113/2010, el decreto de la coima de los 600 mil dólares: qué dice y quiénes lo firmaron

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La investigación en la causa por los “cuadernos de la corrupción” tuvo este jueves una de las revelaciones más impactantes desde que estalló el escándalo, el pasado 1ro de agosto. El

empresario Gabriel Romero, titular de Hidrovía S.A., reconoció ante la Justicia haber pagado 600.000 dólares en coimas por un decreto presidencial.

Se trata del decreto 113/2010, publicado en el Boletín Oficial el 22 de enero de 2010, con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, su par de Planificación, el ahora detenido Julio De Vido, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Mediante esta herramienta, sin licitación, el Estado nacional le prorrogó hasta 2021 la concesión a esta empresa para que continúe con el multimillonario del drenaje y el cobro de peajes en dólares a todos los buques que entran por el canal Mitre a Rosario y luego siguen hasta Asunción.

Se trata de un negocio enorme. En 2009, por ejemplo, se exportaron 18 mil millones de dólares de cereales desde esa vía concesionada por donde pasa alrededor del 80% de las exportaciones agropecuarias del país.

Con el decreto de Cristina, el Estado le dio a Hidrovía, además, un subsidio total de 112.500.000 dólares en tres años para ayudar en la ampliación de la primera etapa de dragado del canal (que va desde Santa Fe a Confluencia).

Romero es titular de EMEPA, de la que forma parte Hidrovía S.A, que está incluida en el extenso listado de firmas allanadas y de las cuales el juez federal Claudio Bonadio ordenó secuestrar agendas, anotaciones, teléfonos celulares, equipos de computación y registros de ingresos a los edificios.

La empresa, como otras de la construcción y del sector energético, está mencionada por el chofer Oscar Centeno en algunos tramos de sus cuadernos y además está incluida dentro de las compañías que realizaban pagos al gobierno de Cristina Kirchner.

Romero se presentó este jueves en Comodoro Py, declaró ante el fiscal Carlos Stornelli y se convirtió en otro de los imputados colaboradores, tras la homologación del juez Bonadio.

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