Asesinato de Larrabure: apelan el fallo de la Cámara Federal de Rosario que no lo consideró un delito de lesa humanidad

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Familiares del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien fue secuestrado el 10 de agosto de 1974 y cuyo cuerpo fue hallado 372 días después, un episodio que la Cámara Federal

de Rosario determinó el 31 de agosto pasado que no configura un delito de lesa humanidad, interpusieron un recurso de casación para que esa resolución sea anulada.

Larrabure fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María. La causa que investiga su muerte es emblemática. Un Tribunal de Rosario integrado por cinco jueces rechazó que el ERP contara con el apoyo del Estado, un elemento central para considerar imprescriptible la causa, como sucede con las acciones cometidas por el Gobierno militar durante la última dictadura.

En el recurso interpuesto por el apoderado de la familia Larrabure, Javier Vigo Leguizamón, se plantea que el episodio es un acto más de los que “formaban parte del ataque sistemático a la población civil y del plan criminal llevado adelante por el ERP para tomar el poder, destruir la República e imponer un régimen marxista”.

Y habla de “arbitrariedad y despotismo judicial”. “No puede soslayarse la trascendencia política que tiene esta litis, donde se cuestiona la estrategia jurídica que ha posibilitado que crímenes horrorosos de la guerrilla permanezcan impunes”, sostiene Leguizamón.

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En el fallo que se conoció la semana pasada, la Cámara Federal de Rosario rechazó que el ERP tuviera respaldo del presidente Héctor Cámpora, de su colega chileno Salvador Allende, del cubano Fidel Castro o de los gobernadores provinciales, como argumenta el abogado de la familia Larrabure.

La resolución firmada por los jueces José Toledo, Elida Vidal, Fernando Barbará, Jorge Gallino y Aníbal Pineda, rechaza entonces que el asesinato del coronel pueda ser considerado un delito de lesa humanidad al no existir el ataque de un Estado o de un agente estatal en una acción gubernamental, que sea dirigido a una “población civil indefensa”.

Tampoco advierten en el caso que haya participado “una organización cuasi estatal o con un poder e impunidad considerables”, aun cuando acepta “que la agrupación autodenominada 'ejército revolucionario del pueblo' logró acumular, en su momento, un considerable poder de agresión que usó, casi exclusivamente, contra objetivos militares”.

“Las afirmaciones no se sustentan en la verdad histórica”, cuestionó Leguizamón en el nuevo recurso presentado.

Niegan los camaristas la existencia de un conflicto armado interno, difundiendo dogmáticamente una versión edulcorada de la historia"

Fragmento del recurso presentado por el abogado Javier Vigo Leguizamón

“Niegan los camaristas la existencia de un conflicto armado interno, difundiendo dogmáticamente una versión edulcorada de la historia. Por cierto no encuentro contradicción en sostener que el ERP fue una banda de delincuentes terroristas que contaban con una estructura militar muy importante que le permitía atacar cuarteles y copar pueblos con capacidad operacional superlativa”, agregó.

En el recurso de casación se reclama que se cite a declaración indagatoria a Juan Kremer, sobreviviente de la dictadura militar e integrante del ERP, por considerarlo “autor mediato” del secuestro y muerte de Larrabure.

Ante una “eventual sentencia adversa”, Leguizamón anticipa que recurrirá a la Corte Suprema de la Nación y, de ser necesario, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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