Conflicto por la difusión de los resultados de las pruebas Aprender

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El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, rechazó difundir los resultados de cada una de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires que participó en las pruebas Aprender, pese a

la intimación de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Y pasó a formar parte del pequeño grupo de "incumplidores", que reporta el organismo que conduce Eduardo Bertoni.

Ese incumplimiento desató un conflicto entre el Ministerio de Educación y la AAIP, organismo autárquico, que está en la órbita de Jefatura de Gabinete, que debe garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.

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"Se pretendió justificar la reserva de información mediante la sola invocación de un supuesto daño por 'estigmatización' de las instituciones, sin explicarlo ni acreditarlo en el caso concreto, y sin valorar tampoco el interés público comprometido en la difusión pública de los datos en cuestión", sostuvo Eugenia Braguinsky, directora nacional de Acceso a la Información Pública, en el informe de cierre de actuaciones al que accedió Clarín.

La funcionaria señaló que el acceso a la información pública es un derecho humano, "piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática", que debe respetarse en el marco de una "lectura armónica del cuerpo normativo vigente".

En cambio, desde el Ministerio de Educación destacaron que la Ley Nacional de Educación resguarda la identidad de los alumnos, docentes e "instituciones educativas", para evitar la "estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia". Y que esa política pública fue refrendada por unanimidad de todos los ministros provinciales, en el Consejo Federal de Educación. También rige el "secreto estadístico sobre la información de las evaluaciones educativas", planteó en su informe la Secretaría de Evaluación Educativa.

"Tenemos leyes nacionales que nos impiden otorgar resultados por escuela al público para su difusión. La única excepción es a los efectos de alguna investigación de académicos de una institución reconocida, que firman confidencialidad y no difunden los resultados por escuela", plantearon las fuentes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Algunos especialistas en temas educativos tienen posiciones críticas respecto a la posibilidad de brindar esta información, ya que generalmente las escuelas que tienen peores resultados son las que atienden a los sectores socioeconómicos más bajos y, entonces, se podría ampliar la desigualdad existente.

Justifican su posición en que los resultados de las pruebas Aprender de 2018mostraron que el 91% de los alumnos de Nivel Socioeconómico (NSE) alto tuvo desempeño Satisfactorio o Avanzado en la materia Lengua; frente al 77% del NSE medio y al 59% del nivel bajo. En Matemáticas se reiteró ese desequilibrio, con 78% para el NSE alto, 57% para el medio y 43% los del bajo. Pero nada se dijo sobre el rendimiento de cada una de las escuelas evaluadas.

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El presidente Mauricio Macri estaba de acuerdo en dar a conocer los resultados de las pruebas Aprender, escuela por escuela, tal como solicitó la Agencia de Acceso. Y lo planteó en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, en su discurso del 1° de marzo de 2018. Pero lo supeditó a la reforma de la Ley Nacional de Educación.

“Tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy está prohibido por ley que se publiquen los resultados por escuela y eso no tiene sentido. Por eso les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esa norma”, dijo Macri, el año pasado, en aquella oportunidad.

Pero esa ley no se reformó y, mientras tanto, los padres siguen sin tener la información sobre las escuelas adonde envían a sus hijos.

Por eso, José Lucas Magioncalda -abogado y dirigente político cercano a Darío Lopérfido- pidió el 7 de marzo conocer las resultados Aprender en todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Ante la negativa del Gobierno, Magioncalda recurrió a la Agencia de Acceso, que respaldó su reclamo.

La AAIP tiene registrados 6.197 pedidos de Acceso a la Información Pública en organismos que tienen la herramienta de Gestión Documental Electrónica, desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso. Pero sólo llegaron 427 reclamos a la Agencia de Acceso, desde que fue creada en octubre de 2017, por falta de acceso a la información solicitada.

Además del incumplimiento actual del ministerio que conduce Finocchiaro, la Agencia de Acceso registra otras nueve situaciones similares. Casi la mitad de esos incumplimientos corresponde a la AFIP, uno a Edesur, otro a la Secretaría General de la Presidencia, otro a Radio y Televisión Argentina y dos incumplimientos parciales a la Secretaría de Salud y al Ministerio de Seguridad.