La objeción de conciencia en el aborto, una herramienta en debate en medio de la sanción

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El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo media sanción el jueves 14. Próximo al tratamiento en la cámara Alta, más de una decena de instituciones se manifestaron en contra de

la ley y reclaman que la objeción de conciencia que contempla el proyecto no sea sólo individual sino que pueda ser institucional.

En esa línea se manifestaron, entre otros, la Casa Hospital San Juan de Dios, la Clínica San Camilo, la Clínica Bazterrica, la Clínica y Maternidad Santa Isabel, la Clínica Del Sol, la Fundación Fleni, el Hospital Universitario Austral y el Sanatorio Mater Dei. Se sumaron también instituciones como el Hospital Privado Universitario de Córdoba, todos los médicos del Hospital Materno Neonatal de Misiones y el vienes habrá una convocatoria para apoyar a los médicos del área de Ginecología del Hospital de Iturraspe, de Santa Fe, en la que todos los profesionales se oponen a realizar la práctica.

¿Qué se entiende por "objeción de conciencia"?

Según el Ministerio de Salud, la objeción de conciencia implica que si la mujer opta por abortar y lo solicita, no es deber legal de todo médico efectuarlo, pudiendo manifestar su objeción de conciencia, oportuna y justificadamente. Se advierte que algunas normas legales son absolutamente facultativas para uno de sus destinatarios, pero no lo son plenamente para el otro: al facultar a la gestante la práctica de un aborto, la ley a la vez determina que alguien debe efectuarlo: el médico. Y si este último no admite practicarlo por razones de conciencia (motivos religiosos, su interpretación del juramento hipocrático, etc.), es la propia ley la que lo faculta a ello mediante el ejercicio de la objeción de conciencia: la mujer embarazada no necesita aquí dar razones para no proceder a la práctica del aborto; los médicos, sí. Y si la objeción no está expresamente contemplada en normas legales particulares, ello no obsta para su procedencia, pues basta con la existencia de normas constitucionales o supranacionales para admitirla.

Si un médico considera que sus convicciones no le permiten aconsejar o realizar una práctica, ello es aceptable y puede retirarse del caso, siempre que haga saber oportunamente su objeción tanto al paciente como a su superior jerárquico y que responsablemente asegure la continuidad de la asistencia médica por otro profesional idóneo para alcanzar el fin indicado.

En el proyecto que ya tiene media sanción se plantea que la objeción de conciencia deberá estar plasmada previamente en un resgistro que lleve la institución.

¿Por qué no pueden objetarse las instituciones?

Según el Minsiterio de Salud, está legalmente contemplado el derecho del personal sanitario de ejercer objeción, pero “no exime de responsabilidad, respecto de la realización de las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento asistencial que corresponda, quienes están obligados a disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata”.

Por supuesto y en todo caso, por tratarse de una decisión propia, es inadmisible alguna suerte de objeción de conciencia “institucional”.

Argumentos a favor y en contra

En diálogo con Télam, Soledad Deza, abogada, coordinadora legal de Católicas por el Derecho a Decidir, manifestó que desde el proyecto original presentado por la "Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito" no se incluyó la "objeción de conciencia" porque atentaría contra el acceso a la salud pública.

"Con la objeción de conciencia se generaría un desequilibrio en la atención pública, porque en algunos lugares (ciudades pequeñas por ejemplo) se podría restringir a cero la oferta sanitaria desde las instituciones como desde las prestaciones de algunas obras sociales".

Además, sostiene que tal como lo define la ley la objeción es sobre las conciencias individuales y no puede aplicarse sobre instituciones enteras.

Juan Navarro Floria, abogado y profesor de la UCA, fue uno de los oradores que se refirió específicamente a la objeción de conciencia durante las audiencias previas a la sanción. Navarro sostiene que las intituciones tienen derecho a solicitar dicha objeción porque se trata de un derecho que está garantizado por la Constitución para todas las personas y las mismas actúan individual y colectivamente.

"La medicina es una práctica que se realiza colectivamente, es el caso de muchas clínicas que surgen de la unión colectiva entre pares y la prohibición de la objeción de conciencia en caso de abortos atentaría contra sus propios derechos", ejemplificó.

En relación a lo que podría ocurrir en pequeñas localidades ante la objeción de conciencia de todas las intituciones, consideró que tendrá que ser el Estado el que se encargue de arbitrar los medios para aquellas personas que soliciten la interrupción del embarazo.

A su vez, consideró que las listas previas que supone la sanción de la ley podrían convertirse en "listas negras que impedirán a los profesionales realizar carreras hospitalarias".


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