General Ríos Ereñú: Una víctima más del terrorismo y el repugnante negocio de los derechos humanos.

Opinion
Lectura

Ante tal echo, me veo en la necesidad de escribir las siguientes líneas: 

 

 

 

 

El 20 de Junio falleció mi padre, el Gral. DV (RE) HECTOR LUIS RIOS EREÑU, al decir “falleció” en realidad debería decirse que fue asesinado por la Justicia Argentina, ya que su muerte fue debido a su tristeza, desilusión y agotamiento moral por la gran injusticia que padeció los últimos años, encerrado como un criminal por crímenes que no cometió. 

Toda su vida la dedico a su familia y a su trabajo, siendo siempre un ejemplo de hombre de principios y valores. Gracias a su esfuerzo llego a ocupar la más alta jerarquía en su carrera como militar, desempeñándose siempre con total dedicación a su país. Constantemente demostró lealtad tanto a sus superiores como a sus subalternos, probando en todo momento su compromiso con la vida y desarrollo de quienes lo rodeaban sin intereses mezquinos de ningún tipo. A lo largo de su vida lucho por ayudar a consolidar el sistema democrático republicano y federal en nuestro país (en el cual creía fervientemente), respetando las leyes y la constitución nacional por sobre todas las cosas.

Su  odisea comenzó en los juzgados de Oran, Salta, donde un “Sr.” Juez de apellido Reynoso  (hoy preso) llevo adelante un proceso plagado totalmente de irregularidades. Luego continuo en el juzgado Federal Nº 2 de Salta a cargo del Dr. Medina, para poder visualizar la cantidad de irregularidades que acontecieron en dicho proceso, solo hace falta leer las transcripciones que se tomaron como válidas de testigos que continuamente se contradijeron entre ellos. Adicionalmente se tomó como válido el libro histórico del Regto.28, el cual mediante el peritaje Nro. 11528 realizado por la División de Policía Científica de la Agrupación VII “Salta” de Gendarmería Nacional se verificó que fue falsificado. Otra evidencia fue un libro de un tal Dr. Leiva que casualmente se basaba en dichas falsificaciones y al cual se lo citó a declarar y el juez por un pedido de la Secretaria de Derechos Humanos (Dr. Duhalde) se lo exculpo de hacerlo. 

Para llegar a tener un parámetro de las aberraciones que se escucharon en las declaraciones, y que luego se tomaron como válidas, hay que leer, por ejemplo, la del el Sr. Domínguez (testigo), quien declaró que había estado preso en dicha unidad. En la misma declaración afirmó que fueron torturados y/o maltratados de Lunes a Viernes pero que tenían permitido salir los Sábados y Domingos a visitar a sus familiares para regresar los Lunes y seguir siendo torturados.

Otros de los argumentos de dicho juez era que el regimiento era el asiento de la subarea 322-1 (dicha afirmación hacia el Dr. Leiva en su libro) desconociendo lo que es de público conocimiento, que son las directivas del Comandante en Jefe del Ejército de Octubre de 1975. Dicha directiva es la 404/75 que ordenaba la división del territorio Argentino en la lucha contra la subversión en AREAS ZONAS Y SUBZONAS. Cabe recalcar que no existió durante todo el proceso militar una sola subarea (concepto que utilizo el juez Medina y luego la Cámara Federal de SALTA para condenar a mi padre). 

En el anteriormente mencionado peritaje sobre el falsificado libro histórico del Regto 28, llevado adelante por LA DIVISION DE POLICIA CIENTIFICA DE LA AGRUPACION VII “SALTA” DE GENDARMERIA NACIONAL mediante la Peritación Nº 11528, se dictaminó que la única firma de mi padre era la primera foja, las restantes fojas 2 a la 29 no le pertenecían. En las fojas falsificadas se introdujo el concepto vertido por el Dr. Leiva de la subarea 322-1 con una serie de errores técnicos en su redacción, ya que aparentemente, por su vocabulario, dicha falsificación no fue realizada por alguien con conocimientos militares. 

Necesitaría escribir muchos libros para poder contar y explicar el total de las barbaridades cometidas en estos juicios, entre ellas, no citar testigos pedido por la defensa, falsificación de documentación, modificación de fechas de los episodios, testigos falsos, etc. 

Lo que más nos entristece a los familiares es que los últimos años mi padre los sufrió encerrado y que murió sabiendo que quisieron manchar su buen nombre. En esta carta solo intento demostrar algunas de las irregularidades de los juicios que se están llevando a cabo a gente inocente, cuyo único delito fue amar a la patria y tener vocación militar. 

Asimismo, quiero demostrar que los jueces son conscientes de dichas irregularidades, como nos lo confirmo uno de los jueces que encerró a mi padre, ya que luego del encierro por orden del tribunal Oral Federal de Salta en el Hospital del Penal de Ezeiza (a los 83 años de edad en ese momento) fue visitado por uno de ellos (no es relevante el nombre cualquier duda se puede consultar el libro de entrada de dicho Penal). En dicha oportunidad mi padre le habría manifestado que el tribunal no había tomado en cuenta las pruebas ofrecidas, a lo que el magistrado le habría contestado que él sabía que mi padre no tenía que estar en dicha situación, pero que se quedara tranquilo porque faltaba casación (por supuesto la apelación en casación duerme en algún cajón hace casi 4 años). A los dichos del juez mi padre le habría contestado que él no tenía ningún tipo de rencor personal porque sabía que el recibía órdenes. Luego de dichas palabras el magistrado habría bajado la vista como consintiendo lo dicho. Cabe aclara que dicho juez no fue solo, estaba acompañado por otra persona, quien es testigo de la conversación (y puede ser llamado a la justicia para confirmar lo anteriormente dicho en el caso que la misma actué como debería).

Dios quiera llegue el momento donde se revisen estos procesos y sean llevados a cabo por jueces honorables que apliquen la justicia en su más puro termino. 

El dolor que estos procesos provocan a la gente inocente que está siendo procesada por el simple hecho de llevar una vida de principios y valores dedicada a su país solo puede sanarse con justicia, ya que su buen nombre y Honor jamás serán manchados por las manos sucias de quienes aplican mal la ley.

 

Rodolfo Ríos Ereñú