Cuadernos de las coimas: el turno de la Cámara Federal y tres jefes de La Cámpora

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La causa que desentrañó, según el juez Claudio Bonadio, un sistema de corrupción basado en la recaudación de sobornos desde diferentes esferas del Estado Nacional, durante los gobiernos de Néstor

y Cristina Kirchner dejó a 42 personas procesadas, 17 de los cuales cuenta con prisión preventiva. Este viernes vencen los plazos para que las respectivas defensas apelen el fallo del magistrado, entonces será la Sala I de la Cámara federal porteña la que deberá decidir sobre la situación procesal de cada imputado y si corresponden o no que continúen detenidos. Si sale la confirmación de los camaristas, se avanzará con el pedido de desafuero de Cristina Kirchner.

En la resolución donde se plasmó el procesamiento de la ex presidenta como jefa de una asociación ilícita, una estructura que contó con la organización de Julio De Vido y Roberto Baratta, y ex funcionarios y empresarios como miembros de la misma, se explicó cómo funcionaba la operatoria que permitió, según indicó Bonadio que al patrimonio de cada ex integrante del gabinete de Cristina Kirchner investigado en la causa “se deriven al menos U$S 100 millones”.

Esta mecánica determinó que para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado, una empresa o grupo de empresas (UTE) “entreguen un porcentaje de lo que el Gobierno les pagaba, a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos 'retornos' o 'coimas'.

Como ejes centrales de la causa, Bonadio también determinó que los sobornos eran utilizados “para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del Gobierno y de organizaciones satélites” y que además, los empresarios también pudieron enriquecerse.

Serán estas acusaciones las que los 42 procesados deberán apelar -en caso de querer hacerlo- antes del viernes por la mañana, cuando se venza el plazo. Al menos uno de los abogados defensores, Mariano Cúneo Libarona -que trabaja para el detenido empresario Sergio Taselli- ya adelantó que lo hará. Entonces el expediente ingresará a la Sala I de la Cámara federal porteña originalmente integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Este último debió excusarse de intervenir ya que uno de los detenidos es su primo. Por eso, participó en algunos incidentes el juez Martín Irurzun.

Sin embargo,por una nueva designación, la Sala I se completará con la llegada del juez Pablo Bertuzzi integrantes del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), presidente del Tribunal en el juicio contra Amado Boudou por la compra de Ciccone y contra Julio De Vido en el juicio de la Tragedia de Once.

Los camaristas tendrán la próxima semana que fijar audiencia para quienes apelen la decisión de Bonadio. Hay un plazo en en el Código que fija cinco días para decidir desde que finalizan todas las audiencias y se presenten todos los memoriales.

Incluso si plantean nulidades en las audiencias orales o en los memoriales hay que correrle traslado al fiscal y recién comenzar a resolver si se confirma o no lo planteado por el juez de la causal.

Así, todo indica que no habrá una resolución inmediata. Pero los camaristas saben que hay una gran cantidad de detenidos que marcan un poco el ritmo de la causa. Algunas estimaciones judiciales hablan de al menos dos meses de demora, también porque el nuevo camarista Bertuzzi está abocado al final del juicio contra De Vido por Once.

En paralelo, sigue la investigación

Pero el expediente no concluye con el procesamiento. El juez explicó que ante la “dimensión y complejidad” de la causa, se seguirá investigando, “hasta clarificar completamente las maniobras ilícitas por las que se estructuraron todas las "cajas de recaudación", por lo menos en lo que hace a los funcionarios que integraban el ex-ministerio de planificación federal y los “empresarios que se les asociaron”, indicó.

Esto significa que podrán haber más llamados a indagatorias y no se descarta en un futuro, ampliar las acusaciones contra quienes ya están procesados. Esto sumado a que continúan en instrucción tres expedientes conexos a la causa principal conocida como los cuadernos de las coimas.

A raíz de las hipótesis de investigación sobre la recaudación en las áreas de obra pública, transporte, concesión de corredores viales, energía, subsidios al transporte automotor o ferroviario, se buscará avanzar y determinar “las responsabilidades penales que en derecho correspondan de quienes desde el sector empresario o en su carácter de funcionarios públicos actuaron en detrimento de los intereses del pueblo y del erario público”.

La causa continúa y hay tres expedientes en curso: uno que investiga las coimas puntualmente en la obra pública, otro en el transporte y otro en el sector energético.

Pero en paralelo, y en relación a la causa central, para fines de este mes deben declarar ante el juez y el fiscal Carlos Stornelli los dirigentes de La Cámpora, Eduardo “Wado” De Pedro, José Ottavis y Andrés “cuervo” Larroque acusados de ser receptores de los fondos que se cobraban a los empresarios y que se volcaron a la política.

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