Kicillof confirmó que renegociará el pago de un bono de la era Scioli, pero criticó a Vidal por la deuda

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El apremio de Axel Kicillof para intentar el diferimiento de pago de 250 millones de dólares, que vencen el 26 de enero, puso en tensión la relación de la Provincia y del

Estado nacional con los acreedores externos.

En la misma conferencia de prensa de este lunes, el gobernador explicó que “la provincia de Buenos Aires es un capítulo más del endeudamiento de la Nación”. Por eso, ató el estiramiento de los plazos de este primer vencimiento del año hasta el 1° de mayo a lo que logre negociar la Nación. Una fecha que está en consonancia con los tiempos resueltos por Alberto Fernández para renegociar los pasivos. El presidente fijó el 31 de marzo como límite de esa negociación.

¿El caso de la Provincia representa un test de esa estrategia?. “Estamos trabajando para alcanzar un acuerdo, pero el universo de bonistas es muy diverso. Hay fondos de inversión grandes, chicos, bonistas particulares. El 75% es un umbral alto pero tenemos la confianza en que lo que estamos planteando es algo razonable", había explicado, temprano, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

El riesgo es el default. Ello podría ocurrir si las tres cuartas partes de los tenedores del bono BP21, emitido durante en 2011 durante la gestión de Daniel Scioli, no aceptan la propuesta del diferimiento. Transcurridos diez días hábiles, después del 26 de enero, se declararía la cesación de pagos. Eso es por una Cláusula de Acción Colectiva (CAC) incluida en los contratos. Representaría una situación de litigio gravoso, bajo legislación de Nueva York.

En la Gobernación se mezclan las dudas y el optimismo. Según Kicillof, las negociaciones están comprendidas entre “los mecanismos legales contemplados en los contratos”. Esto es, “la posibilidad de aplazar el vencimiento de capital del bono para un tiempo más adelante, porque nos permitiría que la cuestión de la deuda de la República Argentina sea tratado en su conjunto”. Otra vez la referencia a la estrategia dependiente de la Casa Rosada. No habría otro camino.

Las demás provincias realizan un seguimiento apretado de esta nueva realidad planteada por Kicillof. Algunas reaccionan a tiempo. Córdoba, por ejemplo, a través de Juan Schiaretti, decidió un tránsito distinto: antes de la reunión con el ministro de Interior, Wado de Pedro, el gobernador envió un comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires anunciando el pago de 16.031.259 de dólares en concepto intereses de su bono CO27, con fecha de vencimiento el próximo 3 de febrero.

Claro que las comparaciones son relativas. Córdoba tiene al 29 de noviembre 2019, una deuda neta de 150 millones de dólares. El estado bonaerense 11.263 millones de dólares. El 82% en moneda extranjera. Sólo en la gestión actual deben afrontarse vencimientos por 8.800 millones de billete verde.

"Esperamos de los acreedores un accionar igual que el nuestro, de buena fe, para evitar una salida desordenada", dijo el gobernador. "Existe voluntad, pero actualmente no hay capacidad de pago", insistió.

Para los especialistas, la respuesta fue previsible: el anuncio afectó los bonos provinciales, los títulos nacionales y subió el riesgo país Los títulos soberanos y subsoberanos de la Provincia retrocedieron hasta 6,3%. El lunes habían caido 10%

De acuerdo con el diagnóstico de Kicillof, “lo que vuelve insostenibles las acreencias es el fuerte endeudamiento del gobierno anterior". “La parte de la deuda en moneda extranjera creció del 57% al 82%. Así, medida en su totalidad en pesos se multiplicó por cinco.

"Hoy nos encontramos con un gobierno tratando de deslindar responsabilidades en Vidal, cuando en realidad el bono que no quieren pagar, pertenece a la gestión de (Daniel) Scioli", plantearon en un comunicado firmado por los senadores Roberto Costa, Alejandro Cellillo, Andrés De Leo y Claudia Rucci.

Como sea, el trámite con los bonistas, de aquí al 26 de enero, condicionará  el primer tramo del gobierno K en la Provincia. Hasta entonces, no podrá avanzar en el Presupuesto 2020, previsto en su tratamiento para marzo. Está pendiente la discusión por nuevo endeudamiento, para garantizar la prestación de los servicios públicos; y la pauta salarial de los 600.000 empleados estatales, entre ellos los docentes, Policía, Servicio Penitenciario, etc.

La Ley de Emergencia, sancionada en diciembre último, apenas es un instrumento. La reforma de la Ley Fiscal, vía aumento de impuestos, que permitirá recaudar, hasta diciembre, 23.000 millones de pesos adicionales tampoco arrima tranquilidad. Los proveedores, solamente, llevan un atraso de pagos por 50.000 millones de pesos.

Todo con una economía en recesión, el consumo declinante, y las previsiones inflacionarias que no bajan (proyectan 4% en enero). La deuda “impagable”, siempre en palabras del gobernador, comprimiría aún más ese paisaje empobrecido.

Kicillof no mencionó esfuerzos fiscales para enfrentar la crisis.

¿Si Alberto Fernández decidiera auxiliar financieramente al gobernador, en caso de fracaso de las negociaciones, reclamaría un monitoreo de las cuentas provinciales?. Por ahora, parecería que las energías están puestas en sostener la difícil pulseada con los acreedores quienes, este lunes, contrataron a los estudios de Arnold & Porter como asesor internacional –con oficinas en Washington DC- y asesores financieros con sedes en Argentina.