Por qué se quiere reformar la Constitución en Chile

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Blindar derechos básicos como la salud y la educación en una nueva Constitución es el gran anhelo de los millones de manifestantes que llevan casi un mes protestando en las calles en

Chile y pidiendo el fin de la desigualdad y del modelo neoliberal implantado durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura, la Ley Fundamental chilena es concebida como el origen de la gran desigualdad que afecta al país, ya que favoreció la privatización de sectores esenciales como la salud, la educación o las pensiones.

Pese a haber reducido la pobreza en las últimas décadas y haber alcanzado altas cifras de crecimiento económico, Chile sigue copando los primeros puestos en las clasificaciones de los países más desiguales del mundo. Siete de cada diez trabajadores perciben menos de 750 dólares al mes y la mitad de los jubilados recibe una pensión mensual de 250 dólares.

La demanda de una nueva Constitución ha estado presente desde el inicio de la crisis, pero fue tomando fuerza en los últimos días hasta el punto de que la Ley Fundamental es uno de los libros más vendidos en el país.

Buena parte de las críticas contra la Carta Magna apuntan a su origen "ilegítimo". Fue elaborada, a pedido de Pinochet, por un equipo de juristas que encabezaba Jaime Guzmán, fundador del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI).

Fue aprobada por el 65,71% de los votantes en un plebiscito. Sin registros electorales y con las libertades públicas restringidas, el resultado siempre ha sido cuestionado. Fue el gran legado de Pinochet.

La Constitución chilena se ha reformado más de 40 veces en los últimos años, pero ningún gobierno ha conseguido cambiar su esencia neoliberal por las altas cuotas parlamentarias que se requieren. La ex presidenta Michelle Bachelet intentó un fallido proceso constituyente durante su segundo mandato (2014-2018).

Las protestas ya llevan un mes en Chile. /REUTERS

Las protestas ya llevan un mes en Chile. /REUTERS

En 1989 se le introdujeron una serie de reformas consensuadas con todos los partidos políticos y aprobadas en un plebiscito ese año. En 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se le hicieron 54 modificaciones, recordó el sitio en Internet de la radio chilena Bio Bio. Las más significativas, suprimir enclaves autoritarios como los senadores vitalicios y los nueve designados -algunos nombrados por las fuerzas armadas- o la inamovilidad de los jefes de las ramas castrenses.

Servicios sociales, en manos privadas

Además, la Constitución establece en su artículo 19 que el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las pensiones, y los deja en manos de privados, para intervenir solo si fuera necesario.

Artículo 19, número 9: el Estado protege el libre e igualitario acceso a la salud, ya sea pública o privada, y la libertad de elegir el sistema deseado. “Esto tiene un efecto perverso. La gente acomodada va al fondo privado y aporta más, por lo que este fondo es mucho mejor que el público”, explicó el abogado Javier Couso, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Utrecht a Bio Bio.

Los privados tienen libertad de crear una empresa en el área de salud, y como el servicio público es de mala calidad, las personas se esfuerzan por contratar un seguro privado y atenderse en clínicas privadas, con lo que las ganancias se concentran en estas empresas.

El artículo 19, en sus apartados 10 y 11, habla de la Educación. El Estado asegura este derecho y debe “financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso de toda la población”, señala. También consagra la libertad de enseñanza, que “incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Los padres tienen el derecho de elegir la escuela de su preferencia.

Datos clave de la actual Constitución chilena, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet./ AFP

Datos clave de la actual Constitución chilena, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet./ AFP

Según destaca el artículo de Bio Bio, en la práctica, aquí ocurre lo mismo que con la salud. Las escuelas estatales y sus alumnos están cada vez en mayor desventaja. Quien busca mejor calidad en la educación debe gastar mucho dinero. La no interferencia estatal fomentó el florecimiento de instituciones privadas -colegios, institutos y universidades- que cobran altos aranceles.

Algo similar ocurre con el sistema de jubilaciones. En la práctica las personas están obligadas a ingresar a las AFP, los fondos privados, hoy fuertemente cuestionados por las bajas pensiones que entregan. Hoy sería inconstitucional eliminar las AFP y crear un sistema de reparto.

Presidencialismo

Según la Constitución actual, el presidente tiene amplias y numerosas atribuciones. En materia legislativa, tiene iniciativa exclusiva para proyectos de ley en temas de división política o administrativa del país, y en la administración financiera o presupuestaria del Estado.

Si un proyecto no es presentado o patrocinado por el presidente, puede dormir eternamente en el Congreso. Y si el mandatario le da urgencia, el Congreso tiene un plazo de 30 días para avanzar en la tramitación. “La Constitución le otorga al presidente el control de la agenda legislativa del Congreso”, subraya Couso.

Clamor por el cambio

Una encuesta de la consultora Cadem señaló en su última entrega que casi el 80% de los chilenos está a favor de un nuevo texto, aunque el gobierno no ha definido aún cuál será el mecanismo para hacerlo.

Las reformas a la Constitución exigen quorum tan altos (dos tercios o tres quintos de los senadores y diputados en ejercicio, según el tema), que son muy difíciles de lograr.

Ahora que se discute redactar una nueva, el mecanismo no está claro. El Congreso es el único camino contemplado. La asamblea constituyente, propuesta por la oposición, no sería legal. Habría que reformar primero la Constitución y agregar esta fórmula.

Para muchos expertos, como Octavio Avendaño, profesor de Sociología de la Universidad de Chile, la única manera de conseguir un país más justo pasa por emular los modelos europeos y "acabar con la concepción de un Estado subsidiario y con la sacralización del derecho de la propiedad".

"El proceso no puede quedar en manos del actual Congreso por el alto descrédito que despierta en la ciudadanía", indicó Avendaño, quien se inclinó por organizar un plebiscito y convocar una Asamblea Constituyente, la fórmula que pide la oposición y la mayoría de los manifestantes.

Fuente: EFE y Clarín
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