La justicia recibió tres propuestas para quedarse con el correo privado OCA

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Este lunes a las 12 horas venció el plazo del "salvataje" para que se presenten los interesados en quedarse con OCA, el correo ligado a Hugo Moyano. Se presentaron tres propuestas:

una empresa y una cooperativa ligadas a Patricio Farcuh -el actual dueño- y una cooperativa en formación de empleados jerárquicos de OCA.

Fuentes judiciales señalaron a Clarín que lo más probable es que el mayor correo privado del país vaya a una quiebra activa y se subaste la compañía, para desplazar definitivamente a Farcuh y porque ninguna de las tres propuestas garantiza el pago de la deuda y la continuidad laboral de los empleados. Es que OCA debe más de $7.000 millones, de los cuales $6.000 millones corresponden a la AFIP.

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Habrá que esperar la decisión del juez Pablo Tejada. Pero OCA está cada vez más cerca de la quiebra. Es que aun en el caso que el juez acepte alguna de las tres propuestas, "ese oferente tiene que ir a la AFIP y decir cuál es su plan de pago, demostrar su capacidad para cumplirlo y la AFIP lo evaluará para ver si lo acepta o no", dijo una fuente judicial. Y agregó: "La gran diferencia es que con la quiebra, el oferente no tiene que pagar toda la deuda".

Por eso, lo más probable es que vaya a una quiebra activa, tal como ocurrió con la petrolera Oil Combustibles, de Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Los tres interesados que presentaron sus propuestas en el juzgado Civil y Comercial de Lomas de Zamora son la empresa Servicio Privado de Transporte (Seprit), ligada a OCA; la cooperativa Los Cedros, formada por un grupo de ex gerentes vinculados a Farcuh; y otra cooperativa, liderada por Daniel Paladino, titular del gremio de los empleados jerárquicos de OCA (AECPRA – Asociación de Empleados de Correo Privado de la República Argentina).

Fuentes judiciales señalaron que la empresa Seprit fue beneficiada por Farcuh cuando estaba el coadministrador judicial Marcelo Griffi, lo que provocó su renuncia, a fines de septiembre pasado. En esa ocasión, Farcuh pagó con dinero de OCA los sueldos de Seprit y de otras dos empresas que forman parte del entramado de compañías de Farcuh (Iron Security y Universal Facility).

El juez Tejada cerró el concurso de acreedores a fin de febreroy designó a tres interventores -que asumirán este martes-. Además el juez le garantizo al sindicato de Camioneros la continuidad de los puestos de trabajo "mientras dure el cram down y la eventual quiebra", dijeron fuentes judiciales.

En el último año aumentó exponencialmente la deuda de OCA con la AFIP. A fines de 2017 debía $3.400 millones. A mediados de 2018 la deuda creció a $5.000 millones. La Justicia le levantó los embargos, para que pueda pagar sus deudas con la AFIP. Pero a fin de año ya debía $ 5.850 millones.

La AFIP, dirigida por Leandro Cuccioli, logró a principios del año pasado la remoción del dueño de OCA de los órganos de dirección de la compañía. Pero el coadministrador Griffi duró poco, ya que renunció a fines de septiembre.

Luego, la AFIP pidió la intervención plena de la compañía, que se concreta ahora con la designación de tres interventores. Además, el organismo recaudador denunció a Farcuh en el fuero Penal Económico, donde el juez Javier López Biscayart lo procesó, a fines del año pasado, por el delito de retención indebida de aportes de la seguridad social, y le trabó un embargo de $ 400 millones.

OCA tiene 6.800 empleados, de los cuales 6.000 están afiliados a Camioneros, gremio que pagó parte del sueldo durante varios meses de 2016, período en el que Moyano tomó el control de la compañía por la fuerza.

El Gobierno plantea que quiere ir "a fondo" para que el correo pague sus deudas con la AFIP. Y asegura que no le teme a las presiones de Moyano, que cargó duro contra el presidente Mauricio Macri y decidió alinearse con el kirchnerismo para las elecciones generales.

En los próximos días, el juez Tejada resolverá si acepta alguna de las tres propuestas para quedarse con OCA o si declara su quiebra con continuidad comercial, para subastarla, tal como hizo el juez Javier Cosentino con Oil Combustibles, cuando el principal acreedor también era la AFIP.