La Plata: ya no evacuarán las escuelas ni suspenderán las clases por amenazas de bomba

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Agobiada por la persistencia del fenómeno y presionada por el fastidio general que provocan las repetidas amenazas de bombas en las escuelas, la Justicia de La Plata optó en las últimas

horas por una medida audaz: instruyó a directivos y autoridades policiales a condicionar las evacuaciones de los alumnos. Según dispuso el fiscal de turno platense, Alvaro Garganta, esa medida sólo se adoptará si se observa algún "paquete, bulto u objeto extraño". O en caso de que se hayan visto "ingresar o salir personas u automóviles ajenos al edificio y/o cualquier otra circunstancia excepcional".

Entonces, a partir de ahora, el solo llamado intimidatorio no será motivo de suspensión de las clases, como pasaba hasta ahora y como ocurrió esta semana en decenas de establecimientos. Así lo establece un instructivo que el fiscal Alvaro Garganta remitió a la Departamental de la policía bonaerense y a la Dirección General de Escuelas y Cultura, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.

La medida alcanza a las localidades de La Plata, Berisso, Ensenada y otras cercanas a la capital provincial.

La ola de intimidaciones puso en efervescencia a varias comunidades educativas. Algunos ejemplos: en el Normal 1 de La Plata, de 14 y 51, hubo seis suspensiones de actividades desde que retomaron el ciclo lectivo después del receso invernal. "Mi hija tuvo una sola mañana de clases en dos semanas, entre paros y amenazas", dijo a este diario Lorena, mamá de una nena del jardín.

Los padres autoconvocados pidieron una audiencia en los Tribunales, para buscar una salida en la Justicia. Y también tienen previsto un "abrazo simbólico" en el edificio que está frente a la Catedral y a cuatro cuadras de la Municipalidad. "Cada vez que se realiza un operativo, son casi mil alumnos que tienen que ser trasladados a la plaza. Eso representa un riesgo enorme para la seguridad de los menores", fue la explicación que dieron en la fiscalía. Por caso, el miércoles pasado, en medio de la lluvia y el temporal de viento, los chicos estuvieron casi 40 minutos en plaza Moreno.

La instrucción es de la fiscalía es breve y dice textual: "Para los casos de amenazas de explosivos a establecimientos escolares de cualquier tipo, donde el único elemento probatorio que acredite la verosimilitud de esto sea la llamada recibida, esto es, que ni las autoridades, ni el personal, ni el alumnado ha percibido en el edificio ningún paquete, bulto u objeto extraño, no se ha visto ingresar o salir personas u automóviles ajenos al edificio y/o cualquier otra circunstancia excepcional, la actuación policial se limitará a convocar de inmediato a los técnicos de explosivos, a los fines de realizar una inspección sobre el lugar. Y sólo si estos encuentran algún objeto que sea necesario explorar, se realizará un perímetro a sus alrededores o se evacuará el edificio, según ellos dictaminen”.

La modalidad de los llamados amenazantes hacia sedes escolares tomó impulso el año pasado y tuvo un pico en plena instancia preelectoral. Fue tan intenso el registro que llegó a trastocar las estadísticas oficiales de delitos en toda la provincia. Se registró un crecimiento del 620 % en los casos de "intimidación pública" que se relevan en el informe anual de la Procuración: de 480 pasaron a 3.800 en 2017. Quince días antes de los comicios de medio término, (22 de octubre) se contaron hasta 200 amenazas en una semana.

Este año, la situación siguió desde la reanudación del ciclo lectivo. La subsecretaría de Educación provincial llegó a detectar "focos" de casos en distritos como Quilmes, Morón, Lanús, La Plata y Berisso. En la ciudad vecina a la capital bonaerense, se hicieron marchas al municipio y a mediados de junio hubo detenciones: un menor, hijo de una auxiliar docente de dos escuelas berissenses estuvo "demorado" unas horas. Allanaron la casa donde vive con sus padres y le secuestraron dos celulares. Sobre el final de ese mes, se hicieron varios operativos en el centro de la capital provincial. También imputaron a adolescentes luego de identificar el origen de las llamadas al 911. Los procesos continúan, pero todos los identificados son inimputables.

En lo que va del año, la Policía Bonaerense realizó más de medio centenar de procedimientos para detectar a los amenazadores. Entre los involucrados hay un profesor que trabaja en varios colegios de Quilmes y a quien le atribuyen por lo menos cinco llamados intimidatorios. Está imputado de "intimidación pública" porque se trata de un mayor y la causa se tramita en los tribunales de esa ciudad del sur del GBA.

También hubo medidas disciplinarias con formato ejemplificador: tres alumnos del Liceo “Víctor Mercante”, de La Plata, recibieron 25 amonestaciones, quedaron libres y no pueden ingresar a ese establecimiento que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Fue cuando las autoridades tuvieron evidencias de su responsabilidad en intimidaciones.

La sanción se aplicó el 12 de julio pasado, después de que se registraran cuatro episodios en poco más de una semana. Todas las advertencias las hacían en el turno mañana. Y las llamadas llegaban a través del 911, cerca de las 9. Por la denuncia penal, a las 48 horas, los investigadores consiguieron identificar a uno de los autores a través de la información aportada por las compañías telefónicas. Después, otros dos menores de la misma edad, pero que cursan el sexto y último curso, admitieron ante las autoridades educativas la responsabilidad en por lo menos tres de las llamadas.

No fue suficiente. En el Liceo no hubo más casos, pero al retorno del receso de invierno, a las escuelas de La Plata y Berisso retomó la práctica, que complica el dictado normal de clases, moviliza bomberos y policías, pone a los chicos en medio de las calles y representa un gasto para el Estado (se calcula entre 20 y 30 mil pesos cada operativo).

Ahora existe cierta cautela en Escuelas, por el riesgo que representa la decisión de no evacuar los establecimientos y porque se la medida se recuesta sobre la responsabilidad de los directivos. "Nos llamaban las responsables de las escuelas y nos pedían frenar esta ola. Es una decisión que tiene riesgos, pero también es peligroso poner centenares de niños en las calles, parques o plazas sin tener la formación o los recursos humanos para esa movilización", aclaró Garganta.

La Plata. Corresponsalía.

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