Hotesur: piden afectar a los embargos 400 inmuebles, más de 1.000 vehículos, 72 firmas y 100 cuentas bancarias

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Después de que la Sala I de la Cámara federal porteña confirmó el procesamiento por lavado de dinero contra Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, el empresario Lázaro Báez,

Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner) y Osvaldo Sanfelice, entre otros acusados, el fiscal Gerardo Pollicita pidió que se afecte más de 2.000 bienes a los embargos trabados sobre los acusados en dicho expediente: casas, departamentos, terrenos, vehículos, participaciones societarias, constituyen el listado de los bienes individualizados por la fiscalía para cubrir la medida cautelar de 800 millones de pesos que recae sobre cada uno de los principales imputados. Por Lucia Sálinas

Otro momento. Lázaro Báez sale con la presidenta Cristina Kirchner del mausoleo que guarda los restos del ex presidente Néstor Kirchner en Río Gallegos desde el 2010./OPI SANTA CRUZ

En tal sentido, el fiscal individualizó los bienes de todos los acusados en la causa y solicitó que se haga efectiva la afectación de los mismos. El dictamen al que accedió Clarín detalla 400 inmuebles, 1.688 automóviles, 111 productos bancarios y participaciones societarias en 74 empresas de los involucrados en la investigación.

Pollicita sostuvo que la medida busca "evitar que los activos a resguardar se deterioren conspirando contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar". Por eso solicitó que se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados y la constitución plazos fijos de renovación automática respecto de las sumas de dinero habidas.

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“Es importante no sólo la inhibición sobre todos los bienes sino hacer efectivo el embargo para que el Estado pueda recuperar parte de los mismos”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.

Respecto a los bienes de Cristina Kirchner, Pollicita pidió la afectación al embargo de Hotesur de la residencia de El Calafate y del departamento porteño de la calle Juncal, escenario central de las entregas de sobornos según los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. También de tres cajas de ahorro en pesos y una cuarta en dólares, y de un vehículo Honda. Y se pide interdictar las acciones de Los Sauces SA, Hotesur y CoMA, las firmas familiares.

Los bienes de Máximo Kirchner sobre los cuales puso la mirada el fiscal son 25 propiedades registradas en Santa Cruz, una camioneta, seis cuentas bancarias y las acciones de Los Sauces, Hotesur, CoMa y Negocios Inmobiliarios. A su hermana Florencia le embargarían las 24 propiedades en el sur cuya titularidad comparte con Máximo, la participación societaria en las tres firmas familiares y cuatro cuentas bancarias.

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Si el pedido de Pollicta prospera, a Lázaro Báez le quedarían embargadas 85 propiedades, cinco vehículos de alta gama y las acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzos y Del Curto, La Estación SA, Don Francisco, Diagonal Sur, Austral Agro. A su hijo Martín, 25 propiedades, tres cuentas bancarias y la participación societaria en 27 empresas.

Osvaldo Sanfelice perdería el control de 17 propiedades, 11 automóviles, 7 cuentas bancarias y participación societaria en 9 empresas; y Romina Mercado de cuatro propiedades, un vehículo y siete cuentas bancarias.

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La hipótesis que se investigó en la causa Hotesur es que los ex presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que -según señaló Ercolini en el procesamiento que confirmó la Cámara- les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito. Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.

El hotel Alto Calafate propiedad de la familia Kirchner en – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz -

Según los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido “en blanco” para poder “justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.

Así, Ercolini acusó a veinte de los acusados -entre ellos Cristina y sus hijos, Lázaro Báez y su hijo Martín- de haber formado parte de "un complejo entramado societario" que se puso en marcha "para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado (la causa de obra pública)".

Para lograr esto, según ya habían planteado los fiscales durante la investigación, los acusados “recurrieron a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez, por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen” y “múltiples” negocios con las empresas del Grupo Austral”, con el fin de otorgarles a dichas operaciones comerciales, "apariencia de legítimas".

Romina Mercado sobrina de la ex Presidenta junto a Máximo y Florencia - Foto: OPI Santa Cruz.

La maniobra

La Justicia determinó que las operaciones de lavado contaron con una instancia previa: que Néstor y Cristina Kirchne se hicieran de "fondos líquidos para poder justificar la adquisición de esos establecimientos hoteleros". Entre 2005 y 2009 hubo más de quince compra-ventas de terrenos y propiedades entre Báez K y los ex presidentes. Con dicho flujo de dinero, indicó Ercolini, "Kirchner -a través de su hijo Máximo- adquirió el el hotel Las Dunas por 700.000 dólares y la totalidad del paquete accionario de la firma Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, por 4.900.000 dólares".

En una segunda instancia, para la “maniobra económica diseñada desde el negocio hotelero”, fue indispensable la firma Valle Mitre SRL propiedad de Lázaro Báez, creada meses después de que los Kirchner adquirieron los hoteles y fue utilizada en el esquema de blanqueo “para recibir ese dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería, y permitir así que la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen”.

El hotel Alto Calafate propiedad de la familia Kirchner en – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Valle Mitre no tenía capacidad económica para pagar el alquiler de Hotesur. Por eso, quien le inyectaba dinero era Austral Construcciones -principal contratista de la obra pública vial-. La empresa que administró los hoteles de los Kirchner registró ingresos por pagos de la constructora entre 2007 a 2015, por casi 71 millones de pesos.

Dichos fondos después se derivaban a la empresa hotelera de la ex Presidenta. Valle Mitre, a su vez, enviaba dinero a otras empresas del Grupo Austral (Kank y Costilla, Loscalzos y Del Curto, La Estación SA, Don Francisco) para que éstas terminen alquilando habitaciones de los hoteles sin utilizarlas. Garantizaron así ingresos por más de 14 millones de pesos a la familia Kirchner.

Fondos para los Kirchner

Entre 2009 y julio de 2013, Báez garantizó a los Kirchner 27.592.110 pesos por alquileres a Hotesur SA. La cifra es importante, pero más la proporción que guarda en el total de los ingresos de la empresa familiar. El 54 % de los ingresos de Alto Calafate provinieron del Grupo Austral.

Lázaro contrató habitaciones de los tres hoteles de los Kirchner, justificando que era para personal de sus constructoras que hacían obras públicas cerca de El Calafate. Sin embargo, una pericia confirmó que los obreros trabajaban a más de 340 kilómetros de allí. También se firmaron contratos de consultoría. “Tras hacer frente a los costos propios de la actividad hotelera, remitía tales fondos mensualmente a los ex Presidentes y luego a sus hijos en concepto de canon locativo por esos inmuebles”, sintetizó Ercolini.

Cristina con sus hijos, Máximo y Florencia en 2011. Foto EFE

Mientras el amigo y entonces socio de los Kirchner era el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz (un total de 52 contratos por 46.000 millones de pesos), paralelamente garantizaba “a los ex Presidentes y a sus hijos ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimiento hoteleros”, consignó el juez. Todo permitió a los ex Presidentes “aumentar notablemente su patrimonio”.

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