Cruces entre el Gobierno y Daniel Vila por la devolución de frecuencias de telefonía celular

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Los funcionarios Germán Garavano y Andrés Ibarra salieron a responder las acusaciones del empresario de medios Daniel Vila contra el presidente Mauricio Macri, quien planteó que fue extorsionado para levantar juicios por la

tenencia de frecuencias de telefonía celular. Es que quien dio de baja la adjudicación de esas frecuencias fue el Gobierno  de Cristina Kirchner, en septiembre de 2015; y Macri recuperó las frecuencias para el Estado, pese a la judicialización que intentó llevar adelante el presidente del Grupo América y titular de Arlink.

"Ante los dichos de Vila contra Mauricio Macri considero que se trata de manifestaciones contradictorias, poco rigurosas, de tinte político y personal, sin entidad penal", dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano.

 

"Estas frecuencias fueron otorgadas por el gobierno anterior y nunca fueron pagadas por el Grupo Vila. Nuestro gobierno las recuperó y forman parte del futuro proceso licitatorio, para empresas nacionales y regionales, que está en vías de instrumentación", agregó Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización.

 

Es que el presidente del Grupo América afirmó que el presidente Macri le reclamó que devolviera las frecuencias de telefonía celular, "porque lo tenía comprometido con Clarín", dijo Daniel Vila, pese a que Clarín nunca necesitó esas frecuencias de telefonía celular.

Ante su negativa, Vila dijo que el Presidente envió al entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a presentar una denuncia penal en su contra, allá por el año 2017.

Recién cuando devolvió el espectro, Macri "me mandó un whatsapp diciéndome que ya le había dado instrucciones al Procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal", señaló Vila, la noche del miércoles, durante una entrevista que le hizo Alejandro Fantino, en Animales Sueltos, por América.

 

"Eso no es sólo meterse con la libertad, sino que también es inmiscuirse en el Poder Judicial, cosa que está prohibido, porque esta es una república con división de poderes", dijo Vila en la entrevista que le hicieron en su canal de televisión.

Ante esas declaraciones, Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, presentó una denuncia contra Aguad y Macri, para que se investiguen las supuestas presiones que Vila dijo haber recibido por parte de Macri. El fiscal federal Guillermo Marijuan le dio curso a esa denuncia, que recayó en el juzgado federal de María Romilda Servini de Cubría.  

La polémica en torno a esas frecuencias se remonta a junio de 2015 cuando la empresa Arlink, de Vila y José Luis Manzano, se adjudicó parte de las frecuencias 3G y 4G que subastó el Gobierno kirchnerista, por las que se comprometió a pagar 506 millones de dólares. De hecho, los otros tres operadores de telefonía celular pagaron US$ 1.727 millones por el resto de las frecuencias subastadas.

 

Pero como el grupo Vila-Manzano no quiso pagar los US$ 506 millones comprometidos en la subasta, a los pocos meses, en septiembre de 2015 el directorio de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) declaró sin efecto la adjudicación del espectro a Arlink.

AFTIC era el organismo encargado de la subasta y estaba manejado por un directorio encabezado por Norberto Berner (de La Cámpora) y otros cuatro directores (dos kirchneristas, uno radical y otro del Frente Renovador), cuyos miembros resolvieron por unanimidad revocar la adjudicación de esas frecuencias a Arlink, por querer apropiarse de un recurso escaso, cuya administración está en manos del Estado.

Daniel Vila y José Luis Manzano pidieron un amparo con medida cautelar, que fue rechazado en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, presentaron otro pedido de amparo en Mendoza, donde la Cámara Federal de esa provincia aceptó la cautelar, en octubre de 2015. Pocos días después, el gobierno de Cristina Kirchner entregó ese espectro a la empresa estatal Arsat, a través de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital. Sin embargo, el grupo Vila-Manzano seguía sin devolver esas frecuencias de telefonía celular, ya que había logrado que la Cámara Federal de Mendoza mantuviera la medida cautelar.

 

Por eso fue que, en abril de 2017, el Ministerio de Comunicaciones presentó una denuncia penal a la que hizo referencia Vila, para que se investigue la adjudicación de las frecuencias a Arlink y "todo lo acontecido posteriormente en relación con dicha adjudicación, en el entendimiento de que se pudiera haber causado un perjuicio al Estado", dijo Andrés Ibarra, quien aclaró que esa denuncia no estuvo dirigida a ninguna persona en particular. Y agregó que pocos días después, "tras una audiencia de conciliación", Supercanal propuso un acuerdo por el cual devolvía el espectro, desistiendo de la medida cautelar.

Las polémicas declaraciones de Vila en el canal América TV surgen una semana después de que la Cámara Federal porteña confirmó un duro fallo judicial contra el ex secretario de Comunicaciones kirchnerista y titular de AFTIC, Norberto Berner, y los integrantes de la comisión precalificadora de la subasta de frecuencias de telefonía celular. Esos funcionarios fueron procesados y embargados por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, por "direccionar" la subasta en beneficio de Arlink, pese a que esa empresa no reunía los "requisitos económicos" para participar de la subasta. 

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