Procesaron al decano de la UTN de la Plata por desviar fondos del Plan Argentina Trabaja

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El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a Carlos Fantini, decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de La Plata y allegado al ex ministro de Planificación, Julio

De Vido, por fraude en perjuicio de la Administración Pública y adulteración de documentos privados en la causa en que se investigan maniobras con fondos del “Plan Argentina Trabaja”. Además, Kreplak embargó a Fantini en 20 millones de pesos. La medida incluye al ex vice decano Fernando Zabala y a otros funcionarios de la UTN como Carlos Alberto López (presidente de la fundación de la casa de altos estudios), Roberto Deluca y Santiago Moyano, entre otros.

En la causa en que se investiga el desvío de parte de 181 millones de pesos del ministerio de Acción Social cuando lo dirigía Alicia Kirchner hacia la UTN para contratar peritos que controlar esos planes sociales. Sin embargo, parte de ese dinero fue desviado y cobrado por personas que usaron el nombre de ingenieros de esa universidad sin su consentimiento. La causa fue abierta en base a una investigación de Clarín con el patrocinio de la fundación Poder Ciudadano, a través de su presidente Hugo Wortman Jofre.

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“La maniobra aquí investigada, implicó un entramado altamente complejo cuya ejecución convergió en manos de múltiples sujetos que, en función de la división de tareas previamente mencionada, realizaron sólo una fracción de la conducta típica”, dijo el juez Kreplak. En tal sentido, destacó que “las conductas desplegadas por Zabala, Fantini y López, los señalan como coautores del hecho investigado, pues todos ellos han efectuado aportes esenciales para la perpetración de la maniobra fraudulenta”.

En su resolución, el juez señaló que se “ninguna de las personas a nombre de las cuales se libraron los 1034 cheques antes aludidos, aparecen cumpliendo labores en el marco de la ejecución del Convenio 1411/2013” con el ministerio de Desarrollo Social. Los cheques eran para pagar becarios que controlar el “Plan Argentina Trabaja”. “Los cheques librados a nombre de esas personas fueron cobrados siguiendo la misma metodología que los expedidos a nombre de otros 250 supuestos becarios, la cual, como se verá más adelante, se habría implementado para concretar el retiro de los fondos desviados” desde un banco, añadió.

Por otra parte, “48 de las personas incluidas como becarias en los listados de liquidación cuestionados negaron haber tenido vínculo laboral alguno con la FRLP o con la Fundación”. En ese sentido,35 de ellos se presentaron como querellantes unto con la Fundación Poder Ciudadano.

En la causa por los desvíos de fondos de la mina de Río Turbio, ya está procesado el decano de la facultad de Río Gallegos de la UTN, Martín Goicochea. En ambos casos se usó el mismo modus operandi de usar fundaciones de las facultades para recibir el dinero de los fondos nacionales y hacer millonarias contrataciones sin llamar a licitación pública.

Una auditoría interna ya había descubierto graves falencias en convenios de cooperación bilateral de la UTN con el gobierno de Cristina Kirchner. El informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la auditoría interna de la UTN nacional encontró la falta de rendición de cuentas sobre 181 millones de pesos que le otorgó entre el 2009 y el 2015 el ministerio de Desarrollo Social -entonces a cargo de la actual gobernador de Santa Cruz, Alicia Kirchner- para controlar el plan Argentina Trabaja. El informe lo tenía en su poder desde principios del 2017 el ex rector de la UTN Héctor Brotto -ligado a De Vido- quien omitió presentarse como querellante.

De Vido está procesado y detenido por la causa Río Turbio, entre otras. Estos convenios sirvieron, según el fiscal Carlos Stornelli, para que De Vido evitara llamar a licitación pública, entre otras maniobras.

En este caso de Río Turbio se descubrió que el ministerio de Planificación hizo la misma intermediación con la UTN La Plata por un total de 376 millones de pesos, que se suman a los 181 del ministerio de Desarrollo Social. Ahora si se suman todos los los organismos nacionales que hicieron convenios con la UTN La Plata en ese período se llega a la astronómica cifra de $ 859 millones.

En la mayoría de los cheques de los becarios, la regional La Plata se quedaba con el 17 por ciento de lo facturado y de ese total 7,5 eran para la fundación. Para la auditoría, el “7,5 de ese 17 que cobraba la fundación era un sobrecosto sobre los servicios prestados”.

En el informe se detectó “la existencia de debilidades en el control interno”, de una contabilidad auxiliar de la regional La Plata y la falta de registros de los movimientos financieros de la fundación. También se recomienda, tomar medidas para “regularizar las falencias señaladas impulsando el desarrollo de los correspondientes instrumentos administrativos, así como el control periódico de las fundaciones y terceros contratados”. También recomienda directamente que se prohíba a este tipo de fundaciones asociadas administrar fondos del Tesoro Nacional.

Durante la gestión de Alicia Kirchner en Desarrollo Social, se firmaron 9 convenios con la fundación de la facultad de La Plata de la UTN para contratar ingenieros que monitorearan el Plan Argentina Trabaja, pero una buena parte de los profesionales que figuran en las listas de cobro por ese servicio nunca participaron de esa auditoría. Es más, varios de éstos ingenieros, consultados por Clarín, contaron que resultaron víctimas de una sustracción de identidad para poder cobrar los cheques. Sus nombres fueron usados para figurar como supuestos consultores de Desarrollo Social y los cheques eran cobrados por terceros en una sucursal el Banco Nación de La Plata. Uno de ellos, Ernesto Fudim, es un médico jubilado del PAMI que jamás pisó la UTN y denunció a este diario que le habían robado la identidad para cobrar plata por servicios que nunca dio.

La mayoría de los nombres de los “consultores” fueron copiados del padrón de graduados de la facultad de Santa Fe de la UTN, contó a este diario un testigo de identidad reservada.

El Plan Argentina Trabaja fue lanzado en agosto de 2009 e implica el cobro de un ingreso mensual para desocupados por tareas en obras y mantenimiento del espacio público.

Los beneficiarios formaron cooperativas y fueron contratados por (municipios, provincias o el INAES). Para controlar este plan, Desarrollo Social firmó convenios con el decano de la facultad La Plata de la UTN, Carlos Fantini.

Un testigo de identidad reservada le dio, por ejemplo, a Clarín dos órdenes de pago del 2013 de esos convenios. Una por $ 3.991.800 y otra por 3.115.900 para pagar, a través de la fundación de la facultad La Plata de la UTN, a 248 y 244 profesionales, respectivamente. Esta fundación la preside Carlos Alberto López, hijo de un conocido militante K de La Plata. Según el testigo, el día de pago iban un grupo de “becarios” K a endosar los cheques y cobrarlos. Afuera, los esperaba una camioneta para llevar el efectivo en valijas. Estas dos órdenes de pago están firmadas por el entonces vice decano, Fernando Zavala. La mayoría de los “becarios” cuyos nombres y apellidos están en la orden escritos todos con mayúscula son del padrón de graduados de Santa Fe. En cambio, la minoría que tienen sus nombres escritos en minúscula estarían relacionados con las autoridades de la fundación.

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