Allanaron departamentos en Posadas: buscaban a Oscar Thomas, el único prófugo

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La Policía Federal allanó este lunes por la noche departamentos de Posadas, Misiones, donde buscaban a Oscar Thomas, el único empresario que queda prófugo en la causa de los cuadernos de

las coimas de la corrupción K.

Según informó Misiones Online, el operativo comenzó pasadas las 22 en uno de los edificios "Juan Pablo" ubicado en Villa Sarita de Posadas. Cerca de 20 efectivos se presentaron en busca del ex director de Yacyretá, quien fue mencionado en la causa de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno y está sospechado de participar en una asociación ilícita.

En el lugar habría dos departamentos propiedad de Thomas, quien permanece prófugo. Días atrás, su abogado anunció que no se presentará y que resistirá su detención hasta la Suprema Corte.

Al Gobierno le advirtieron que Thomas puede estar refugiado en Paraguay, aunque también hay referencias de que andaba por la India, tras el camino del Sai Baba.

Thomas fue durante una década el director argentino a cargo del Ente Binacional Yacyretá -el organismo que el ex presidente y actual senador Carlos Menem, en el ejercicio de la primera magistratura, llegó a calificar en la década del 90 de "monumento a la corrupción"- y se retiró en diciembre de 2015, al final del segundo mandato de gobierno de la actual senadora Cristina Kirchner.

El pedido de captura de Thomas.

El pedido de captura de Thomas.

De acuerdo con las anotaciones que Centeno asumió como propias, Thomas le entregó a Roberto Baratta US$ 1,1 millón el 12 de agosto de 2009 en la entrada del edificio ubicado en Juncal 1740. Ese mismo año, el chofer también escribió en sus cuadernos: "Mientras viajábamos (Baratta) lo llamó al jefe (De Vido) y le dijo que ente Yacyretá y Transporte habían aportado para la Corona US$ 657 mil".

En sus diez años al frente de Yacyretá, cargo en el que sucedió a Humberto Schiavoni, Thomas llegó a manejar presupuestos anuales que oscilaron entre los 700 millones y los 1.000 millones de dólares, parte de los cuales, se sospecha, fueron utilizados para solventar campañas electorales no sólo en las provincias del Litoral y el Nordeste Argentino (NEA) sino también de la provincia de Buenos Aires.

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