"Las restricciones legales no disminuyen los abortos inseguros", dice una experta de la OMS

Sociedad
Lectura

En una, dos, varias de las pizarras que rodean a la médica Antonella Lavelanet en esta sala de reuniones se repite una lista de cuatro elementos. En inglés, la lista dice:

“Sistema sanitario, proveedores de salud, comunidad, pacientes”. Algunas pizarras hablan de salud mental, otras de hepatitis B, algunas de salud reproductiva. Lavelanet es médica ginecóloga y obstetra, y una de las especialistas que integran el Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud. La sala de reuniones es una de las tantas que hay en el edificio con banderas de cientos de países en el hall central que le sirve de casa matriz a la OMS en Ginebra, Suiza, donde la investigadora recibe a Clarín.

Lavelanet es también integrante del Programa Especial de Investigación y Desarrollo en Reproducción Humana que llevan adelante de forma conjunta la OMS, Unicef, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

-¿Por qué la OMS considera que los abortos inseguros son una cuestión de salud pública?

-Una de nuestras principales preocupaciones es el impacto que tiene el acceso a abortos inseguros en las mujeres en particular y en el sistema de salud en general. Al practicarse un aborto inseguro, una mujer puede padecer hemorragias graves o infecciones, lesionarse el útero, quedar potencialmente infértil. Puede morirse. Esto impacta también en el sistema de salud, que se enfrenta a situaciones de morbilidad, de mortalidad, y debe destinar una gran cantidad de recursos para resolver las complicaciones de un aborto inseguro, que pueden requerir atención de alta complejidad.

Es que, según nuestras investigaciones, donde hay leyes que restringen el aborto seguro, las mujeres tienden a practicarse abortos que llamamos clandestinos y que son inseguros.

-Según las últimas cifras de la OMS, hay unos 25 millones de abortos inseguros al año a nivel global. En Argentina, donde el Poder Legislativo debate la legalización de la práctica, cifras extraoficiales estiman alrededor de 450.000 casos, ¿cómo se hace para disminuir el número de casos?

La forma de que descienda el número de abortos inseguros es el acceso a abortos seguros.

Que el aborto sea seguro depende de varios factores: el estatus legal de la práctica es uno de ellos, muy importante. En países que han disminuido o eliminado las restricciones, el número de casos inseguros baja. También incide la educación sexual, que debe contemplar la sexualidad de una persona como algo integral.

Hay otros factores que inciden: que efectivamente los centros de salud cuenten con la capacitación adecuada y con los insumos pertinentes. No sólo con la medicación sino con el instrumental requerido para abortos quirúrgicos. Hay países que incorporaron el misoprostol -una de las drogas recomendadas por la OMS para abortos químicos- en los que también disminuyeron los abortos inseguros. Pero aún tenemos 25 millones de casos al año. Y crear restricciones legales no ha disminuido ese número.

-¿Por qué cree que la eliminación de restricciones para el aborto sigue teniendo tantos detractores?

-Ni yo ni la OMS podemos hablar de los sentimientos y pensamientos de la gente. Sólo podemos hablar de lo que sabemos basados en la evidencia a través de los sistemas sanitarios, que es esto: donde hay más restricciones, hay más abortos inseguros. Si una mujer quiere interrumpir su embarazo, encontrará la manera de hacerlo. Entonces, incluso en los contextos donde las leyes restringen el aborto, las mujeres se los practican pero en condiciones inseguras. Esto afecta desproporcionadamente a las mujeres más vulnerables, porque las que cuenten con mayores recursos podrán acceder a procedimientos no tan inseguros. Podrán pagar a quien les cobre extra por estar realizándoles una práctica insegura.

-¿Cuál es el impacto económico de incorporar el aborto seguro al sistema de salud?

-El impacto ocurre en distintos niveles: en la mujer y en el sistema sanitario. En cuanto a la mujer, si el paquete de servicios de salud reproductiva al que accede incluye el aborto seguro, ese impacto disminuye notablemente. No obstante, para muchas mujeres sigue teniendo costo económico someterse a un aborto seguro: están a cargo del cuidado de los chicos y entonces deben pagarle a alguien para que los cuide, o tienen que tomarse una licencia en el trabajo para realizarse la práctica, o incluso perder el trabajo si es informal. Cuando el acceso al aborto no está incluido en el sistema sanitario, los costos son más altos y eso implica una barrera para las mujeres más vulnerables, que las deja en un escenario muy inseguro.

Para el sistema de salud, si debe responder a las complicaciones de abortos inseguros, las internaciones y los traslados suelen ser más complejos y más costosos que las que podrían surgir de un procedimiento seguro realizado químicamente, o incluso de un aborto quirúrgico seguro, que tiene riesgos mínimos. Estos costos pueden resultar muy altos.

-¿Más o menos altos que si el aborto estuviera incorporado al sistema sanitario?

-Resolver las complicaciones de abortos inseguros tiene costos extremadamente altos. Es difícil contemplar como iguales un escenario en el que el aborto es inseguro y otro en el que es parte del paquete de salud, porque siempre depende de los costos que se manejen en cada país y porque la provisión de abortos seguros implica que la atención, en general, se realiza en centros primarios de salud, que están debidamente preparados para derivar un caso a un centro de mayor complejidad si es necesario. En cambio las complicaciones de abortos inseguros suelen requerir mayor complejidad, por lo que los recursos destinados en ese caso pueden ser sensiblemente más altos.

-Cuando el aborto pasa a ser una práctica legal, ¿la cantidad de casos baja o sube?

-Eso depende mucho de cada país. Y la OMS no se centra en eso, sino en la existencia de abortos inseguros, ya que ese es justamente el problema de salud pública. Sabemos que leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos y que los abortos inseguros bajan cuando hay acceso a abortos seguros. Y también sabemos que lo que sí disminuye la cantidad total de abortos es un paquete de salud reproductiva que contemple una educación sexual a la que todos tengan acceso y que entienda la sexualidad como un aspecto integral de la vida de las personas, así como el constante acceso a la información y a la anticoncepción.

-¿Cuál es el rol del Estado en este escenario?

-Dado que se trata de una cuestión de salud, esto requiere la atención de muchos participantes. El Estado es quien diseña las políticas sanitarias y el acceso a distintos servicios de salud reproductiva. A la vez, como se ponen en juego cuestiones educativas, el área de Educación del Estado debe involucrarse. También tienen injerencia los prestadores de salud, públicos y privados, quienes proveen de la información necesaria a la población. Por último, la discusión sobre la sexualidad también debe tener lugar en la familia. Los cambios culturales llevan tiempo y empiezan en cada casa. Muchas veces, esos cambios ocurren a medida que el Estado cambia las normativas vigentes.

Desde afuera del edificio vidriado en el que funciona la Organización Mundial de la Salud en esta ciudad, en chino, en ruso, en inglés, en francés y en castellano, puede leerse “...alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud”.

Ginebra, Suiza. Enviada especial.

Suscribite y recibi las noticias de Totalnews en tu casilla de correo.