Tironeos por el directorio del Provincia: Axel Kicillof depende de un radical para que funcione el banco

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Aliviado por el refinanciamiento de más de 250 millones de dólares que la Provincia debía haber pagado este viernes al ANSeS, y mientras fuerza una negociación con bonistas para evitar el

default el próximo domingo, Axel Kicillof procura que el Banco Provincia, su principal herramienta financiera, no quede acéfalo para gestionar.

Este fin de semana cesan en sus funciones tres integrantes del directorio. A estos se agrega la salida de Mario Meoni, ex intendente de Junín, quien asumió como ministro de Transporte de la Nación.

Esas vacancias obliga al presidente del Bapro, Juan Cuattromo, a procurar quórum apelando a los buenos oficios de un opositor declarado, el radical Diego Rodrigo, ocupante de la poltrona desde 2009, como antes de una senaduría partidaria.

Del repaso surge que los directores Mario Biondi, Carlos Pérez (vicepresidente hasta esta semana) y Felipe Hughes cumplieron su mandato 2016-2020. Siguen en funciones los oficialistas Juliana Di Tullio, Sebastián Galmarini y Humberto Vivaldo.

¿Con ellos, más Cuattromo, alcanza para las resoluciones del cuerpo?. No. El directorio debe contar con cinco presencias, y las respectivas firmas, para sesionar.

Por eso la UCR, a través de Rodrigo, tiene la posibilidad de arbitrar en este trámite complejo. La oposición demostró en el Senado de la Provincia, donde alcanza mayoría, que puede incidir en las políticas públicas, como demostró en el Ley de Emergencia y en la Reforma Fiscal. De un lado y otra explican que en el caso Bapro existe “buena voluntad” para resolver el embrollo político.

Resulta perentorio para los planes de la nueva gestión. Kicillof requiere de ese instrumento para las políticas productivas en la Provincia. Fue el anuncio principal apenas asumió la Gobernación. Ya utilizó en Bapro para el Plan Argentina contra el Hambre, y está en pleno proceso de entrega de 500 mil tarjetas “Alimentar”. Entonces, la normalización parcial urge, antes de la ocupación de los cuatro cargos. Ese paso será en marzo. Se sabe, las designaciones de los cuatro cargos se realiza previo envío del Poder Ejecutivo a la Legislatura de los nombres de los postulantes.

El tratamiento sería con el paquete del Presupuesto y el pedido de endeudamiento. La Legislatura intermedia los proyectos. El Senado manda en términos relativos: JpC dispone de 26 bancas contra 20 del Frente de Todos. Los números pesan a la hora de las sanciones de leyes. Por ejemplo, para el pedido de deuda nueva se necesitan dos tercios de la aprobación de ambas cámaras.

En Diputados, el oficialismo con esfuerzo reúne quórum, pero también está lejos de la mayoría calificada. Y este año, Kicillof necesitará, no menos de 80.000 millones de pesos para garantizar los servicios esenciales de la Provincia.

Allí aparecen las contraprestaciones. Hay un paquete de 25 cargos que el Ejecutivo debe discutir con JpC. Son espacios que, según la ex gobernadora María Eugenia Vidal, deberán ser asignados a la oposición. “Tal como nosotros concedimos al peronismo, en sus diversas variantes, entre 2015 y 2019”, insisten en JpC.

Además de tres directores propios en el Bapro, refieren a la “ocupación” de cargos en las principales empresas manejadas por el estado. Citan ABSA, encargada del agua y el saneamiento; en BAGSA, distribuidora de gas natural y propano del gobierno provincial. Centrales de la Costa con cuatro centrales ubicadas en la costa atlántica y AUBASA, de los corredores viales desde la costa atlántica y la autopista La Plata-Buenos Aires. Dificil negociación. Hasta ahora, Kicillof no definió quienes de sus colaboradores estarán al frente de esas empresas.

Quedaría, aún, otro aspecto negociador: los órganos de control de la Constitución, como Contaduría y Tesorería. Allí apuntan a la segunda línea. También en el Oceba. Incluyen la Defensoría del Pueblo, aunque Guido Lorenzino –que responde a una de las ligas de intendentes peronistas- tiene mandato hasta el 1º de enero de 2022.

No obstante, JpC insiste que el área tiene un carácter de contralor y debe ser ejercida por la oposición. IOMA, la obra social del estado provincial, integra el listado. La Tesorería es clave para la administración central e insinúa el más próximo tironeo.

Claro que faltan ajustar algunas clavijas en este andamiaje. Los intendentes peronistas, quienes no lograron presencia en el gabinete provincial, se reservan para premios consuelos. Entre ellos la dirección de Lotería, que todavía está desierta. MartínInsaurralde Lomas de Zamora) ya propuso nombre.

Propuestas están a la orden. El propio Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, insinuó que el sillón que deja Meoni –adscripto al Frente Renovador massista- correspondería esa fuera política. Hasta el momento no tuvo éxito en el planteo. Tampoco le contestaron a Vidal, los intendentes partidarios y jefes parlamentarios del ¿macrismo?, sobre las aspiraciones en el directorio del Bapro.

La discusión se plantea en terreno árido. Días atrás, desde las usinas oficialistas advirtieron sobre una aparente anomalía, según el apunte, en el gerenciamiento de la banca pública provincial.

El destinatario resultó Jorge Macri (Vicente López), porque todavía no renunció a la presidencia del Grupo Bapro. Con la carga correspondiente de veneno político, deslizaron que cobra 300.000 pesos de sueldo y que las cargas horarias con sus funciones de intendente, en simultáneo con actividades empresarias (como consta en su declaración jurada 2019) impedirían prácticamente desempeñar el cargo.

En el Grupo que conduce el jefe comunal están Provincia Seguros, Provincia leasing, Provincia fondos, Provincia vida, Provincia mandatos, Provincia bursátil, Provincia ART y Provincia NET.

Macri, primo del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, ejerce el puesto desde 2015. A excepción de algunas voces discordantes en el Parlamento, nadie percibió el detalle. Hasta ahora.