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Hubo un empate en la Bicameral que debía aprobar el decreto de Macri para recuperar bienes vinculados a la corrupción y el narcotráfico. La definición estuvo en manos del presidente, Marcos Cleri, del FPV. Los argumentos y la lectura política del oficialismo. Por Mariel Fitz Patrick


 

 

 

 

El oficialismo tenía esperanzas de que por el consenso social en favor de recuperar en forma rápida los bienes vinculados a la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, la Bicameral de Trámite Legislativo aprobara ayer -aunque más no fuera por un voto- el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó Mauricio Macri el 21 de enero. Sin embargo, perdió la votación luego de que el peronismo impusiera un dictamen de rechazo en alianza con el Frente para la Victoria (FPV).

Los dos dictámenes obtuvieron ocho votos cada uno, pero el que llevaba la firma del presidente –el diputado del FPV Marcos Cleri- pasó a ser considerado de mayoría, ya que su voto vale doble en caso de empate.

"El Presidente emitió decretos pese a que ambos temas se están tratando en el Congreso Nacional", advirtió Cleri, quien ocupa la presidencia desde principios de año tras un acuerdo de rotación con el resto de los integrantes de la oposición.

Marcos Cleri
Marcos Cleri
 

Ese fue uno de los dos argumentos centrales de los que votaron el rechazo al DNU de extinción de dominio: la existencia de dos proyectos con media sanción en trámite parlamentario -uno aprobado en el Senado en agosto último y otro por Diputados en junio del 2014, aunque con diferencias sustanciales-, por lo que no estaría justificada la "necesidad y urgencia" de un decreto. También el hecho de que avanza sobre temas penales, cuando estos son materia de aprobación parlamentaria.

Para defender la necesidad del DNU, el diputado del PRO Juan Pablo Tonelli recordó que la iniciativa lleva tres años en el Parlamento sin lograr ser aprobada.

El otro argumento de la oposición en la Bicameral para rechazarlo fue su "inconstitucionalidad" ya que "viola el derecho de defensa del acusado". Naidenoff refuta esta posición al afirmar que "el decreto contempla invertir la carga de la prueba, algo natural cuando se trata de bienes que se sospecha son producto de delitos de corrupción, el narcotráfico o el crimen organizado".

"Lamentablemente, se reitera la misma foto. Cuando se trata de defensas corporativas y de ex funcionarios involucrados en delitos corrupción, hay un solo peronismo", sostuvo el senador de Cambiemos Luis Naidenoff, vicepresidente de la Bicameral, ante Infobae.

Sesion extraordinaria Senado 19122018 (21)https://s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/12/19170248/Sesion-extraordinaria-Senado-19122018-21-768x432.jpg 768w, https://s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/12/19170248/Sesion-extraordinaria-Senado-19122018-21-1024x576.jpg 1024w, https://s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/12/19170248/Sesion-extraordinaria-Senado-19122018-21-1200x675.jpg 1200w, https://s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/12/19170248/Sesion-extraordinaria-Senado-19122018-21.jpg 1920w" width="1920" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; max-height: 100%; width: auto !important; height: auto !important;">El senador de Cambiemos Luis Naidenoff, vicepresidente de la Bicameral

Más allá del dictamen de mayoría contra el DNU, éste sigue  vigente. Para que deje de estarlo, debe ser rechazado por ambas Cámaras -el texto es enviado a las dos en forma simultánea-, algo que en el oficialismo estiman poco probable. Si bien en el Senado el peronismo y el FPV tienen una clara mayoría, en Diputados hay mayor dispersión de bloques y posiciones.

Votaron en contra, además de Cleri, los senadores Teresa González (PJ), Daniel Lovera(PJ-La Pampa), Guillermo Snopek (PJ) y Anabel Fernández Sagasti (FPV), y los diputadosJuan José Bahillo (PJ) y Eduardo "Wado" De Pedro (FPV), que reemplazó a Máximo Kirchner quien estuvo ausente.

Había dudas sobre la posición de la senadora salteña María Cristina del Valle Fiore Viñuales, quien responde al gobernador peronista Juan Manuel Urtubey, pero finalmente sumó su firma al dictamen de rechazo al sostener que se trataba de "avasallamiento" al Parlamento.

La reunión bicameral del martes (Pablo Grinberg / Comunicación Senado)
La reunión bicameral del martes (Pablo Grinberg / Comunicación Senado)

A favor lo hicieron los senadores de Cambiemos Naidenoff, Silvia Giacoppo, y Pedro Braillard Poccard, así como los diputados Pablo Tonelli, Luis Petri, Ezequiel Fernández Lagan, Martín Hernandez y Alejandro García, que reemplazó a Fernando Iglesias.

En la lectura del oficialismo, la alianza del peronismo federal con el kirchnerismo para rechazar un DNU "fue una pésima estrategia" ya que el tema tiene amplio consenso social. "Al buscar atajos de constitucionalidad, como el requisito de necesidad y urgencia, el peronismo desaprovechó una oportunidad, y quedó en evidencia qué intereses defiende", señaló Naidenoff.

Por ley

En Cambiemos creen que "no debería haber un tratamiento inmediato del decreto" y que para no pagar el costo político, el peronismo y sus aliados buscarán aprobar alguna de las dos medias sanciones que están en el Congreso para sacarlo por ley. Ninguna de ellas contaba con el beneplácito del Gobierno.

Sin embargo, las iniciativas aprobadas por cada una de las Cámaras tienen diferencias sustanciales. La existencia de un proceso autónomo en el Fuero Civil y Comercial Federal (una vez abierta una causa penal), la no necesidad de contar con una condena penal y la retroactividad emparentan el DNU con el proyecto aprobado en Diputados.

Pero el decreto tiene una diferencia importante con esa media sanción: el momento a partir del cual se puede iniciar una acción civil de extinción del dominio de bienes. En el proyecto de la Cámara baja podía activarse a partir de la "sospecha fundada" de un fiscal; en el DNU, a partir del momento en el que el juez penal pide el embargo de los bienes del acusado, o dispone alguna medida cautelar como la intervención judicial de una empresa.

El decreto dispuso la creación de una nueva Procuraduría de Extinción de Dominio a intervenir en el Fuero Civil y Comercial Federal, para comenzar una investigación patrimonial que dé origen a una demanda de recupero de bienes en sede civil. Contempla, además, que el proceso de decomiso de los bienes que pasarán a manos del Estado pueda aplicarse a bienes obtenidos ilegalmente en los últimos 20 años.

El DNU prevé también modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial Federal "para agilizar el proceso de decomiso" y permitir "un proceso sumarísimo de recupero de los activos", algo que no estaba contemplado en las iniciativas parlamentarias.

Para rebatir los cuestionamientos a la constitucionalidad de un DNU, desde el Ministerio de Justicia resaltaron cuando fue anunciado que "no se está modificando el Régimen Penal, sino que se está creando una nueva herramienta en la esfera civil".

Rechazo a otros dos decretos

Junto al DNU de extinción de dominio, la Bicameral también rechazó el que dispuso frecuencias de 3G y 4G de ARSAT al ENACOM para subastarlas entre operadores regionales -el proyecto de "ley corta" de comunicaciones impulsado por el Gobierno había sido aprobado en Senadores pero se trabó en Diputados- y el decreto que disolvió la Secretaría de Deportes para convertirla en la Agencia de Deporte Nacional.

fuente infobae