El Caso de la Diputada Nacional Electa Joanna Picetti.

Opinion
Lectura

Caso de la señora Diputada Nacional Electa Joanna Picetti. Luego de la situación generada en torno a su presencia en la apertura de sesiones ordinarias, Joanna Picetti fue denunciada por la vicepresidenta Gabriela Michetti.



Picetti había sido electa diputada en el transcurso del año 2017, año en que fue en la lista que presentó Cambiemos en Capital como octava candidata.

Poco antes de asumir, salió a la luz una denuncia en su contra por supuestos maltratos contra sus hijos, lo que implicó que su propio bloque la impugnara por "inhabilidad moral".

Dicha impugnación resultó ser decididamente fraudulenta; es mas la denuncia por inexistentes “malos tratos” enrostrada a la Diputada Electa Picetti fue incoada en el transcurso del año 2011 y fue definitiva y totalmente sobreseía por la Justicia en el transcurso del año 2013; esto es dicho sobreseimiento quedó firme en todas las instancias en ese mimo año 2013.

Por lo tanto la actividad desarrollada por el Poder Legislativo respecto de la señora Diputada Electa Picetti resultó ser indisimulablemente delictiva, contraria a la Constitución Nacional; la señora Picetti fue privada de contar con su respectivo diploma que la acreditaba en calidad de Diputada Nacional electa democráticamente por la ciudadanía.

Esta situación derivó en que en tiempo presente la Corte Federal argentina deba resolver el mas que legítimo reclamo promovido por la señora Diputad Electa; y es de esperar que el Alto Tribunal no consagre un brutal avasallamiento de los derechos electorales de la señor Diputada Nacional Electa.

Al mismo tiempo que abierta y desembozadamente violatoria de la Constitución Nacional la actividad del poder parlamentario que derivó en la bloqueo del diploma y la toma de posesión de la banca respecto de la señora Diputada Electa cae inexorablemente en el campo delictivo; por caso un brutal abuso de autoridad ( art. 248 Código Penal), sin perjuicio de la probable relación concursal ( art. 54 Código Penal) con un catálogo adicional de actividades delictivas.

Debería –asimismo- profundizarse todo tipo de averiguaciones encaminadas hacia la propalación de actos constitutivos de violencia orquestados contra la señora Diputada Nacional Electa y sus hijos menores de edad.

Respecto de la abstrusa y ridícula denuncia que acaba de promover la errática señora Vicepresidente de la Nación contra la señora Diputada Nacional Electa se imponen las siguientes reflexiones.

En primer lugar, no se trató de una sesión ordinaria donde el Parlamento estuviera debatiendo algún proyecto de ley sino por el contrario de la Asamblea Legislativa que marcada el inicio de las sesiones ordinarias del corriente año 2019.

En segundo lugar, la señora Diputada Electa ingresó al recinto en forma civilizada habiendo sorteado regularmente todos los controles de acceso al recinto.

En tercer lugar, la señora Diputada Nacional Electa tan solo se limitó a ejercer un incontrovertible derecho de expresión y de opinión en el marco de la lógica de un sistema democrático.

De hecho, tan solo se dirigió al señor Presidente de la Nación; al cual le dirigió unas breves palabras; de interrupción no se verificó absolutamente nada.

En cuarto lugar, si de interrupciones de pretende conjeturar, habrá que decir que el discurso del señor Presidente de la Nación recibió el constante e ininterrumpido abucheo y palabras subidas de tono de parte de muchos legisladores de la oposición. Y de hecho no se verificó ninguna perturbación respecto del desarrollo de la Asamblea Legislativa.

Lo dicho demuestra, sin la menor hesitación, que de ninguna manera la conducta de la señora Diputada Nacional Electa admite posible encuadre en el tipo penal que, por el Código Penal, se reprime la conducta obrada por quien .-en rigor de verdad- perturbe o impida el normal desarrollo de la actividad parlamentaria.

Y a no dudarlo, ese no fue, en absoluto, el caso de la señora Diputada Nacional Electa.

No debería sorprender que, sustentada en una supina e indisimulable ignorancia del orden jurídico, y en especial de la normativa represiva, la señora Vicepresidente de la Nación haya incoado una ridícula e inconsistente denuncia contra la señora Diputada Nacional Electa, la cual, como se dijo se limitó a expresarse en sentido crítico hacia el señor Presidente de la Nación sin haber generado ningún acto concreto de perturbación al normal desarrollo de la actividad de la Asamblea Legislativa. Como tampoco se verificó en el caso de los constantes y reiterados abucheos y de las palabras subidas de tono de parte de los legisladores de la oposición.

Y en lo que específicamente toca a la libertad de expresión, se ha sostenido desde ciertos sectores que una editorial u opinión que versó sobre un asunto de incontrovertible interés público, remite a un contexto de opiniones sobre temáticas vinculadas con el interés público, por ser “de utilidad de todo el pueblo o componentes de un grupo social, esencialmente vinculado con el interés del Estado y con el interés jurídico del mismo… [en tanto] tiene que ver a todo aquello que compromete a la sociedad jurídicamente organizada, apuntando a la subsistencia de las instituciones…” (D’Alessio, Código Penal, La Ley, Tº II, pág. 167).

Se ha sostenido que:”en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquéllas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población” (CNACrimyCorrec, sala VI, cita online AR/JUR/847/2010).

Se trata de un contexto marcado por un irrestricto derecho a la libertad de expresión y de opinión (art.32 CN); en cuarto lugar por cuanto dicha garantía desde 1994 ha adquirido rango convencional (“Kimel”; “Fontevecchia”, “D`Amico”, entre otros, CIDH);

Asimismo, por ejemplo, la utilización de un medio de comunicación para exponer ideas referidas a cuestiones de interés público supone -inexorablemente- la admisión de los valores de libertad y riesgo propios del uso -en el caso: el comentario o la serie de comentarios al texto recibidos según las posibilidades de la tecnología utilizada-.

Es que “[l]os valores libertarios de quienes crearon y desarrollaron Internet, a saber, los investigadores académicos informáticos, los hackers, las redes comunitarias contraculturales y los emprendedores de la nueva economía determinaron una arquitectura abierta y de difícil control.

Al mismo tiempo, cuando la sociedad se dio cuenta de la extraordinaria capacidad que representa Internet, los valores encarnados en la red se difundieron en el conjunto de la vida social, particularmente entre las jóvenes generaciones. Internet y libertad se hicieron para mucha gente, sinónimos en todo el mundo” (Molina Quiroga, “Contenidos publicados en Internet”, LL del 23/02/11).

El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública.

De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público. […] En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población.

En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas” ([CIDH, “Kimel vs. Argentina”, Se. del 02/05/08], párrafos 87 y 88).

Por lo tanto, dejo expresamente a salvo dos situaciones; la primera que la señora Diputada Electa ha sido objeto de un brutal e inconstitucional despojo de sus legítimas credenciales que la acreditan en calidad de tal; y la segunda que su conducta en modo alguno admite encuadre delictivo alguno.

Sin otro particular; saludo al señor Director muy atte..


Guillermo J. Tiscornia

Ex juez en lo Penal Económico

DNI 11.371.779

guilletisco@hotmal.com

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