Impulsan y amplían una causa por los millonarios negocios con Venezuela

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El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky amplió a los delitos de supuesto cohecho y soborno transnacional la causa en que se investiga al empresario Juan José Levy, vinculado

al entorno del ex ministro de Planificación Julio De Vido por supuesto lavado de dinero en negocios multimillonarios con la Venezuela chavista. Levy tiene estrechas relaciones con el ex jefe de Ceremonial de De Vido y ex espía de la Agencia de Inteligencia Federal (AFI), José María Olazagasti. Fue uno de los empresarios que participó de los viajes de Cristina a Venezuela en al marco de los acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fideicomiso argentino-venezolano que maneja la petrolera PDVSA.

El juez delegó la investigación en el fiscal Pablo Turano para que "cuente con la plena disposición de la instrucción de la causa en lo que se refiere a esos nuevos supuestos fácticos". Fuentes judiciales estimaron que el fiscal solicitará al juez federal Claudio Bonadio una copia de la confesión del ex titular del OCCOVI y representante especial ante Venezuela, Claudio Uberti, quien admitió que recibió y entregó sobornos a las anteriores autoridades.

A principios de año, la sala B de la cámara en lo penal económico había revocado el procesamiento de Levy por lavado de dinero, pero hace unas semanas el fiscal Turano pidió ampliar el objeto procesal a esos otros dos delitos.

Antes Aguinsky había pedido a la SIGEN para que analice al resto de los exportadores bajo condiciones similares a Esme. Sucede que Esme, la empresa de Levy, había “inflado artificialmente” los precios de venta a Venezuela hasta un 60 por ciento, pero el gobierno chavista nunca respondió un exhorto de Aguinsky.

En junio del 2017 Aguinsky había procesado también al hermano de Levy, Alejandro,también sin prisión preventiva aunque conun embargo de 10 millones de pesos en ambos casos.Otros de los procesados fueron los empresarios Julio Barlocco, Julián Rubio, Miguel Romero y Horacio Beresñak. En la medida, también se mantuvo unembargo de 300 millones de pesos y la inhibición general de bienes contra las empresas Gulfos y Bleu Tel.

Si bienel perjuicio de la maniobra fue fundamentalmente con el estado de Venezuela “el fraude habría impactado también en el Estado argentino”, ya que gran parte de los pagos de aquellos contratos se efectuaron través del fideicomiso entre Venezuela y Argentina, constituido por PDVSA PETRÓLEO S.A. de Venezuela en Nación Fideicomisos S.A. con los pagos argentinos por la compra de gas oil”, dijo el juez.

La primera imputación había sido de la fiscal Luz María Rivas Diez es el contrabando de exportación de mercaderías entre los años 2011 y 2015en el marco de un contrato de suministros suscripto entre LABORATORIOS ESME SAIC -de Levy-y la empresa estatal venezolana SUVINCA para así exportar bienes a esta última con sobreprecios. En los despachos de exportación, de LABORATORIOS ESME SAIC, se encontraron “importes sobrevaluados de la mercadería, fletes y seguros, burlando, de esta forma, el control del servicio aduanero sobre aquellas exportaciones, de modo que recibieron un tratamiento aduanero y fiscal distinto al correspondiente”.

La segunda imputación de la fiscalía fue el contrabando de exportación de mercaderías, entre los años 2012 y 2015en el marco de un contrato de suministros suscripto entre BLEU TEL S.A. y la empresa estatal venezolana Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) para exportar antenas con sobreprecios. En la documentación secuestrada se encontraron “importes sobrevaluados de la mercadería para ocultar el verdadero proveedor de la mercadería suministrada y de este modo disimular el sobreprecio de la mercadería”. Aguinsky había dictado, en el 2017, los embargos señaladosluego de que la fiscal Rivas Diez allanó los domicilios de Levy y de las empresas laboratorios ESME, Corporación Gulfos S.A. y Bleu Tel S.A.

La causa se abrió por una extracción de testimonio que envió la jueza en lo comercial Paula Hualde que interviene en una disputa entre Levy y sus tres hermanos por el control de ESME, que incluyó“insultos y amenazas”.

Sucedió que ESME pasó durante el kirchnerismo de ser una PYME a una empresa que recibió un contrato por casi 90 millones de dólares para venderle productos de limpieza y de higiene personal a la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA). ESME cobró un anticipo del 60 por ciento de ese monto y exportó por 48 millones de dólares. Pero llamativamente a pedido de SUVINCA se suspendieron los embarques de mercaderías hasta nuevo aviso. La Justicia sospecha que ESME facturó sus productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mercado”. Además, cobró reintegros a las exportaciones por 1.800.000 dólares.

Levy también intervino en un negocio con la venta de decodificadores de TV y está investigado por la Aduanapor el intento de exportación de medicamentos con la leyenda “gobierno de Santa Fe-distribución gratuita” por 12 millones de dólares a Venezuela y señalado en otro negocio con la ANSeS por el plan Conectar Igualdad.

Pero el embargo del juez Aguisnky es por la venta de 150 mil decodificadores de China para vender a Venezuela pero pagados con fondos del fideicomiso del gasoil, cuando se supone que debían ser productos argentinos. El contrato, más las antenas correspondientes, fue por más de 20 millones de dólares. Fue suscripto por Bleu Tel SA y Corporación Gulfos SA -que controla Levy- con la venezolana CANTV.

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