Al señor Director de Total News: De mi mejor consideración.Argentina. Remoción de jueces

Opinion
Lectura

La responsabilidad internacional del Estado Argentino. Casos de remoción de jueces bajo la lupa del sistema interamericano de derechos humanos.

1.En varios países latinoamericanos se han verificado casos concretos en los cuales la sistemática intromisión de factor político y mediático ha socavado las bases de los sistemas judiciales rompiendo con una lógica elemental de todo sistema democrático que se precie de tal.


2. Así en el transcurso del año 2001 la CIDH tuvo ocasión de declarar la responsabilidad internacional del Estado peruano al detectarse como durante la primer gestión gubernamental del otrora Presidente Alan García cinco jueces del Superior Tribunal del Perú fueron virulentamente eyectados de sus cargos judiciales a partir del montaje de maniobras desestabilizadoras urdidas desde la misma usina gubernamental luego que esos mismos magistrados a partir de ciertas decisiones afectaron sensibles intereses del poder político por entonces en turno en el Perú ( “ Tribunal Constitucional del Perú c/ República del Perú”, sentencia del 31/01/01, CIDH).


3. Luego –en 2008- llegaría el turno de Venezuela ( “Aspitz Barbera c/ República de Venezuela”, sentencia del 5/08/08, idem CIDH).


4. Y la República Argentino no le va en zaga; por caso la CADH tuvo ocasión de emitir el informe de admisibilidad n°56/16 (“Leiva, Luis Alberto c/ República Argentina”, 6/12/16); se recuerda que el doctor Leiva –otra juez federal de Mendoza- fue también objeto de una virulenta eyección de su cargo judicial allá por el año 2002 luego que éste tuviera una muy mala ocurrencia: haberse atrevido a afectar con sus investigaciones judiciales al otrora influyente y emblemático empresario de la finanzas Raúl Moneta, a su vez de indisimulable vinculación con el poder político en turno en aquel entonces.


5. Sucedieron entonces dos cosas, por un lado la Corte Federal menemista ( la misma de la mayoría automática) le sacó a la Justicia Federal mendocina todas las investigaciones judiciales relacionadas al señor Moneta para transferirlas a la Justicia Federal porteña ( y así los interese del señor Moneta encontraron seguro resguardo) ; y la otra cosa que ocurrió fue, que previa negociación con toda la representación multisectorial del Consejo de la Magistratura ( idem respecto del Jurado de Enjuiciamiento) en lo que constituyó una verdadera parodia de “juicio político” el doctor Leiva fue desplazado de su cargo judicial.


6. También la CADH tuvo ocasión de detectar groseras irregularidades en el proceso de remoción que derivó en la arbitraria destitución de la entonces señora juez nacional del Trabajo –doctora Mirta Torres Nieto- ( informe de admsibilidad n°107/17, del 7/09/17); se recuerda que la remoción de la citada magistrado marcó la forma obscena en que se dirimió una feroz interna judicial; para dejar a salvo: el voto en disidencia del fallecido jurado –ex juez de cámara- doctor Carlos Billoch Caride quien en soledad se inclinó propiciando la absolución respecto de la doctora Torres Nieto ante la certeza que no habría de involucrase en lo que representó otra parodia de “juicio político”.
7. Pero se suman mas problemas para el Estado Argentino en materia de remoción de jueces; la misma CADH emitió otro informe de admisibilidad ( n°9/16) en este caso referido al ex juez del Trabajo de San Isidro –doctor Eduardo Rico-.


8. Y la cosa no se detiene allí, en fecha reciente ( 4/05/18) – y aun cuando la auto referencia nunca es la mejor consejera- la misma CADH acaba de emitir otro informe de admisibilidad ( n°34/18), referido en este caso al ex juez en lo Penal Económico doctor Guillermo J. Tiscornia ( quien suscribe ) quien al igual que en el caso del doctor Leiva tuvo su propia mala ocurrencia: el haber ido a fondo en pleno apogeo kirchnerista ( año 2007) sobre entonces Ministra de Defensa –doctora Nilda Garré- a partir de una tentativa exportación fraudulenta de pertrechos militares ( fusiles FAL y FAP) hacia los EEUU documentada por la emblemática Dirección General de Fabricaciones Militares.


9. En ese caso el doctor Tiscornia ( quien suscribe) fue sometido a un verdadero linchamiento político fogoneado a partir de una formidable aparatología de propaganda alimentada por el mismo poder político en turno en aquel entonces.


10. Además de la inocultable responsabilidad institucional del órgano de acusación ( Consejo de la Magistratura) y del órgano encargado del juzgamiento y destitución de los jueces ( Jurado de Enjuiciamiento), la cuota mas sensible de responsabilidad recae sobre el órgano de revisión ( en este caso la Corte Federal Argentina), la cual –en todos los casos, esto es, de los ex jueces Leiva, Torres Nieto, Rico y Tiscornia- avasalló básicas garantías convencionales relacionadas al debido proceso y al derecho a la doble instancia, esto es, a una revisión integral en materia de remoción de magistrados judiciales.


11. En una palabra la Corte Federal argentina desatendió –por cierto de modo desembozado- los estándares trazados por la Corte Interamericana en ocasión de la revisión ( en la instancia supranacional) de los casos verificados respecto de los jueces del Perú y de Venezuela, lo cual coloca a los tres estamentos institucionales supra identificados en clara posición de mal desempeño funcional, por cuanto, está acreditado, que los tres mismos estamentos contribuyeron –decisivamente- a colocar a la República Argentina en posición de responsabilidad internacional.


12. No en vano la República Argentina va en la vanguardia en materia de trasgresiones a garantías convencionales de todo tipo y color; y así la responsabilidad del Estado Argentino fue declarada en ocasión de múltiples pronunciamientos de condena recaídos en la misma CIDH ( “Kantos”, “Bayarri”, “ Bulacio”, “ Espósito”, “ Derecho”, “ Gutiérrez”, “Kimel!; “ Fontevecchia”, “ D’Amico”, “Posadas”, etc. etc.).
Saludo al señor Director muy atte..

Guillermo J. Tiscornia
Ex juez en lo Penal Económico
DNI n°11.371. 779
guilletisco@hotmail.com

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