Ordenaron una auditoría sobre la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia

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La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó hoy la realización de una auditoría para determinar las razones de la demora en la tramitación de las apelaciones

por las condenas impuestas al ex presidente Carlos Menem y otros acusados por contrabando de armas durante su gobierno que finalmente terminaron en absoluciones el mes pasado porque se violó la garantía de un "plazo razonable" para el juzgamiento del caso.

El trabajo fue encomendado al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial y pide que se "realice un informe cronológico de los actos procesales que tuvieron lugar en el marco del expediente (...) desde el día del dictado de la condena resuelta por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE3". La medida había sido pedida por el diputado radical Mario Negri, cuya denuncia se sumó en un mismo expediente a otras dos que por el mismo tema habían formulado un particular y el ex consejero Alejandro Fargosi.

"En particular, los auditores deberán informar el lapso que las actuaciones estuvieron en cada tribunal y las medidas de prueba o diligencias procesales cumplidas en cada una de esas instancias", agrega el texto firmado este jueves por los miembros de la comisión. El informe también deberá incluir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo una fuente del organismo al recordar que el expediente pasó por los despachos del cuarto piso del Palacio de Justicia.

Luego de una larga investigación que duró más de una década -primero en el juzgado federal que estaba a cargo de Jorge Urso y luego en el de Julio Speroni, de otro fuero, por decisión de la Corte-, el ex presidente primero fue absuelto a mediados de 2011 pero en marzo de 2013 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la sentencia por apelaciones del entonces fiscal Mariano Borinsky y de la querella de la Aduana y ordenó al TOPE3 la fijación de la pena, establecida ese mismo año en siete años de prisión.

Las defensas volvieron a acudir a Casación pero el tribunal, luego de un largo tiempo y con varias vacantes, rechazó volver a estudiar el tema y así el caso volvió a llegar a la Corte Suprema. El máximo tribunal recién se expidió el año pasado, cuando dirigentes opositores objetaron la postulación de Menem para un tercer período como senador por La Rioja. La Corte entendió que la condena no estaba firme porque no tenía el "doble conforme" de otro tribunal y recién el mes pasado la Casación se expidió y con el fallo que generó la polémica con la diputada Elisa Carrió por los dichos previos del ministro de Justicia, Germán Garavano, sobre la conveniencia o no del encarcelamiento de ex presidentes.

El asunto volverá ahora a la Corte por la apelación del fiscal Raúl Pleé, quien pidió revocar la absolución y que incluso sea el máximo tribunal quien dicte la eventual condena para no demorar el caso con un nuevo regreso a la Casación. Para Plee el reciente fallo de Casación, firmado por el voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, con la adhesión parcial de Carlos Mahiques, fue arbitrario y no se violó la garantía del "plazo razonable" para su juzgamiento.

El contrabando de armas a Croacia comenzó en 1991, cuando ese país estaba impedido de adquirirlas por una decisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en medio de la Guerra de los Balcanes que derivó en la secesión de la ex Yugoslavia, pero recién se judicializó, junto con el caso de Ecuador, en 1995, a raíz de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans basada en una investigación de Clarín.

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