Ramos Padilla informó a la CIDH que decide si las llamadas de Daniel Santoro están amparadas por el secreto periodístico

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El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla informó al relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, que abrió un legajo aparte en

la causa D'Alessio para determinar si las comunicaciones telefónicas del periodista de Clarín, Daniel Santoro, están resguardas por el secreto periodístico consagrado por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

En una nota dirigida a la CIDH ante una pregunta de Lanza, Ramos Padilla informó que no le pidió al periodista el nombre de sus fuentes, pero sí que tiene un informe de Telefónica con sus llamadas entrantes y salientes de los últimos tres años que, hasta ahora, mantiene en reserva.

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Santoro con el apoyo de FOPEA, ADEPA y la Academia Nacional de Periodismo sostuvo que sus comunicaciones están, también, protegidas por el secreto profesional, ya que ese informe es como una radiografía de sus fuentes. La difusión de ese informe podría en peligro el trabajo y hasta la integridad física de las fuentes.

En particular sobre Santoro, indicó Ramos Padilla a la CIDH, “sólo se dispuso una única medida de prueba, a requerimiento del fiscal que reclamó se solicite a las compañías de telefonía celular informen la titularidad de la línea telefónica y las llamadas entrantes y salientes de uno de sus teléfonos”. En la causa está comprobado que el falso abogado Marcelo D'Alessio tenía contactos con más de 20 periodistas de los cuales Santoro fue el único procesado por supuesta coerción e intento de extorsión y otros 3 declararon como testigos entregando voluntariamente al juez parte de sus llamadas telefónicas y sus mails.

“En ningún caso se observan situaciones, ni se han denunciado en el expediente, circunstancias que pudieran permitir presumir que pudieron verse afectados sus derechos y en particular el derecho a preservar sus fuentes”, escribió el juez en su nota a la CIDH.

“Por otro lado, no se han realizado tareas de investigación, inteligencia, allanamientos, secuestros, ni ninguna otra medida invasiva sobre ningún periodista”, resaltó el magistrado.

En el legajo especial por esta tema, el fiscal Pablo Curi insistió en consultar las llamadas de Santoro. Por su parte, los abogados del periodista Mauricio De Nuñez y Guido Schiaretti, pidieron la destrucción de ese informe con las llamadas porque constituye “una violación” al secreto profesional periodístico.

En otro pedido, los defensores también solicitaron anular la orden del juez para que la Comisión Provincial de la Memoria, que presidente Adolfo Pérez Esquivel, investigue si las notas de Santoro constituyeron operaciones de acción psicológica. Y, además, los abogados defensores se quejaron por las “advertencias” de Ramos Padilla, en el procesamiento, a un posible entorpecimiento de la investigación por parte de Santoro, que implican una virtual mordaza. En otras palabras, el juez dijo que lo deja en libertad mientras dure el proceso, pero advierte que su trabajo como periodista podría entorpecer la investigación, lo cual es una amenaza para que se autocensure, so pena de detenerlo o de sumarlo a la asociación ilícita que supuestamente dirigía D'Alessio.

Este debate sobre la libertad de expresión se da mientras la Cámara Federal porteña, integrada por Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, confirmó una resolución del juez federal Ariel Lijo, quien había desestimado un pedido del líder de Camioneros -patrocinado por el abogado Daniel Llermanos- de investigar a los periodistas Alfredo Leuco, Luis Majul, Alejandro Fantino y Gustavo Grabia como parte de una organización de espionaje que buscaba perjudicar al gremialista.

Los camaristas porteños subrayaron la prioridad de la libertad de expresión y el secreto profesional periodístico para sentar esta posición y se opusieron a la criminalización del trabajo de los periodistas. Este tribunal, desde hace años, viene fallando a favor de la libertad de expresión en otros casos donde se pidieron investigar las llamadas de periodistas como los casos Thomas Catán y Matías Longoni, entre otros.

En su presentación, De Nuñez y Schiarreta recordaron que en su indagatoria, Santoro “tampoco relevó el secreto profesional que protege sus fuentes y, conforme surge de esta presentación, tampoco lo hará ni lo consentirá”.

Los letrados destacaron que “la labor periodística, y en este caso la cobertura de casos judiciales y de corrupción estatal -como los que suele cubrir el señor Santoro- donde se compromete el normal funcionamiento de distintos estamentos institucionales y su posible enredo con factores del crimen organizado, remite a un contexto de opiniones sobre temáticas vinculadas con el interés público”.

“En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones que afectan bienes sociales y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas", según estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Kimel vs. Argentina" subrayaron.

Finalmente, los abogados señalaron que la carta magna argentina destaca que “entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal”.

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