La Justicia intervino el Correo Argentino y envió el expediente del concurso a la Corte Suprema

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, envió a la Corte Suprema de Justicia el expediente del concurso del Correo Argentino SA, la firma del Grupo Socma, de la familia

de Mauricio Macri. Fue al hacer lugar a un recurso planteado por el Estado en representación de la Procuración del Tesoro, para contar con más tiempo para analizar una propuesta de pago de la empresa. En paralelo, la jueza comercial dispuso la intervención del Correo Argentino SA, según confirmaron fuentes de la firma a Clarín.

A mediados de julio la empresa de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial una propuesta de pago, para sanear su deuda, de $296 millones al contado, 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofrece una actualización de los intereses de la deuda, en el momento que el Estado pague alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner.

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Ante esta nueva oferta formulada por el Correo SA, la Procuración del Tesoro, representada por Bernardo Saravia Frías, que es el organismo responsable de aceptar o no el acuerdo, requirió más tiempo y dentro del expediente judicial algunas especificaciones técnicas a la compañía y por la "gravedad institucional del tema". Según pudo saber Clarín, solicitó que esta propuesta esté completamente separada de los demás juicios que tiene la empresa contra el Estado.

Entre otros aspectos, también reclamó un gráfico de actualización de los intereses de la deuda y su forma de pago. Tras la respuesta del Correo SA,  empezaron a correr los plazos que estipuló la Cámara Comercial, como última instancia de negociación, para que el Gobierno dé una respuesta definitiva.

La Cámara estableció 15 días de plazo, que vencía el 3 de septiembre, para que el Gobierno dé una respuesta. Antes que venza este plazo, la Procuración presentó un recurso extraordinario ante la Cámara, considerando acotado el plazo otorgado. La Sala B concedió dicho recurso y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que sea quien resuelva sobre la prórroga solicitada por el Estado para que acepte o no el plan de pago de Socma y dar por cerrado el concurso. 

En paralelo, la jueza comercial Marta Cirulli, ordenó el nombramiento de un coadministrador sin plazos específicos. Indicó en la resolución a la que accedió Clarín, que una vez realizado el nombramiento, 30 días después se deberá presentar el primer informe y será allí que se determine la extensión de la veeduría. 

En su resolución la magistrada le concedió tres facultades al interventor: "Participar de las deliberaciones del órganos de administración, proponer al Directorio medidas para abaratar costos y por último, informar cuáles son los pasivos post concursales". Esta intervención no desplaza al Directorio actual de la firma sino que oficia de interventor informante.

Jaime Cibils Robirosa, presidente de la compañía, en diálogo con Clarín expresó: "No correspondía tomar esta medida, es porque la compañía más allá de todos los avatares está viviendo genuinamente de los aportes que recibe de sus accionistas y a su vez con un compromiso de sus accionistas en el sentido que ninguno de estos aportes le van a ser exigibles a la compañía hasta tanto la firma cumpla con todas sus obligaciones de pago hasta todos sus acreedores concursales y/o post concursales".

Por otro lado, el Presidente de la firma dijo que "luego de este proceso tan largo  es que nunca nadie ni los medios ni la Justicia en general se hayan cuestionado cómo el Estado Nacional durante 16 años haya continuado utilizando gratuitamente los bienes del Correo SA". 

El recorrido de la causa

Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad de la familia Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo privado no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.

En 2003 el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.

Mientras tanto, en esos años, los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron tres reclamos principales contra el Estado por $ 1.700 millones, otros $500 millones y US$ 120 millones, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas.

Pero en junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada. el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. A fines de 2017, la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa, abusiva" y cuya "irregular aceptación" perjudicaba "gravemente el patrimonio del Estado nacional".

El argumento de la fiscal sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado. Calculó en más de 4.000 millones de pesos la pérdida para el Estado, que provocaría la "condonación de la deuda" que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el año 2033. Sin embargo, el abogado experto en quiebras, Daniel Vitolo, explicó que el cálculo de la fiscal estaba equivocado porque se trataba de una empresa concursada.

Esto derivó en la causa penal que tiene a su cargo el juez Ariel Lijo, donde están imputados el ex ministro de Comunicaciones -actual de Defensa-, Oscar Aguad; el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente de la empresa de la familia presidencial, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la firma Jaime Keidermarcher.

Lijo ordenó el miércoles la realización de un "informe técnico contable" vinculado a la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino S.A. al Estado nacional, en el marco del concurso de acreedores de la firma, informaron fuentes judiciales.

El magistrado pidió a la justicia Comercial que le envíen el cuerpo principal del expediente del concurso, y dispuso la realización del estudio que analizará la deuda de la empresa, y el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno, para determinar si fue "abusivo" como denunció la fiscal general de ese fuero, Gabriela Boquin.




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