Operativo Puf: la Comisión por la Memoria entregó al juez Alejo Ramos Padilla un informe sobre el caso D'Alessio

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le entregó este martes al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla un nuevo informe sobre los documentos de inteligencia que obran en la "causa

D'Alessio". Según el trabajo, el esquema operativo delictual involucraría a "actores de la justicia provincial y federal e incluso periodistas".

El 6 de agosto, Ramos Padilla había encomentado a la CPM que "describa todas aquellas operaciones de acción psicológica que puedan ser identificadas en los diferentes hechos que conforman el objeto procesal de esta causa que pudieran tener vinculación con las publicaciones y actividad del periodista Daniel Santoro", a quien procesó 4 días antes de las PASO. Para el juez, la Comisión era el "único organismo con la experticia necesaria y acceso a la prueba digital del expediente en condiciones de confidencialidad".

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La extravagante orden del juez para que la Comisión identifique y "describa" supuestas "operaciones de acción psicológica" en las notas del periodista de Clarín tuvo una dura respuesta incluso por parte del fiscal de esa misma jurisdicción, Juan Pablo Curi.

Pero Ramos Padilla consideró que la CPM, que preside Adolfo Pérez Esquivel, “es un organismo extrapoder autónomo” y no parte del poder ejecutivo de la provincia. Para el juez, que un organismo estatal audite notas periodísticas no constituye una violación a la libertad de expresión.

Cuando se conoció la medida en agosto, la SIP, FOPEA y ADEPA coincidieron en opinar que la orden “constituye una clara amenaza a la tarea informativa e implica el intento de consagrar una suerte de auditoría estatal sobre el trabajo periodístico, algo que vulnera la libertad de prensa consagrada por nuestro ordenamiento legal".

Pero no sólo eso. Como puede verse en la foto que ilustra esta nota, Pérez Esquivel milita en favor del candidato Alberto Fernández y tiene cercanía con el operador kirchnerista y ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés. ¿Por qué es importante este vínculo?  Porque Valdés fue grabado el 18 de enero en una charla con el detenido Juan Pablo Schiavi (ex secretario de Transporte de la Nación). Esto decía en esa conversación:

—¿Está movido el ambiente? —pregunta Schiavi.

—Va a haber novedades, quedate tranquilo. "Operativo Puf... Bonadio, Stornelli, Puf..." —le replica Valdés.

La Operación Puf, de cuyo armado participaron conspicuos operadores kirchneristas en conexión con presos por corrupción en la cárcel de Ezeiza, busca terminar con la Causa de los Cuadernos.

De ahí que resulte cuando menos llamativo que Pérez Esquivel sea quien audite el caso y no se tenga en cuenta su relación con una de las personas que lo impulsó.

El comunicado de la CPM del martes dice que "en esta etapa del trabajo de peritaje que viene haciendo el organismo provincial, el material probatorio consolida las investigaciones y procesamientos encarados por el juez, confirmando el funcionamiento de una red de espionaje ilegal utilizada para cometer delitos".

En términos generales el nuevo informe de la CPM sostiene la existencia de una red de espionaje ilegal y detalla que "los documentos permiten observar con claridad cómo funcionaba lo que se denomina 'el ciclo de inteligencia', un complejo proceso mediante el cual se recolectaba información, se la procesaba y analizaba para finalmente ponerla en circulación y hacerla pública. Todo esto sucedía bajo una planificación estratégica y un patrón de comportamiento común que tenía varios objetivos".

El informe "confirma la participación de Marcelo D'Alessio en estas tareas de inteligencia, reconoce el hallazgo de nuevos indicios sobre posibles vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y advierte que en el esquema operativo se involucraba a actores de la justicia provincial y federal e incluso a periodistas".

Uno de los puntos novedosos constata que las actividades de inteligencia de D'Alessio y otros ex agentes tenía entre sus objetivos principales influir en la opinión pública a través de los medios.

En su declaración ante la Justicia, Santoro negó formar parte de la asociación ilícita. Además, solicitó que se anule el informe con las llamadas entrantes y salientes de su teléfono celular, que le proveyó la empresa Telefónica, ya que están protegidas por el secreto profesional periodístico, garantizado por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

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