indispensable trapicheo que incluyó también los amagues de empresarios  que resisten  cargas impositivas o caída de protecciones.

 

Ahora, después  del cierre del paquete en las mesas de negociación, viene el tiempo de formalizar los acuerdos, algo que queda a cargo de  las Cámaras. Se supone que, llegada la hora, habrá allí  mayorías  dispuestas a   convertir lo negociado en leyes.

 

Negociemos, Inodoro

 

 Los negociadores oficiales  no  sólo cedieron   bastante (particularmente  ante los gremios), sino que terminaron inclusive consintiendo cambios en su plan de modificación del sistema de actualización de los haberes jubilatorios  (que se aplica también a subsidios sociales), un punto en el que habían advertido que no se tocaría ni una coma.

 

De hecho esa modificación  aparecía como  la clave de la bóveda  de las reformas. Con el método de actualización que impulsaba el Poder Ejecutivo se encogían los aumentos a los trabajadores  pasivos y se congelaba en términos reales sus ingresos (que se actualizarían en términos nominales cada tres meses, no de acuerdo al índice de la canasta de jubilados, sino al generalmente inferior  del  incremento general  de precios).  Por la vía de ese recorte previsional y de subsidios sociales, el plan del Ejecutivo esperaba ahorrar más de 100.000 millones de pesos,  una suma que permitiría compensar a  la provincia de Buenos Aires  (recibirá casi la mitad de ese monto por sus reclamos referidos al  Fondo del Conurbano) sin afectar a las restantes provincias,  a las que, por otra parte,  se les reparará el abandono  progresivo del  gravamen a los ingresos brutos.

 

Los gobernadores y los jubilados

 

Aunque a la mesa de los acuerdos no haya estado  sentada ninguna representación  sólida de los jubilados, el gobierno tuvo que retroceder en esas aspiraciones. Desde la mesa de los gobernadores se le transmitió a la Casa Rosada que esa modificación estaba destinada a a crear un gran ruido político  complicaría el paso de los acuerdos por el Congreso y que, sin cambiar también esa propuesta, los propios acuerdos no podrían concretarse.  

 

Los líderes legislativos vinculados a las provincias habían registrado la atmósfera pesada que llegaba a sus bloques desde la calle y lo transmitieron  a los gobernadores, que  por cierto cuentan con su propio olfato político. El  gobierno  decidió escuchar la advertencia: en la Casa Rosada se sabía que  el tema de la actualización de jubilaciones y subsidios también provocaba resistencias en  un número de legisladores oficialistas.

 

Se decidió, así, garantizar que ningún jubilado con 30 años de aportes acreditados gane menos que el  82 por ciento de un sueldo mínimo.  Y que las actualizaciones trimestrales de los ingresos previsionales serán superiores a la inflación del período registrada por el INDEC.

 

Puede alegarse que el sueldo  mínimo  que serviría de piso es muy bajo. También que los índices generales  de inflación no reflejan adecuadamente la canasta de gastos de los jubilados. Todo se puede perfeccionar. Los jubilados probablemente encontrarán formas de hacerse oír por  los políticos, por los gremios, por los medios  y, por cierto, por una Iglesia que ha renovado su conducción y  acentúa  la prédica bergogliana contra “la cultura del descarte”.  En cualquier caso, el aporte de los gobernadores contribuyó ya a mejorar  políticamente la propuesta original  del Ejecutivo y confirma así  la virtud de la búsqueda de acuerdos y el trabajo colaborativo. Lo que no queda claro aún  es con qué ahorros alternativos (o con cuáles recursos complementarios) financiará el poder central  los compromisos que asume.

 

La deconstrucción del cristinismo

 

Por el momento se atiende más a la buena noticia de los acuerdos  (un paso hacia la consolidación del nuevo sistema político) que a la letra más fina de estos.  También ayuda a asordinar  ese interrogante  el ruido que se desprende de la  deconstrucción  del  cristinismo. Una  oleada epistolar, condimentada con  expresiones en redes sociales y declaraciones  pone de manifiesto la  rápida fragmentación  del liderazgo de la señora de Kirchner,  imputada por  varios de quienes fueron sus acendrados y notorios fieles de abandonar a su suerte a “leales que están presos por leales”.  Aníbal Fernández, Guillermo Moreno y Luis D’Elía, tal vez anticipándose a avatares propios,  se quejaron  de que la Señora dejara en banda  a Julio De Vido y a Amado Boudou.

 

De Vido se había expresado por carta propia y por voz de su esposa.  Alessandra Minnicelli, quien  se quejó de que la expresidente “ ha tenido un gesto bastante inhumano hacia  mi familia”. Se refería  a aquella declaración de CFK,  que  textualmente  había dicho: “"No pongo las manos en el fuego ni  por De Vido ni por nadie. Las manos en el fuego, por mí y por mis hijos".

 

Desde la  forzada calma del penal  donde aguarda ser juzgado, De Vido  había respondido a esa frase con otra muy  intencionada: “En realidad yo no conozco a nadie, y usted lector seguramente tampoco, que ponga las manos en el  fuego y no se queme”.  Un mensaje de  familia a familia.

 

Aníbal  Fernández, golpeado lateralmente por casos como el FIFAgate y las confesiones  del  ex directivo de Torneos Y Competencias, Alejando Burzaco,ha  decidido tomar distancia de la Unidad Ciudadana de la señora de Kirchner, un club que  en realidad no  mostraba  mucho interés en tenerlo como socio.

 

Se trata de signos de dispersión que hay que ubicar en un contexto en el que el  peronismo  poskirchnerista  busca su propio destino,  trata de reubicarse  mirando al futuro y de despegarse de personajes y procedimientos  “piantavotos”, es decir, cuestionados por la opinión pública. En ese clima son muchos los que consideran que el piantavotos es el otro.

 

Mientras el cristinismo se dispersa  y  la jefatura de la expresidente es sometida a  la acción del fuego amigo, la liga de los gobernadores y sus expresiones legislativas  comienzan a perfilarse como una primera línea de reagrupamiento, en contacto con  la fuerza sindical.

 

El  poder de los jueces

 

Entretanto, la Justicia suma su propio escenario y su súbito vértigo a ese contexto. No siempre con la  alegría del gobierno. En rigor, las relaciones  entre el Ejecutivo y el Poder Judicial   no  atraviesan tiempos sosegados.

 

La opinión pública no está satisfecha con  la Justicia y ese  hecho ejerce presión sobre el gobierno. También sobre los jueces, que tratan de mejorar su imagen apelando al ímpetu y a la espectacularidad.

 

Desde la política (y desde el gobierno) se observa con  perplejidad  esa tendencia y se analiza con inquietud el riesgo de que  los procedimientos que hoy son empleados  sobre personajes como Boudou o De Vido, basados en una extensión de los criterios preventivos asentada en un reciente fallo redactado por el juez  Martín Irurzun, puedan eventualmente ser aplicados a funcionarios actuales o futuros o a amigos del poder.

 

 

Si la política amparó antes y castiga ahora a un juez como el camarista Eduardo Freiler, los  magistrados que  hasta hace poco hacían gala de morosidad y benevolencia en asuntos referidos a la política y los funcionarios, ahora  cobran dinamismo y rigor para invadir ese territorio. En el fondo, parece haber una puja  para desplazar  el disgusto público a terreno ajeno.

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