Un experimento dejó en libertad a 105 presos de una cárcel de Nueva York y esto pasó después

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Cuando Robert F. Kennedy Human Rights anunció en septiembre que tenía planeado pagar la fianza de cientos de mujeres y adolescentes de Rikers Island, como parte de una campaña nacional para

demostrar que la fianza es un modo de discriminación en contra de los pobres y las minorías, la respuesta de los funcionarios de la ciudad de Nueva York no fue entusiasta.

El intendente, el jefe de policía y el fiscal general de la ciudad dijeron que estaban preocupados por la seguridad pública.

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A primera vista, parece que esas preocupaciones han estado equivocadas.

En octubre cientos de voluntarios actuando en nombre del grupo depositaron 1.200.000 dólares en fianza para liberar a 105 personas de Rikers Island y otras cárceles urbanas.

De los 90 que han tenido que comparecer delante de un juez, hasta el viernes sólo dos no se presentaron, de acuerdo al grupo. Uno fue detenido de nuevo, acusado de un delito menor no violento, y el otro ha dejado de responder a su abogado asignado, de acuerdo con Wade McMullen, abogado supervisor del grupo.

De los que obtuvieron la fianza, otras cuatro personas tuvieron problemas menores. Una de ellas no se presentó ante el juez por un asunto médico, pero consiguió comunicarse con un abogado que informó al juez, y se estableció una nueva fianza. Las otras tres fueron rápidamente detenidas por la policía, por sus acusaciones previas; de los mismos, uno fue liberado sin fianza y a las dos personas restantes se les restauró la fianza.

Kerry Kennedy, presidente de Robert F. Kennedy Human Rights, no quiso identificar a las personas liberadas, por cuestiones de privacidad, pero los organizadores ofrecieron numerosos detalles respecto de los esfuerzos iniciales del grupo.

La cantidad de dinero que los voluntarios depositaban para la fianza iba de 750 a 100.000 dólares. Entre las personas liberadas, la más joven tenía 16 y la más vieja 62. Había 64 mujeres adultas y 41 varones en edad de cursar el bachillerato. El 92% había sido acusado por un acto delictivo.

“El apoyo financiero de la fianza demuestra que el sistema es injusto y tiene como objetivo a personas afroamericanas y a personas que viven en la pobreza”, dijo Kennedy.

Otro objetivo del experimento, que ahora ha concluido, era mostrar que Nueva York podría cerrar el peligroso complejo carcelario de Rikers Island antes del período de 10 años estipulado actualmente, dijo Kennedy. Una de las barreras que impide cerrar Rikers es que habría que reducir la población carcelaria promedio de la ciudad a 5.000, mientras que por ahora el promedio actual es de 8.000.

La entrada de la prisión de Rikers Island, en Nueva York. / AFP

La entrada de la prisión de Rikers Island, en Nueva York. / AFP

La ley del estado de Nueva York dicta que la fianza debe tener como propósito que el acusado regrese y comparezca ante un juez. Los jueces deben considerar la capacidad del acusado para pagar la fianza, pero eso no es lo que se hace habitualmente. Hay situaciones en las cuales los jueces pueden retener a los acusados sin fianza.

Los abogados han venido pidiendo cambios en la justicia penal, como la reforma de los juicios rápidos y el fin del sistema de fianza, pero en Albany eso suele no terminar en nada. Sin embargo, después de las elecciones de noviembre el Senado del estado de Nueva York será controlado por demócratas que han establecido que la reforma de la justicia penal es una de sus prioridades.

Los primeros resultados coinciden con otros estudios, incluyendo un informe de 2017 del Vera Institute of Justice, que descubrió que de 99 personas liberadas bajo una fianza, el 88 por ciento regresó y compareció ante el juez, y sólo un 8 por ciento fue detenido antes del juicio acusado de otro acto delictivo. Más de la mitad de los casos analizados en el estudio enfrentaban cargos de actos delictivos.

En el experimento de Nueva York, más de 1.200 personas se ofrecieron como voluntarias para apoyar con su dinero esta acción, con lo cual se recaudaron 2 millones de dólares, incluyendo las 400 personas que contribuyeron online, donando 100.000 dólares. Más de 100 organizaciones apoyaron el esfuerzo.

El esfuerzo implicó mucho más que sencillamente pagar la fianza de un individuo. Participaron expertos en reinserción y trabajadores sociales, que fueron a Rikers Island para encontrarse con los que serían liberados, y para conectarlos de inmediato con servicios.

Encontrar un alojamiento para estos individuos, ofrecerles un teléfono celular y una tarjeta para el subterráneo con dos meses de crédito ilimitado, han demostrado ser algunos de los factores más importantes para que las personas liberadas pudieran conectarse con sus abogados. Por ejemplo, se les enviaba mensajes de texto para recordarles las fechas en que debían presentarse ante el juez.

El alcalde Bill de Blasio y algunos fiscales de la ciudad han dicho que están a favor de una reforma en el sistema de fianzas, pero que preferirían que sólo los que estuvieran acusados de delitos menores fueran apoyados por la RFK Human Rights.

Natalie Grybauskas, portavoz del intendente de Blasio, dijo que “la gente que no constituye ningún peligro no tendría que estar en la cárcel antes del juicio”.

Por Jeffrey C. Mays

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