Los intendentes presionan para discutir tarifas y controlar a las empresas de energía en el GBA

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Los intendentes del Conurbano apuntan contra las empresas de energía. Quieren tener voz y voto para controlar a Edenor y Edesur, cuya jurisdicción pasó a la órbita de la Ciudad

y la Provincia. A pesar de la temperatura del año electoral, el reclamo hermana a los jefes comunales de Cambiemos, que impulsan las medidas, con sus pares peronistas y kirchneristas.

El tema casi no se tocó en el encuentro de este viernes en Olivos entre el presidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y los intendentes oficialistas de la Provincia. Los únicos que expresaron una queja al respecto fueron dos radicales del Interior. El verdadero problema es el Conurbano.

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Cuatro importantes intendentes de Cambiemos se reunieron este miércoles en la sede de Edenor, en Belgrano. Gustavo Posse (San Isidro), Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Ramiro Tagliaferro (Morón) fueron recibidos por el CEO de la empresa, Ricardo Torres, y el gerente general, Federico Azzarini.

Los alcaldes quieren ser parte del nuevo organismo de control que Ciudad y Provincia conformarán de manera inminente y a partir de 2020 analizará la composición de las tarifas. Más aún, cuando venza el contrato de la empresa en 2021, tendrá a su cargo el llamado para la nueva licitación. Edenor facturó solo en los primeros 9 meses de 2018 ganó $2100 millones.

El reclamo ya llegó vía whatsapp al ministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante, quien reconoce que el reclamo es legítimo.

En rigor, sería apenas un voto en el directorio del organismo de control y dentro de la representación de la Provincia, pero -creen- alcanzaría para evitar que se repita lo que ocurrió en la Revisión Tarifaria Integral de 2016, a la cual los alcaldes no fueron convocados.

Los intendentes están molestos, porque aseguran que el costo de la energía que pagan por el alumbrado es más alto que el domiciliario. “Aumentó 3600% desde 2016”, afirman. También, se quejan por las tarifas de sus hospitales. Además, denuncian que la empresa factura consumos inexistentes y que no computan el cambio de lámparas alógenas a LED y se quejan de la tasa ínfima que pagan por trabajar en sus distritos.

En el sur del Conurbano la situación es más dramática. El servicio es peor y los cortes, más largos.

El mismo día en que sus pares del norte mantenían la reunión con los directivos de Edenor, Néstor Grindetti clausuraba una oficina comercial de Edesur en Lanús. Los jefes comunales aseguran que las acciones no estaban sincronizadas.

El intendente de Lanús lidera los reclamos contra la empresa. En 2016, presentó una demanda colectiva por los cortes prolongados. Ganó en primera y segunda instancia y Edesur fue condenada a pagar una multa por cada día de corte y a implementar un protocolo.

Grindetti también quiso persuadir a la gobernadora sobre la necesidad de tener representación en el nuevo organismo de control y fue más allá: pidió evaluar la exclusión de Edesur de la próxima licitación, en 2022.

Dos municipios gobernados por peronistas -Lomas de Zamora y Almirante Brown- se sumaron al reclamo legal de Lanús contra la empresa.

Los intendentes del PJ bonaerense también fueron vitales para evitar el traslado los $10 mil millones de la tarifa social de Transporte, Energía y Aysa, que Vidal quería trasladarles tras el traspaso desde Nación. Opositores y oficialistas además abogan juntos ante la Corte Suprema en favor de las tasas municipales. Un fallo adverso podría quebrarlos. No los une el amor sino el espanto.

Hasta el momento, las 4 empresas de energía y las 200 cooperativas que trabajan en territorio bonaerense son reguladas por OCEBA, donde los intendentes tampoco tienen un delegado.

Hasta que se forje el nuevo organismo, el ENRE seguirá regulando la actividad de las empresas, que reclaman viejas deudas a Nación.

El tono del reclamo dependerá de la suerte de la actualización del Fondo del Conurbano y de la holgura financiera de la Provincia, que debería hacerse cargo de los subsidios para la distribución. "La manta es corta y alguien va a tener que pagar", reconoce un aguerrido intendente oficialista.

G.B.