Frenar el dólar y expandir el consumo, el nuevo desafío del Gobierno

Economia
Lectura

Con pocas horas de diferencia, el BCRA y el Gobierno anunciaron medidas en dos direcciones contrapuestas.

El BCRA dispuso congelar los límites de la zona de no intervención hasta fin de

año y eliminar al mismo tiempo la posibilidad de comprar dólares (contra emisión de pesos) en caso de que el dólar perforara el piso de la zona.

Con esta decisión, la autoridad monetaria buscó operar sobre las expectativas, reforzando el sesgo contractivo esperado y el compromiso, leyendo entre líneas, de “hacer todo lo posible” para evitar un nuevo evento cambiario, frente a una combinación de riesgo país e inflación que pone presión sobre el equilibrio dólar/tasa de corto plazo, hoy atenuada por la alta estacionalidad en la liquidación de la cosecha y el inicio de las subastas del Tesoro.

Newsletters Clarín
Qué pasó hoy | Te contamos las noticias más importantes del día, y que pasará mañana cuando te levantes

Qué pasó hoy | Te contamos las noticias más importantes del día, y que pasará mañana cuando te levantes

De Lunes a viernes por la tarde.

Recibir newsletter

Vale recordar que desde mediados de febrero el programa monetario mutó de un esquema de sobrecumplimiento de las metas originales para reforzar credibilidad, a uno donde la prioridad es intentar minimizar la probabilidad de un nuevo evento cambiario, siendo la tasa, en los hechos, endógena a este objetivo de tipo de cambio.

La decisión de no ajustar la banda superior puede leerse como una referencia que busca operar sobre las expectativas de inflación/devaluación y las tasas largas, aunque la limitada capacidad del BCRA para defender el techo en caso de un evento cambiario requiere que, para ser efectiva, la señal sea percibida como creíble por el mercado. Esto es, que los agentes estimen que el BCRA mantendrá su compromiso implícito de seguir ajustando la política monetaria en caso de tensiones en el mercado de cambios, y por ende, no lleguen a testear el límite superior. Por su parte, la decisión de no expandir base monetaria en caso de que la demanda de dinero acompañe sí implica un refuerzo del sesgo contractivo, descartando la última bala de plata para suavizar la dureza de la política monetaria y el “choque”, en una economía con elevada inercia inflacionaria, con una política de ingresos que combina en estos meses el impacto de las paritarias, los aumentos en jubilaciones y programas sociales y el impulso al crédito Argenta.

Por el contrario, las medidas anunciadas el miércoles apuntan a intentar dar algo de aire al consumo y a las empresas y, en los hechos, “compiten” con los anuncios del BCRA. La falta de alcance y ambición de las medidas es un reflejo de la magnitud de la restricción presupuestaria que afecta a la economía en estos niveles de prima de riesgo soberana.

Algunas de las medidas son correctas incluso para escenarios más benignos, como las que apuntan a desalentar prácticas de deslealtad comercial o monopólicas y las que reducen los costos financieros a las empresas. Sin embargo, a nivel global, incorporan decisiones que fueron criticadas durante mucho tiempo, en las que la política económica que debe implementarlas parece no creer, y que en muchos casos no resultan sostenibles en caso de un deterioro de la situación macroeconómica. Aun siendo exitosas en dar algo de alivio en el corto plazo, corren el riesgo de agudizar las restricciones hacia adelante.

Al comprometerse a no llevar adelante aumentos tarifarios adicionales, el Gobierno parece haber descartado un recurso que lucía probable en caso de que la caída en términos reales en la recaudación complicara los objetivos fiscales (como señaló el FMI en la tercera revisión del acuerdo), al tiempo que no se aclaró qué ocurriría en caso de que una dinámica más acelerada del tipo de cambio incrementara en forma significativa los costos de generación eléctrica y el precio del gas, que se encuentran dolarizados en gran medida. Incluso de cumplirse la promesa, sería el próximo gobierno quien debería ajustar tarifas ya no sólo por los costos de 2020, sino también por los de 2019.

La extensión del programa Precios Cuidados no funciona como freno a la inflación, aunque sí puede actuar, en caso de que se asegure el abastecimiento, como una referencia de precios en productos de la canasta básica para una economía donde la volatilidad nominal y la dispersión debilitaron el contenido informativo de los precios. Nuevamente, no parece sostenible la continuidad del programa en caso de una aceleración de la inflación que deje muy “atrasados” los precios de partida.

Finalmente, son bienvenidas las medidas de descuentos para compras con tarjeta a beneficiarios de la ANSES, aunque los créditos Argenta no lucen como el mecanismo más deseable para paliar la caída en los ingresos de los sectores más vulnerables. En este caso, se corre el riesgo de un alivio temporario contra el endeudamiento a varios años por un monto que puede llegar hasta el 30% del haber mensual en las cuotas de los próximos meses, golpeando todavía más a este segmento.

En última instancia, la situación actual es reflejo de una crisis de balanza de pagos que se detonó el año pasado, cuando el mercado bajó el pulgar al financiamiento de un déficit de cuenta corriente récord en 2017 que se había duplicado respecto al año anterior y que ya en ese entonces, cuando el riesgo país era de apenas 350 puntos, advertíamos que era el Talón de Aquiles del modelo. Si bien la herencia era muy compleja, las fallas de diagnóstico y coordinación implícitas en el trilema de una “política” empeñada en construir capital electoral para un Gobierno que comenzaba en minoría, la decisión de bajar el déficit fiscal gradualmente mientras se bajaban impuestos y se transferían recursos a provincias y las metas de inflación muy agresivas que no incorporaban la corrección de precios relativos, terminaron incrementando los costos de corrección en algunos desequilibrios y amplificando otros.

Dada la inestabilidad de la demanda de dinero, el alto traslado a precios de la devaluación, la alta participación de la deuda pública en dólares y nuestra estructura de exportaciones, los ajustes de balance de pagos se vuelven más traumáticos en términos de caída del salario real y del crédito, dado que arrastran endógenamente un ajuste monetario y fiscal pro cíclico. Muy distintos a economías vecinas que lograron cerrar el déficit externo con menor costo en términos de caída del PBI real (Colombia 2015/2017, Perú 2015/2017, Chile 2013/2014).

Para que el ratio deuda pública con mercado y organismos internacionales a PBI se sostenga en torno al 50%, la economía tiene que transitar hacia un superávit fiscal antes de intereses y evitar un nuevo shock de tipo de cambio real: con tasa real en 5% y crecimiento de 3%, el superávit fiscal primario requerido para mantener el ratio deuda pública a PBI constante se ubica en 1% del PBI. Pero si la tasa real requerida para mantener el tipo de cambio real estable es 8% y el crecimiento potencial es 1,5%, el superávit fiscal primario requerido entonces es 3,3% del PBI, con lo cual el ajuste fiscal requerido es mayor, y por lo tanto, la presión en dólar y riesgo país se retroalimentaría. Dicho de otro modo, con 50% de deuda pública con mercado/organismos y 3% de intereses a PBI, el costo promedio de la deuda pública en dólares se acerca al 6%, volviendo urgente la convergencia hacia un escenario con crecimiento económico y superávit fiscal primario. Nada fácil con este nivel de riesgo país y el ruido político.

Por eso será clave la construcción de un consenso político más allá del gobierno de turno que ponga cimientos en la estabilidad macroeconómica en términos de convergencia al superávit fiscal primario, control monetario con algún ancla nominal creíble y una agenda de reformas estructurales que permitan mejorar la competitividad sistémica.

Los autores son directores de Eco Go y profesores de la Maestría en Finanzas de UTDT​

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Cargando...