Reclamo al juez de ejecución Rodolfo Rodríguez

Opinion
Lectura

 

 

 

Llevo a su conocimiento que Víctor Hugo Cabrera, Eduardo Alberto Ramos, Ramón Abel Recio, Antonio Rubén González, Víctor Hermes Brusa, Omar Molina, Raúl Giménez, Juan Antonio Mulassano, Alejandro Daniel Agüero y Martín Diaz; quienes se encontraban alojados en calidad de detenidos bajo prisión preventiva y/o condenados, en la Unidad Penal Nº 2 de Las Flores, los que, debido a haber integrado fuerzas armadas o policiales, se encontraban separados de la población penal común.  

 

Que los mismos, en las últimas 48 horas, habrían sido trasladados a la Cárcel Modelo de Coronda, alojados junto a “presos comunes”, cuando es archi conocida la animosidad de los delincuentes comunes con los que integraron las fuerzas policiales, de seguridad y armadas.

Que los hechos y estadísticas demuestran que los imputados de delitos llamados de lesa humanidad y los integrantes o ex integrantes de las fuerzas policiales y/o de seguridad detenidos, son los menos conflictivos. En tanto que un elevado porcentaje de los llamados delincuentes comunes, son conflictivos, adictos a sustancias prohibidas, sin importarles “hacer conducta”, para lograr beneficios en su alojamiento o condena.

También es conocida la rivalidad entre “rosarinos” y “santafesinos”.

 

El solo hecho de alojar juntos a “rosarinos” y “santafesinos”, es caldo de cultivo para prontos enfrentamientos de imprevisibles consecuencias.

Pero es previsible la provocación y hostigamiento de los “presos comunes” contra los presos que pertenecieron a las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y/o penitenciarias.

 

También es previsible que algunos familiares y/o visitantes de los "presos comunes", les hagan llegar clandestinamente, sustancias prohibidas, que exciten sus ánimos y los vuelvan mas violentos.

 

Lo que, si es cierto, es que, tras producirse el traslado, estos detenidos, han quedado ilegal y arbitrariamente incomunicados con sus familiares, ya que en su nuevo alojamiento carecen de teléfonos para comunicarse con los suyos, motivando la consiguiente zozobra en sus familiares, los que desconocen la real situación de los detenidos, por no tener contacto con ellos.

 

Atento a todo ello, será responsabilidad penal de todos los funcionarios que hayan dispuesto, participado y/o consentido esta situación y sus consecuencias.

 

 

Por medio de la presente, quedan ustedes debidamente notificados y en su condición de funcionarios públicos, deberán obrar en consecuencia.

 

Fdo Orlando Agustín Gauna

 

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