La última auditoría de medios la hizo el general Ramos Camps sobre La Opinión de Jacobo Timerman

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El último antecedente de este tipo de autorías de contenido de medios, como el que hizo la Comisión Provincial de la Memoria sobre notas de varios periodistas en el caso D'Alessio,

fue realizado por el represor Ramón Camps, tomando conceptos de las operaciones de acción psicológica que usaron los ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría.

En el libro “Las Palabras son Acciones” la biografía no autorizada de Jacobo Timerman escrita por Fernando Ruiz y en la tesis doctoral de este profesor de la universidad Austral, se recuerda que Camps hizo crear un equipo parecido al de la Comisión Provincial de la Memoria para leer todas las ediciones del diario La Opinión y buscar “el verdadero trasfondo de las notas”.

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La dictadura consideraba a La Opinión como “el apoyo periodístico más importante de las organizaciones extremistas desde su aparición en 1971”. La conclusión del “estudio” de contenido sobre la Opinión de los especialistas fue que el diario “era la empresa de disolución cultural más nociva con la que cuenta el marxismo en nuestro país”.

Salvando las distancias, así como Camps llegaba a esas conclusiones ahora la CPM concluyó que hubo “una intención de influir sobre la opinión pública a través de la diseminación de información en los medios de comunicación producto de actividades de inteligencia ilegal. Los casos revelados indican un particular interés en la difusión de presuntos casos de corrupción relacionados con las anteriores gestiones del gobierno nacional”, en alusión a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner

El profesor Ruiz citó esa auditoría de medios de los libros del represor y ex general Ramón Camps llamados “Caso timerman.Punto final” y el “El Affaire Graiver”. El objetivo de Camps era demostrar que los artículos publicados en La Opinión constituían operaciones psicológicas a favor de los grupos guerrilleros como Montoneros y el ERP.

Como ha dicho el constitucionalista Daniel Sabsay el único organismo que puede auditar una nota periodística en la democracia es la Justicia en un juicio por daños y perjuicios y nunca un brazo del poder ejecutivo como la CPM.

Sin embargo, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, encomendó a la CPM -integrada por varios colegas que igual que él pertenecen a Justicia Legítima- “mensurar el alcance de las acciones de inteligencia y espionaje ilegales en los términos del artículo 4° de la ley 25.520 de inteligencia nacional” que prohíbe a la organismos de Inteligencia realizar operaciones de acción psicológica y nada tiene que ver con el libre ejercicio del periodismo.

Si bien la CPM tiene un carácter autónomo depende del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. El polémico informe está firmado por Pérez Esquivel, quien apoya públicamente la candidatura presidencial de Alberto Fernández y se lo ve en fotos con el operador K Eduardo Valdes (imputado en la causa del “Operativo Puf”), Víctor Mendibil, Ernesto Alonso y el secretario coordinador de ese organismo provincial, Roberto Cipriano García.

En un artículo, el ex jefe de corresponsales de la agencia Reuters en Buenos Aires, el periodista norteamericano John Reichertz descalificó el uso de auditorías sobre la prensa en en plena democracia en un artículo publicado en el blog www.josecrettaz.com.

En su procesamiento del periodista Daniel Santoro, el juez federal Ramos Padilla confirmó que pretende avanzar con “una teoría legal sin precedentes y peleada con la Constitución Nacional, que de ser aplicada, terminará silenciado a los periodistas a través de los tribunales”.

“La teoría legal que pretende inaugurar el juez de Dolores tiene varios problemas de fondo. Para comenzar, fundamenta su posición en la Ley de Inteligencia Nacional, que tiene el objetivo de fijar las bases jurídicas para el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional. Esta ley no se refiere en ningún momento al ejercicio del periodismo ni al derecho a la libertad de expresión de los habitantes del país”, destacó Reichertz.

En su escrito, “el juez se basó en el Artículo 4, inciso 3, de la ley, que prohíbe “a los organismos de inteligencia (…) influir de cualquier modo” en la opinión pública, personas, partidos políticos, instituciones y los medios difusión, entre otras cosas. Lo que dicta la ley es absolutamente sensato en su aplicación a los organismos de inteligencia, pero se torna inconstitucional en su aplicación a periodistas”.

Sin embargo, el veterano periodista destacó que “La Constitución Nacional en su Artículo 14 confiere a todos los habitantes del país el derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.” En su Artículo 32 establece que el “Congreso Nacional no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta ni establezcan sobre ella la jurisdicción federal””.

“La ley que pretende aplicar el juez Ramos Padilla para analizar la actividad del periodista Santoro, es específica únicamente en que debería aplicarse a los organismos de inteligencia, no a los periodistas. Luego, el alcance que le da a la norma es tan amplio que podría poner en jaque legal a toda publicación periodística, llevando a una extrema discrecionalidad”, agregó.

Por otro lado, “la Ley de Inteligencia en ningún momento hace referencia a la “acción psicológica”, un concepto que no está definido y por queda abierta a todo tipo de interpretación arbitraria. ¿Qué palabra empeñada no tiene algún impacto sobre la psiquis de una persona, por positivo, por negativo, por estimular el intelecto, por emocionar, por incentivar o frustrar?” “Aún con todas las imprecisiones sobre la naturaleza de la supuesta actividad ilegal, el juez Ramos Padilla encarga la tarea de la investigación judicial a la Comisión de la Memoria bonaerense, un organismo que ni es auxiliar formal de la justicia ni tiene experiencia, conocimiento ni responsabilidad con relación a la tarea asignada” añadió.

“Todos estos hechos constituyen una de las más insólitas, arbitrarias y graves amenazas a la libertad de expresión, ordenadas por un juez, en la historia democrática”, finalizó Reichertz.

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