Luego de Venezuela, Nicaragua provoca el mayor éxodo regional por razones políticas

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La población en Nicaragua comienza a hacer las valijas para abandonar el país mientras el régimen de Daniel Ortega incrementa la represión. Han pasado apenas 17 meses desde el inicio de

la crisis, pero ese corto lapso bastó para que el pequeño país centroamericano se haya convertido en el segundo foco de expulsión de ciudadanos después de Venezuela, uno de sus principales aliados.

Lo que comenzó el 18 de abril de 2018 como unas manifestaciones pacíficas contra la reforma del seguro social ha derivado en una protesta masiva contra el régimen de Ortega, en el poder desde 2007, al que se le reprocha haber instaurado una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que se financia con un sistema de corrupción montado desde el Estado.

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El último cuadro preciso de la situación lo suministra el reciente informe de la OEA, según el cual desde abril de 2018 más de 70.000 personas se han visto forzadas a dejar el país y de ellas unas 52.000 huyeron a la vecina Costa Rica, donde ya vive medio millón de nicaragüenses, la mayoría en situación irregular. Los datos figuran en el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundido el viernes y titulado “Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica”. El trabajo consigna que la represión ya ha provocado 328 muertos.

Nicaragua se suma así a su aliado político, la chavista Venezuela, como gran foco regional de expulsión de ciudadanos. Según Naciones Unidas, un total de 2,3 millones de venezolanos han debido dejar el país -de 31 millones de habitantes- por falta de alimentos y medicinas. Nicaragua tiene 6.5 millones de habitantes.

Según la CIDH, la migración forzada nicaragüense tiene raíces en la grave crisis de derechos humanos desde la represión a las marchas callejeras que se inició el 18 de abril de 2018.

Pese a que las cifras son muy inferiores a las de Venezuela, en Nicaragua aumenta el flujo de gente que huye sobre todo a Costa Rica, indica el informe de la OEA. Para Ortega, las movilizaciones fueron un intento de golpe de Estado respaldado por Washington, mientras los opositores “son vendepatrias y traidores” al servicio del “imperialismo”. Ortega ha rechazado los informes de la CIDH por considerarlos “sesgados y parcializados”. Hace más de un año entró en vigor una ley que criminaliza las protestas con 20 años de prisión.

“Al día de hoy, de acuerdo con información de la sociedad civil, 130 personas continuaban privadas de libertad por hechos vinculados con las protestas”, resaltó el documento. Además de una grave crisis política, Nicaragua enfrenta una recesión, con una caída de 3,8% del PIB en 2018, en tanto el gobierno proyecta un crecimiento negativo de -2,2% para 2019, con miles de desempleados.

Según la OEA, los principales grupos forzados a emigrar a Costa Rica son estudiantes (23%), defensores de derechos humanos y líderes campesinos (22%), y personas que apoyaron a los protestantes (18%).

La difusión del informe se da en momentos en que Ortega cerró las puertas al diálogo con sus adversarios. El mandatario ha dicho que su gobierno sólo dialogará con los sectores que estén dispuestos a “trabajar por la paz”, con lo cual excluyó al bloque opositor que incluye a la sociedad civil, estudiantes, campesinos y empresarios.

La población “ha quedado asustada por el nivel de bestialismo con que ha actuado el gobierno de Ortega”, quien “ha demostrado que está dispuesto a hacer todo y a matar la mayor cantidad de gente que sea necesaria para conservar el poder”, estimó ante la AFP el ex diplomático y analista Hugo Rodríguez. Según Rodríguez, las autoridades cuentan con “sofisticados” mecanismos de información y recursos humanos para rastrear y controlar a los opositores.

El jueves pasado, la Corte Suprema suspendió por seis meses a la defensora de derechos humanos María Oviedo, acusada de abofetear a un policía que supuestamente la tocó de manera indebida. Abogados y defensores de los derechos humanos dicen que el caso es un ejemplo de la “represión” del Gobierno, supuestamente para que los crímenes estatales queden impunes. “Lo único malo que hizo fue defender su integridad como persona y mujer”, reclamó públicamente el esposo de Oviedo, el también abogado Baltazar Arévalo.

PB

Fuente: EFE, AFP, AP y Clarín

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