Crece la polémica con la UIF por el origen de los fondos con que ex funcionarios K pagan honorarios a sus abogados

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Un nuevo cruce de comunicados hizo aumentar la polémica entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CPACBA) por la

negativa de cinco abogados que defienden a ex funcionarios K en causas de corrupción a informar sobre el origen de los fondos con que sus clientes les pagan sus honorarios.

Hace dos semanas atrás, el abogado José Manuel Ubeira había denunciado en el juicio oral por la ruta del dinero K ante el tribunal oral federal 4 que había sido intimado por la UIF a informar sobre el origen de los fondos que le pagaban clientes como el ex titular de Yacyretá, Oscar Thomas. Dijo que la intimación de la UIF afectaba “el derecho de defensa y la confidencialidad con su cliente”. En su alegado habló de una supuesta "persecución de Macri" contra los abogados que defienden a ex funcionarios K.

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Ante esa intimación del organismo, que dirige Mariano Federici, rechazó la defensa del colegio -que preside Eduardo Awad- de la negativa de Ubeira y otros cuatro abogados con los mismos clientes cuyos nombres no se conocen. La polémica gira fundamentalmente sobre si el dato sobre el origen de esos fondos lo puede pedir la UIF o un juez.

En la UIF habían explicado que un sistema similar se aplica en países como Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, donde se controlan los honorarios de abogados de narcos, terroristas y corruptos.

En el segundo comunicado de la UIF, se manifiesta “nuestro más profundo respeto hacia quienes ejercen la profesión de abogado con lealtad, probidad, integridad y buena fe, contribuyendo a afianzar la justicia y el fortalecimiento del estado de derecho”. “El abogado tiene como deber básico cooperar con la administración de justicia defendiendo en derecho los intereses que se le confíen. Por lo tanto, corresponde al abogado la defensa del derecho, y no del delito”, agrega.

Luego sostiene que “los abogados, como cualquier otro profesional, deberían aspirar a que los fondos con los que su cliente remunera su tarea, sean legítimos y no ampararse en una garantía legal para obtener de su cliente parte del producido del ilícito. De no ser así, incluso los abogados defensores en causas penales, tendrían y usufructuarían dicha garantía para obtener un rédito no solo antiético sino también ilícito”.

La UIF es el organismo que conforme el artículo 6 de la Ley 25.246 tiene a su cargo el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, sus delitos precedentes, y la financiación del terrorismo.

Para el desempeño de su misión legal, la UIF "se nutre en primer lugar (entre otras fuentes de información) de los reportes de operaciones sospechosas que generan y emiten los denominados “sujetos obligados”, que son aquellos llamados a colaborar de manera proactiva con el esfuerzo estatal, determinados en el art. 20 de la mencionada ley, el cual, como bien se señala, no incluye por el momento a los abogados".

De haber sido incluidos los abogados, "con los alcances que por cierto exige la Recomendación 22 de los estándares del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), los abogados deberían respetar las reglamentaciones que dicta la UIF, y entre otras obligaciones tendrían que reportar de manera proactiva operaciones sospechosas. Este no es el caso al momento en la República Argentina".

Sin perjuicio de ello, aún no siendo sujetos obligados, la UIF "se encuentra facultada", de conformidad con la Ley 25.246 a “solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley…” La UIF resaltó que los informes de los abogados sobre sus clientes “se encuentran amparados por el secreto establecido en el artículo 22 de la citada ley” y solo se harían públicos si fuera necesario hacer una denuncia penal por lavado.

Por lo expuesto, resulta “desacertado aseverar que por no haber sido aún designados los abogados como “sujetos obligados” la UIF carezca de facultades legales para, o que es imposible (tal el término utilizado en el comunicado), formular requerimientos de información a los mismos e indagar sobre el origen de los fondos con los que se solventan los honorarios profesionales”.

“Transparentar el flujo de fondos entre clientes-abogados, sobre todo en casos de delitos precedentes graves, como el narcotráfico y la corrupción a gran escala, resulta para la UIF un deber y para los profesionales una oportunidad de elevar los estándares éticos en el ejercicio de la profesión, contribuyendo al cuidado y fortalecimiento de su reputación”, agrega el comunicado de la UIF.

“Pretender lo contrario importaría consagrar una grave injusticia, habilitando a presuntos delincuentes una vía para seguir contaminando la integridad del orden económico financiero con posibles conductas de lavado de activos, desvirtuando el alcance de garantías constitucionales, y atentando contra el objetivo de impedir que el delito rinda frutos y pague”, agrega la nota del organismo.

Finalmente, la UIF invita al CPACF a profundizar el diálogo en torno a este tema.

Al día siguiente, el CPACF ratificó en su totalidad su comunicado del pasado 6 de agosto pasado. “Es menester poner de manifiesto los errores conceptuales que trasunta el comunicado de la UIF, el cual parece tergiversar (entendemos que involuntariamente), los postulados fundamentales que rigen el Estado de Derecho garantizados en el texto constitucional”.

“La infortunada aclaración que formula el comunicado sosteniendo que los abogados debemos defender el derecho y no el delito así como que debemos aspirar a que los fondos con los que nuestros clientes nos remuneran sean legítimos, a más de importar una falta ética consagrada en el artículo 14 del Código de Etica profesional, significa sencillamente intervenir el principio de inocencia para colocarnos en un lugar de sospecha absolutamente inaceptable”, agregó el CPACF.

Luego el colegio de abogados señala que “el tono admonitorio del comunicado excede, en mucho, la dignidad y la ecuanimidad debida a los colegas y exigimos una pronta retractación. El uso del potencial sólo intenta disimular la violencia institucional que representa el texto que repudiamos con énfasis”.

Si bien “es cierto que el organismo está facultado a requerir información en forma amplia, el artículo citado continúa diciendo que “en los casos en que a la Unidad de Información Financiera le sean opuestas disposiciones que establezcan el secreto de las informaciones solicitadas, podrá requerir en cada caso autorización al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la UIF a opción de la misma”, subrayó el colegio.

Siguiendo la línea argumental la UIF “parece lamentar la ausencia de los abogados en la calificación de “sujetos obligados” pues es justamente por esa excepción que no pueden solicitar la información sin la autorización judicial pertinente”. Pero la ausencia “de los abogados en la categorización del artículo 20 tiene una razón de ser y es, otra vez, la garantía constitucional de defensa en juicio. Todos los seres humanos tienen garantizado el derecho  de ser defendidos en juicio, sean cuales fueren los delitos que se le endilgan y, por sobre todas las cosas, tienen derecho a ser considerados inocentes hasta tanto recaiga sentencia judicial que establezca lo contrario”, puntualizó.

Por tanto, “establecer la sospecha de ilegitimidad de los fondos utilizados por diversas personas para pagar los honorarios de los abogados, reiteramos, importa intervertir las más caras garantías constitucionales sobre las que descansa el Estado de Derecho. Empeora gravemente la situación que utilicen a los abogados para obtener la información que sencillamente podrían obtener proceso judicial mediante. Tampoco es suficiente lo establecido en el artículo 22; puesto que no se trata de guardar el secreto de la información sino de obtenerla fuera de la vía legal pertinente”.

En tanto, “la UIF reporte la operación del pago de honorarios como sospechosa, pues supone que el origen de los fondos es ilícito y formule las denuncias correspondientes al respecto, los abogados tendrán la oportunidad de ejercer su defensa en forma completa y libre ante un magistrado”, agregó el colegio. El secreto profesional “incluye la totalidad de la relación abogado-cliente, incluso la convención respecto de sus honorarios. La interpretación sesgada de la UIF sólo se basa en el interés de obtener datos que sencillamente podrían perseguirse bajo organismos fiscales o ante el Poder Judicial”, finalizó el CPACF.

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