Más de 500 llamadas al teléfono para recibir denuncias de corrupción

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En las primeras horas desde que fue habilitado, el número de acceso rápido 134 del Ministerio de Seguridad recibió 556 llamadas con datos sobre corrupción. Así lo informó la propia cartera

que conduce Patricia Bullrich, que ofrece una recompensa para recuperar plata y otros bienes malhabidos, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.

Del total de llamadas, el secretario de Seguridad, Gerardo Milman precisó que 70 tenían información "con posibilidad de llevarlas a la Justicia", que podrían convertirse en nuevas denuncias.

"El objetivo es que toda aquella persona que pueda dar información fehaciente de dinero, propiedades, testaferros, personas que saben que son cosas del pueblo que están en manos de corruptos puedan volver a la gente, porque eso se va a convertir en hospitales o equipamientos para las fuerzas de seguridad", señaló la ministra Bullrich.

"Si se comprueba o esa propiedad tiene un testaferro, que fue comprada por uno de los tantos corruptos que tiene el país, al momento de la comprobación se hace un acuerdo con el fiscal y ese bien es tomado por la causa, por el Estado en la Justicia y se le paga a la persona el 5% del valor o hasta 2 millones de pesos", detalló.

Bullrich resaltó que todo el procedimiento es "secreto" y la identidad de la persona que aporta datos es "preservada".

La iniciativa está dentro del plan de recompensas que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, que generalmente se utiliza para la búsqueda de prófugos que han cometido delitos graves.

Según la resolución del Ministerio, la recompensa se fijará "exclusivamente sobre el dinero o el valor del bien efectivamente recuperado". Añade que "quedará a criterio del Ministerio de Seguridad la fijación del porcentaje que corresponda al aportante, de acuerdo con la precisión de los datos y su eficacia de cara a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa".

Según estimaciones de la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli, empresarios energéticos y de la construcción vinculados a la obra pública pagaron al menos U$S 60 millones en sobornos a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, según se desprende de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno.

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