Correo Argentino: analizan un nuevo plan de pagos mientras la Justicia avanza con la causa penal

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Después del aval de la Cámara Federal porteña a la investigación que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, para determinar si el acuerdo con el Correo fue abusivo, todas las

miradas están puestas en el avance de la causa en el fuero Comercial, donde el Gobierno tiene plazo hasta el martes 3 de septiembre para expedirse sobre el nuevo plan de pagos presentado por el Correo.

La empresa de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial una propuesta de pago, para sanear su deuda, de $296 millones al contado, 30 días después de homologado el acuerdo. Además ofrece una actualización de los intereses de la deuda, en el momento que el Estado pague alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la empresa en el año 2003.

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Ante esta nueva oferta formulada por el Correo SA, la Procuración del Tesoro, que es el organismo responsable de aceptar o no el acuerdo, requirió dentro del expediente judicial algunas especificaciones técnicas a la compañía. Según pudo saber Clarín, pidió que esta propuesta esté completamente separada de los demás juicios que tiene la empresa contra el Estado.

Entre otros aspectos, también reclamó un gráfico de actualización de los intereses de la deuda y su forma de pago. Tras la respuesta del Correo SA, formulada hace una semana, y que en exclusiva accedió Clarín, empezaron a correr los plazos que estipuló la Cámara Comercial, como última instancia de negociación, para que el Gobierno dé una respuesta definitiva.

La Cámara estableció 15 días de plazo, que vencen el martes 3 de septiembre, fecha en la que el Gobierno deberá dar una respuesta. Todo sucederá en medio del calendario electoral, es decir, muy cerca de la oficialización de los candidatos y el arranque de la campaña de cara a octubre, lo que podría teñir cualquier posición al respecto. 

Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.

En 2003 el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.

Mientras tanto, en esos años, los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron tres reclamos principales contra el Estado por $ 1.700 millones, otros $500 millones y US$ 120 millones, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas.

Pero en junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada. el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. A fines de 2017, la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa, abusiva" y cuya "irregular aceptación" perjudicaba "gravemente el patrimonio del Estado nacional".

El argumento de la fiscal sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado.

La fiscal Boquin calculó en más de 4.000 millones de pesos la pérdida para el Estado, que provocaría la "condonación de la deuda" que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el año 2033.

Esto derivó en la causa penal que tiene a su cargo el juez Ariel Lijo, donde están imputados el ex ministro de Comunicaciones -actual de Defensa-, Oscar Aguad; el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente de la empresa de la familia presidencial, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la firma Jaime Keidermarcher.

En la justicia federal, la acusación formulada por el fiscal Gerardo Pollicita, sostiene que la operación otorgaba "un beneficio ilegítimo para la concursada", ya que con el acuerdo el Estado resignaba una porción inadmisible de la suma adeudada (99,87%).

Por ello, el representante del Miniserio Público Fiscal acusó de "carácter abusivo del acuerdo celebrado", señalando que lo aceptado por los funcionarios de Mauricio Macri "implicaba reducir la acreencia del Estado a una suma que atentaba contra la integridad de su crédito".

Bajo esta acusación, el juez Lijo indagó a todos los imputados y ahora impulsará medidas de prueba contables para determinar si hubo perjuicio a raíz del acuerdo celebrado en 2016 entre el Correo y el Estado. 

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