El señor que se observa a la izquierda de la imagen es el responsable directo de que la instancia internacional ( CIDH) admitiera el caso contra el Estado Argentino y así dictara el 4/05/18 el informe de admisibilidad n°34/18 demoliendo entonces la sentencia de remoción decretada por el Jurado de Enjuiciamiento el 19/12/07...


... en el marco de lo que constituyó una mera parodia de juicio político urdido bajo la fórmula eufemística de "mal desempeño". A no dudarlo Santiago Bardi -Defensor Oficial General ante el Jurado de Enjuiciamiento ( " Petinatto" para los amigos) puso en evidencia acerca del montaje de una burda y alevosa maniobra desestabilizadora urdida en aquellos años en mi contra. Gracias a Santiago Bardi y su enjundiosa tarea hoy me veo en las puertas de verme restituido a mis pasadas funciones judiciales; desgraciadamente una despiadada enfermedad no hubo permitido que Santiago Bardi llegara con vida para compartir conmigo el desenlace en la instancia internacional; entonces vaya desde aquí todo mi reconocimiento a la formidable tarea desarrollada por el gran amigo "Petinatto". Se que desde algún lugar Santiago Bardi ha de estar siguiendo las alternativas de este trámite ante la instancia internacional; estimado Santiago Bardi no lo dudes el informe de admisibilidad n°34/18 ( CIDH) no hubiese sido posible sin tu demoledora actuación ante el Jurado de Enjuiciamiento; desde acá todo mi reconocimiento y una próxima visita a tu lugar de eterno descanso.

Guillermo Tiscornia

El Mercosur, entendida como una suerte de herramienta de integración regional acotada a un aspecto puramente comercial, nació en los comienzos de los años noventa bajo una corriente cargada de optimismo producto de la gradual consolidación de los sistemas democráticos en Latinoamérica, luego de que los fantasmas de los gobiernos de facto quedaran ya relegados a una suerte de capas geológicas de un necesario olvido.

EMBESTIDA CONTRA EL JUEZ FEDERAL DOCTOR ALEJO RAMOS PADILLA. LA MISMA RECETA DE AYER DE HOY Y DE SIEMPRE. ¿ PORQUE ESCANDALIZARSE ENTONCES?.


“ Yo no amenazo, solamente digo que si Gustavo Parino ( Director de la Aduana) va preso, el que va a tener un juicio político será el juez Tiscornia” ( declaraciones del ex Ministro de Economía doctor Domingo F. Cavallo, Revista Noticias, 30/11/96).

“ ¿Holá, Anzorreguy, habla Domingo Cavallo, decile a Menem que si el lunes la Cámara Penal Económico no libera a Gustavo Parino, salgo a hablar y volteo al gobierno” ( Diario Clarín, 22/12/96).

“Con la condena a diez años de prisión al director de la Aduana Delconte, el juez Tiscornia busca mejorar su imagen, este es un fallo oportunista” ( Diario La Nación, 8/07/98, declaraciones del por entonces Vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, Diputado Nacional UCR doctor Melchor Cruchaga). En el mismo sentido el por entonces Diputado Nacional doctora Guillermo Francos ( Acción por la República).

“Doctor Bisordi, hágale un servicio a la patria y váyase a su casa ” ( La Nación26/03/07); así por orden directa del entonces Presidente Néstor Kirchner el otrora Ministro de Justicia doctor Aníbal Fernández en alta voz promovía en aquel entonces una virulenta embestida contra el ya fallecido doctor Alfredo Bisordi por entonces uno de los mas destacados y probos jueces integrantes del Tribunal Federal Casacional.

Dicha embestida reconocía exclusivas razones de corte ideológico; el doctor Bisordi concurrió al Consejo de la Magistratura y dijo de todo menos lindo y puso las cosas en su justo lugar.

Sucedió que su médico de cabecera le recomendó que se alejara de situaciones que lo pusieran en riesgo de stress en virtud de distorsiones en el funcionamiento de su presión arterial.

Fue así que el doctor Bisordi se vio forzado a renunciar a su cargo; caso contrario, no se dude, hubiese enfrentado con la convicción y el coraje que se le conoció en vida dicha virulenta embestida orquestada por la patota kirchnerista.

En el 19/07/07 la por entonces Ministra de Defensa del gobierno federal, doctora Nilda Garré, era convocada por quien suscribe a rendir declaración indagatoria en el marco de una exportación fraudulenta hacia los EEUU de fusiles FAL y FAP; paradojalmente la correspondiente denuncia había sido formulada por el entonces titular de la Aduana Nacional doctor Ricardo Echegaray.

Así la por entonces Senadora Nacional ( y candidata presidencial) doctora Fernández espetaba desde Mallorca ( España) ( 24/07/07), “ no entiendo que espera el Consejo de la Magistratura para actuar sobre el juez Tiscornia”.

En alta voz la operadora Diana Conti espetaba “ Tiscornia no va a ser juez ni camarista ni nada; lo vamos a echar”.

Y así sucedió en el transcurso del mes de diciembre de aquel año 2007; toda una obviedad: corría un calendario electoral y la doctora Fernández, en pleno apogeo kirchnerista, accedería al sillón de Rivadavia razón por la cual no podía darse el lujo de ver involucrada a la Ministra de Defensa de entonces en un escándalo semejante.

Con el tiempo sucedieron dos cosas; la Corte Federal ( 9/12/2015) dejaría a salvo mi buen nombre y honor dictando un auto de sobreseimiento total en mi respecto, desterrando las falsas acusaciones de “corrupción” endilgadas en mi contra allá por el año 2007 , las cuales, dicho sea de paso fueron utilizadas a modo de un formidable estandarte publicitario para así fogonear la comentada parodia de juicio político.

La otra cosa que sucedió fue que la Comisión Americana de Derechos Humanos dictó con fecha 4/05/2018 el informe de admisibilidad n°34/18, lo cual puso blanco sobre negro, poniendo al descubierto acerca de aquel fraudulento montaje urdido en mi contra bajo la fórmula eufemística de “mal desempeño”.

Pero hay, mas en el transcurso del mes de diciembre del año 2013 – y por orden directa de la entonces titular de la comarca presidencial- la Procuradora General de la Nación –doctora Alejandra Gils Carbó- ponía en marcha una burda y alevosa maniobra desestabilizadora contra el Fiscal doctor José María Campagnoli, procurando desplazar al señor Fiscal.

El motivo: el doctor Campagnoli en el contexto de una investigación por presunta estafa y/o extorsión, y en la medida en que avanzaba la pesquisa, fue a dar con un circuito de posible lavado de dinero que ponía en escena al empresario Lázaro Báez.

Obvio que dicha embestida, por lo burdo y evidente, no habría a la postre de prosperar.

Llegado el Ingeniero Mauricio Macri a la misma comarca presidencial lo primero que acometió fue cambiar la composición de la Sala Primera de la Cámara Federal porteña; así embistió contra los camaristas Freiler, Farah y Ballestero consagrando una suerte de justicia “ a la carta”.

Toda una obviedad; el nuevo titular de la comarca presidencial, otrora contrabandista de auto partes, necesitaba contar con magistrados adictos a la sintonía de sus propios designios; esto es, llevar a múltiples procesamientos a la ex Presidente Cristina Fernández y sus acólitos.

Y ahora –con el mismo recetario de ayer, de hoy y de siempre- es el turno del juez federal doctor Ramos Padilla. ¿La razón de dicha embestida?; toda una obviedad; no resulta menester ser mas explícito sobre dicho particular.

Conclusión; el sistema patridocrático argentino ( caracterizado básicamente a partir del montaje gestiones gubernamentales vaciadoras y fraudulentas) marca un claro estándar cultural propio de la dirigencia política , todo lo cual aleja a esa misma dirigencia política de la portación de un curriculum para acercarla a la portación de un genuino prontuario institucional; y este rasgo distintivo es el que precisamente hubo caracterizado ; desde ayer, desde hoy y desde siempre a esa misma dirigencia política.

No debería sorprender –entonces- el montaje del mismo recetario ahora urdido respecto del doctor Ramos Padilla ; ya lo anticipaban – y desde hace muchos años atrás-, por un lado Alexander Hamilton ( “ El federalista”) y el ensayista Jean Claude de Gillebaud (“La traición a la ilusión”).

¿ Porque escandalizarse entonces ante idéntico recetario?.

Saludo al señor Director muy atte.

Guillermo J. Tiscornia

Ex juez en lo Penal Económico

guilletisco@hotmail.com

DNI n°11.371.779

Caso de la señora Diputada Nacional Electa Joanna Picetti. Luego de la situación generada en torno a su presencia en la apertura de sesiones ordinarias, Joanna Picetti fue denunciada por la vicepresidenta Gabriela Michetti.



Picetti había sido electa diputada en el transcurso del año 2017, año en que fue en la lista que presentó Cambiemos en Capital como octava candidata.

Poco antes de asumir, salió a la luz una denuncia en su contra por supuestos maltratos contra sus hijos, lo que implicó que su propio bloque la impugnara por "inhabilidad moral".

Dicha impugnación resultó ser decididamente fraudulenta; es mas la denuncia por inexistentes “malos tratos” enrostrada a la Diputada Electa Picetti fue incoada en el transcurso del año 2011 y fue definitiva y totalmente sobreseía por la Justicia en el transcurso del año 2013; esto es dicho sobreseimiento quedó firme en todas las instancias en ese mimo año 2013.

Por lo tanto la actividad desarrollada por el Poder Legislativo respecto de la señora Diputada Electa Picetti resultó ser indisimulablemente delictiva, contraria a la Constitución Nacional; la señora Picetti fue privada de contar con su respectivo diploma que la acreditaba en calidad de Diputada Nacional electa democráticamente por la ciudadanía.

Esta situación derivó en que en tiempo presente la Corte Federal argentina deba resolver el mas que legítimo reclamo promovido por la señora Diputad Electa; y es de esperar que el Alto Tribunal no consagre un brutal avasallamiento de los derechos electorales de la señor Diputada Nacional Electa.

Al mismo tiempo que abierta y desembozadamente violatoria de la Constitución Nacional la actividad del poder parlamentario que derivó en la bloqueo del diploma y la toma de posesión de la banca respecto de la señora Diputada Electa cae inexorablemente en el campo delictivo; por caso un brutal abuso de autoridad ( art. 248 Código Penal), sin perjuicio de la probable relación concursal ( art. 54 Código Penal) con un catálogo adicional de actividades delictivas.

Debería –asimismo- profundizarse todo tipo de averiguaciones encaminadas hacia la propalación de actos constitutivos de violencia orquestados contra la señora Diputada Nacional Electa y sus hijos menores de edad.

Respecto de la abstrusa y ridícula denuncia que acaba de promover la errática señora Vicepresidente de la Nación contra la señora Diputada Nacional Electa se imponen las siguientes reflexiones.

En primer lugar, no se trató de una sesión ordinaria donde el Parlamento estuviera debatiendo algún proyecto de ley sino por el contrario de la Asamblea Legislativa que marcada el inicio de las sesiones ordinarias del corriente año 2019.

En segundo lugar, la señora Diputada Electa ingresó al recinto en forma civilizada habiendo sorteado regularmente todos los controles de acceso al recinto.

En tercer lugar, la señora Diputada Nacional Electa tan solo se limitó a ejercer un incontrovertible derecho de expresión y de opinión en el marco de la lógica de un sistema democrático.

De hecho, tan solo se dirigió al señor Presidente de la Nación; al cual le dirigió unas breves palabras; de interrupción no se verificó absolutamente nada.

En cuarto lugar, si de interrupciones de pretende conjeturar, habrá que decir que el discurso del señor Presidente de la Nación recibió el constante e ininterrumpido abucheo y palabras subidas de tono de parte de muchos legisladores de la oposición. Y de hecho no se verificó ninguna perturbación respecto del desarrollo de la Asamblea Legislativa.

Lo dicho demuestra, sin la menor hesitación, que de ninguna manera la conducta de la señora Diputada Nacional Electa admite posible encuadre en el tipo penal que, por el Código Penal, se reprime la conducta obrada por quien .-en rigor de verdad- perturbe o impida el normal desarrollo de la actividad parlamentaria.

Y a no dudarlo, ese no fue, en absoluto, el caso de la señora Diputada Nacional Electa.

No debería sorprender que, sustentada en una supina e indisimulable ignorancia del orden jurídico, y en especial de la normativa represiva, la señora Vicepresidente de la Nación haya incoado una ridícula e inconsistente denuncia contra la señora Diputada Nacional Electa, la cual, como se dijo se limitó a expresarse en sentido crítico hacia el señor Presidente de la Nación sin haber generado ningún acto concreto de perturbación al normal desarrollo de la actividad de la Asamblea Legislativa. Como tampoco se verificó en el caso de los constantes y reiterados abucheos y de las palabras subidas de tono de parte de los legisladores de la oposición.

Y en lo que específicamente toca a la libertad de expresión, se ha sostenido desde ciertos sectores que una editorial u opinión que versó sobre un asunto de incontrovertible interés público, remite a un contexto de opiniones sobre temáticas vinculadas con el interés público, por ser “de utilidad de todo el pueblo o componentes de un grupo social, esencialmente vinculado con el interés del Estado y con el interés jurídico del mismo… [en tanto] tiene que ver a todo aquello que compromete a la sociedad jurídicamente organizada, apuntando a la subsistencia de las instituciones…” (D’Alessio, Código Penal, La Ley, Tº II, pág. 167).

Se ha sostenido que:”en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquéllas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población” (CNACrimyCorrec, sala VI, cita online AR/JUR/847/2010).

Se trata de un contexto marcado por un irrestricto derecho a la libertad de expresión y de opinión (art.32 CN); en cuarto lugar por cuanto dicha garantía desde 1994 ha adquirido rango convencional (“Kimel”; “Fontevecchia”, “D`Amico”, entre otros, CIDH);

Asimismo, por ejemplo, la utilización de un medio de comunicación para exponer ideas referidas a cuestiones de interés público supone -inexorablemente- la admisión de los valores de libertad y riesgo propios del uso -en el caso: el comentario o la serie de comentarios al texto recibidos según las posibilidades de la tecnología utilizada-.

Es que “[l]os valores libertarios de quienes crearon y desarrollaron Internet, a saber, los investigadores académicos informáticos, los hackers, las redes comunitarias contraculturales y los emprendedores de la nueva economía determinaron una arquitectura abierta y de difícil control.

Al mismo tiempo, cuando la sociedad se dio cuenta de la extraordinaria capacidad que representa Internet, los valores encarnados en la red se difundieron en el conjunto de la vida social, particularmente entre las jóvenes generaciones. Internet y libertad se hicieron para mucha gente, sinónimos en todo el mundo” (Molina Quiroga, “Contenidos publicados en Internet”, LL del 23/02/11).

El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública.

De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público. […] En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población.

En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas” ([CIDH, “Kimel vs. Argentina”, Se. del 02/05/08], párrafos 87 y 88).

Por lo tanto, dejo expresamente a salvo dos situaciones; la primera que la señora Diputada Electa ha sido objeto de un brutal e inconstitucional despojo de sus legítimas credenciales que la acreditan en calidad de tal; y la segunda que su conducta en modo alguno admite encuadre delictivo alguno.

Sin otro particular; saludo al señor Director muy atte..


Guillermo J. Tiscornia

Ex juez en lo Penal Económico

DNI 11.371.779

guilletisco@hotmal.com

Señor Director de Total News:De mi mejor consideración. Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. Ausencia de toda autoridad moral e institucional para proponer, investigar, acusar y remover magistrados judiciales.


1.El Consejo de la Magistratura ( idem el Jurado de Enjuiciamiento) puestos en funcionamiento el 18 de noviembre de 1998 resultan ser - a no dudarlo- dos genuinos esperpentos institucionales derivados del nefasto Pacto de Olivos; así la representación multisectorial invocada en nada garantiza transparencia; ni en lo que toca a los mecanismos de designación ni tampoco en los de remoción de los magistrados judiciales ; el histórico toma y daca y las espurias e inmundas negociaciones políticas se encuentran al orden del día en ambos organismos que mas que exhibir un curriculum están mas cercanos a la portación de un genuino prontuario institucional.

2. Pruebas al canto. Los informes de admisibilidad nros. 56/16 ( “Leiva, Luis A. c/ República Argentina”); 194/17 ( “ Torres Nieto, Mirta c/ República Argentina”) y 34/18 “ Tiscornia, Guillermo J. c/ República Argentina”), suscriptos por la Comisión Americana de Derechos Humanos ( CADH) , delatan por si mismos lo referente a la actividad fraudulenta y criminal llevada a cabo por ambos esperpentos institucionales.

3. Ni que hablar acerca de las aberrante remoción del ex juez de ejecución penal doctor Néstor Narizzano; verdadero paradigma de la perversión institucional.

4. Brutales arbitrariedades en los mecanismos de selección, cuyo detalle conduciría al lector al aburrimiento dado lo extenso de la nómina de concursos públicos de trámite decididamente fraudulento; tráfico de información en concursos públicos: manipulación en el orden de prelación de los candidatos en la denominada “ entrevista final”.

5. Como bien decía un magistrado ya fallecido, la única y adecuada metodología de profilaxis institucional a aplicar sobre ambos esperpentos consiste en un definitivo proceso de fugmigación y de desratización ante la insoportable pestilencia que emana tanto del Consejo de la Magistratura como del Jurado de Enjuiciamiento a la mejor usanza de una red cloacal.

6. Por lo tanto, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento carecen de toda autoridad institucional –y sobre todo moral- para encarar investigaciones respecto del desempeño de los jueces federales doctores Carlos Soto Dávila y Luis Rodríguez.

7. Saludo al señor Director muy atte..

Guillermo J. Tiscornia

Ex juez en lo Penal Económico

DNI n°11.371.779

guilletisco@hotmail.com

Para comprender mejor el significado del tema a comentar, el sitio objetivismo.org nos explica que "Un sistema estatista – sea del tipo comunista, fascista, nazi, socialista o “del bienestar” – está basado en el poder ilimitado del gobierno, lo que significa: en el imperio de la fuerza bruta.Por Carlos Vilchez Navamuel-Envio especial para Total News-

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su Artículo 11: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa".Por Roberto Porcel*



De igual suerte, la Convención Americana de Derechos Humanos tipifica: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (...)".

De manera concordante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su Artículo 9, dispone: "Todo hombre se presume inocente, mientras no sea declarado culpable".

A su turno, nuestra Constitución Nacional, en su Artículo 18, establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por Ley antes del hecho de la causa.

Hasta aquí, la razonabilidad de la legislación no da lugar a cuestionamiento alguno.

El oxímoron normativo se desata al interpretarse literalmente lo que expresa el Código Procesal Penal en su Artículo 1, cuando determina: "Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución y competentes según sus leyes reglamentarias, ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta ley, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho".

Del conjunto de la legislación transcripta, se desprende con insoslayable claridad que la presunción de inocencia solo cede en el marco de un proceso penal y ante una sentencia judicial que disponga lo contrario. En ese tránsito, hasta arribarse a una condena, la carga de la prueba para demostrar que un imputado es culpable le corresponde al ministerio público y/o a la querella. Ello, por cuanto la inocencia se presume; la culpabilidad, en cambio, debe ser demostrada, o probada. Pero una vez que una sentencia condenatoria ha recaído, la presunción de inocencia, ¿se mantiene incólume?

Para gran parte de la doctrina que aborda el tema, pareciera ser que la presunción de inocencia reina hasta tanto recaiga una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, es decir, que haya quedado firme y ya no resista recurso alguno. Sin embargo, y a criterio de quien escribe, ello no puede o no corresponde ser interpretado de esa manera. Transcurrido un proceso penal y cumplidas las distintas etapas del debido proceso -esto es, habiéndoselo escuchado al denunciado, habiéndosele dictado el auto de procesamiento-, lo que interesa que desde ese mismo momento el juez ya considera, aunque con carácter provisorio, que existen elementos suficientes para tener por acreditado que el imputado ha tenido participación en el hecho denunciado como autor, cómplice o encubridor, y habiéndose llegado a una sentencia condenatoria luego del debate oral y público, donde se ha producido y valorado toda la prueba que han ofrecido las partes, no queda mas que concluir, con una visión realista que a partir de ese mismo momento, la presunción de inocencia ya no resiste ni puede ser mantenida. Todo lo contrario. Ya existe certeza por parte del juez de la culpabilidad y responsabilidad del imputado al que ha resuelto condenar. Carecería de toda razonabilidad que un magistrado condene, si es que considera que el imputado es inocente. Luego, es una mera ficción carente de toda sustentabilidad el sostener que la presunción de inocencia se mantiene hasta tanto la sentencia quede firme. A partir de la sentencia del juez de grado o tribunal, la única presunción, la única certeza, es la culpabilidad del imputado. No puede ser de otro modo; sino, imposible condenarlo. Tanto es ello así que, a partir de la condena, la carga de la prueba se invierte, y corresponde al condenado tratar de remontar la sentencia condenatoria y demostrar su inocencia. Ya no será función ni del ministerio público ni de la querella desvirtuar la presunción de inocencia, sino que deviene en una carga para quién resultó condenado, el probar y demostrar, en todo caso, su pretendida inocencia. Ciertamente que, como garantía o beneficio del debido proceso, podrá suspenderse o no ejecutoriarse la pena que se imponga al condenado, hasta tanto la sentencia quede firme; nadie discute que puedan plantearse recursos o planteos procesales que impidan que una sentencia cobre efectos. Pero no resiste ni se puede controvertir seriamente que, a partir de una sentencia condenatoria, que implica necesariamente como condición para su dictado la certeza de la culpabilidad del imputado por parte del juez, pueda mantenerse vigente la presunción de inocencia del imputado. Esto sería una contradictio in terminis. En virtud de lo cual, la postura del Senado de la Nación, que insiste en resistir la solicitud de la Justicia respecto del pedido de desafuero de algunos de sus miembros, bajo el argumento que privilegian y van a defender la presunción de inocencia de los requeridos hasta tanto las sentencias condenatorias queden "firmes", se presenta como un argumento falaz, incosistente y carente de toda sustentabilidad.

Decidida una condena por un juez en el marco de un debido proceso penal, la presunción de inocencia se esfuma, desaparece; a partir de tal instancia, la única certeza que queda al juez o tribunal es la responsabilidad penal de esa persona. Ello de ninguna manera es óbice para negar al condenado el derecho que hasta tanto la sentencia quede firme no se le pueda exigir el cumplimiento de la pena impuesta. Pero sería una ilusión dogmática el persistir en la declamación que versa que, hasta tanto la sentencia quede firme, continúe vigente la presunción de inocencia de quién resultó condenado.

Mucho menos en el caso de un Senador de la Nación, para quien la idoneidad moral es un imperativo constitucional -idoneidad que exige el cargo para ser ejercido. No resulta, pues, casual que la reforma de 1994 haya incorporado esta exigencia a la Constitución en su Artículo 36. Con tan solo repasarse los considerandos del Artículo 2 de la Ley de Ética Pública y ponderar debidamente las imputaciones, procesamientos y condenas que recaen sobre los legisladores requeridos por la Justicia, lo menos que debería hacer el Senado de la Nación es revisar si se cumplen o mantienen en estas personas las mentadas condiciones de idoneidad.

Finalmente, lo que definitivamente no pueden ni debieron soslayar los legisladores, y mucho menos poner en tela de juicio, a la sombra de un argumento puramente dogmático, es la certeza a la que arribaron los jueces respecto de la responsabilidad penal que les cabe a las personas requeridas, a la luz de un acto jurisdiccional llevado a cabo con todas las garantías del debido proceso, que ciertamente, prevalece y destruye la mera presunción de inocencia formal de la que todos gozamos y debemos gozar.

 

*Es Abogado en la República Argentina, especialista en Derecho Comercial y experto en temas relativos a la falsificación marcaria. Socio en el Estudio Doctores Porcel, fundado en 1921