Boudou podría tener hasta 15 años de prisión

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Comenzó el peritaje oficial en la causa que investiga el fraude al Estado con la apropiación de Calcográfica Ciccone, que fraguó el entonces vicepresidente Amado Boudou, por orden del fallecido Néstor Kirchner. Es la reconstrucción del circuito económico que posibilitó el levantamiento de la quiebra de la Calcográfica que pagó The Old Fund, representada por Alejandro Vandenbroele,  presunto testaferro del ex vicepresidente de Cristina Kirchner, buscado también por la Justicia de Uruguay.

 

Esas tareas las iniciaron el martes 3, el mismo día que Boudou enfrentó la primera audiencia ante el Tribunal Oral Federal nº 4 por la compra de la imprenta, denunciada fraudulenta.

 

Los cargos contra el ex presidente son: “cohecho, administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos”

 

“Estos delitos tienen  una pena mínima de 5 años y una máxima de 15 años de prisión” subrayó el penalista Jorge Vitale, denunciante original de la causa, por tanto, principal testigo, junto a Elisa Carriò y Ricardo Monner Sans, entre otros.

 

El trabajo de peritos contadores forenses de la Corte Suprema de Justicia se realiza sobre personas jurídicas y sobre una sola persona física que es Alejandro Vandenbroele: responsable de haber depositado los fondos para el levantamiento de la quiebra de Calcogràfica Ciccone.

 

Analizan  al Banco Macro, a Cooperativa Limitada de Crédito y a cuatro subsidiarias “que fueron responsables de realizar el intercambio del dinero”, dijeron fuentes judiciales.

 

La Justicia busca determinar si The Old Fund cuya cara visible fue Vandenbroele, actuó en representación del ex vicepresidente y su amigo y socio José María Núñez Carmona.

 

El primer depósito por u$s 567.000 fue realizado el 3 de septiembre de 2010, con el fin de levantar la quiebra. Pocos días después, según consta en la causa, la firma London Supply, aportó otro u$s 1,8 millón para terminar de rescate.

 

En su momento, la AFIP había pedido la quiebra de la empresa por una deuda de 250 millones de pesos, y el mismo  organismo  pidió luego a la Justicia comercial que  Ciccone fuera cedida a The Old Fund, de Vandenbroele.

 

Por tal razón la cuenta de esa firma está bajo la lupa, ya que los investigadores presumen la existencia de  delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.

 

Idénticas presunciones tiene la Justicia de Uuguay, por lo que también pidió la detención y extradición de Vandenbroele, luego que no se presentó a dos citaciones para ser indagado acerca del origen de 620.000 dólares que la sociedad Dusbel transfirió en bonos, desde Montevideo, a una cuenta asociada a The Old Fund, en la Argentina.

 

En el expediente, la Justicia ya determinó que Boudou junto a Núñez Carmona, “habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund y de Vandenbroele” con el fin de “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que en abril del 2012, el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de $ 140 millones.

 

El plan tuvo su marco con la decisión del entonces presidente Kirchner de saldar con u$s 10.000 millones la deuda con el FMI.  Ese paso “liberador” fue  para que la economía de nuestro  país no tuviese control  externo y quedara, como quedó, a merced del gigantesco   plan de rapiña K.

 

fuente caraycecaonline.com.ar

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