El ex juez que quiere quedar preso en su mansión

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La jornada empezó trabada. Literalmente. El ascensor en el que los guardias penitenciarios llevaban al ex juez platense César Melazo (58) rumbo a la audiencia donde iba a argumentar por qué

tenían que concederle la prisión domiciliaria se frenó de repente entre dos pisos de los Tribunales. No hubo forma de hacerlo arrancar, y como el ex magistrado estaba esposado, lo tuvieron que sacar en andas por un agujero entre pisos.

Lo que siguió no fue mucho mejor para él, el último 13 de febrero. Procesado por asociación ilícita como presunto referente de una banda mixta de policías, barrabravas y ladrones que durante más de 10 años cometió cuanto delito económico existe en la ciudad de La Plata -y algún que otro homicidio-, Melazo está preso desde la madrugada del 24 de agosto de 2018. Aquel día, policías de la Federal lo fueron a detener a su mansión de Gorina y quedaron impactados, no sólo por el arsenal de 15 armas largas y cortas que guardaba, sino también por las comodidades de la propiedad: pileta, lago artificial con muelle, corral para animales, salón con cocheras y un quincho donde supo festejar su cumpleaños carneando una vaca criada por él mismo y asándola para recibir a los más altos funcionarios de la gobernación sciolista, ministros, famosos abogados, jueces, fiscales y policías de todo rango.

 

A ese lugar quería volver ahora Melazo. Renunciado su anterior defensor, Fabián Améndola -el socio de Fernando Burlando-, el ex juez contrató a dos abogados porteños, Diego Peisajovich -aportante a la campaña del kirchnerismo en 2015- y Diego Bucking, quien en el pasado fuera letrado de “Federal Aviation”, la empresa de dos hermanos que terminarían condenados en Barcelona por narcotráfico: los Juliá. Estos penalistas fueron quienes le pidieron a la jueza Florencia Butiérrez que le concediera la prisión domiciliaria.

La carabina calibre 44-40, marca Winchester, modelo 1892, secuestrada al ex juez César Melazo, tenía pedido de secuestro activo por "hurto simple". Todas las armas que le secuestraron al ex juez Melazo

En la audiencia a la que Melazo llegó casi en andas, los abogados destacaron que el ex juez “es padre de cinco hijos” y que el más chico se encontraba a su cuidado en forma habitual desde el 20 de diciembre de 2015 debido a que la madre trabajaba “todos los días”. Agregaron que la prisión preventiva del ex magistrado “tiene efectos perjudiciales sobre el grupo familiar”, en especial con relación a su hijo menor, “de tan solo 3 años”. Y señalaron que, como la mamá de Melazo es de “avanzada edad” y viene “sufriendo graves problemas cardíacos”, podría aplicarse el artículo del Código Penal que habilita la detención domiciliaria para “la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo”.

 

Los abogados fueron a fondo. Destacaron que la esposa de Melazo es quien se encarga de “la manutención del hogar familiar y del hijo en común, toda vez que aún se encuentra en trámite la jubilación del juez”.

Chacra del juez Cesar Melazo en Gorin

Ese alegato está lleno de curiosidades. La esposa de Melazo a la que aludieron como responsable de parar la olla es, de hecho, una comisario inspector de la Policía Bonaerense llamada Verónica Gordon. Ella misma aparece mencionada en la causa que mantiene preso a su marido, debido al testimonio de otro de los acusados: el ex jefe de la barra de Estudiantes, Rubén “El Tucumano” Herrera, quien aseguró ante la Justicia que la mujer policía y él comparten la propiedad de la firma “Sociedad Inversiones de Los Hornos”, que “tiene como objetivo la comercialización de terrenos y emprendimientos inmobiliarios”.

 

En cuanto a la jubilación de Melazo que “aún se encuentra en trámite” es la que aparece un tanto complicada por los tres pedidos de juicio político que se presentaron en su contra durante los años en los que era un auténtico intocable dentro de la Justicia bonaerense. En aquellos tiempos, en los que soñaba con convertirse en el ministro de Seguridad de la gobernación que su gran amigo Aníbal Fernández finalmente no lograría obtener en las urnas, se lo conocía en La Plata como “El Oyarbide bonaerense”. Tras la derrota del kirchnerismo en 2015, los trámites de destitución que pesaban sobre él se aceleraron, llevaron a su suspensión preventiva y por último lo empujaron a renunciar en junio de 2017. Sin embargo, todavía no pudo cobrar sus haberes como miembro de la clase pasiva.

La defensa propuso la mansión de Gorina como nuevo lugar de detención del ex juez y hasta ofreció acceso a su intimidad. Señalaron que, “como la residencia cuenta con cámaras de seguridad, no habría inconveniente alguno en brindar acceso a las mismas a la Justicia para su debido control y monitoreo”.

El sillón masajeador que Melazo tiene en su casa

La fiscal del caso, Bettina Lacki, no se dejó seducir por lo que hubiera podido ser un interesante ensayo de un preso habitando una prisión propia controlada por sus propias cámaras. En la audiencia planteó que en la investigación aún falta producir prueba que lo involucraría en forma directa, como el análisis de su teléfono celular, y que la causa no para de encontrarse con nuevos hechos, por lo cual el peligro de que la libertad de Melazo entorpezca las pruebas se mantiene firme.

“Sigue siendo un hombre temido”, apuntó la fiscal.

El ex juez platense César Melazo en una foto de sus redes sociales.

La fiscal también aclaró que en la causa surgen nexos que la banda del ex juez habría tenido con el Servicio Penitenciario Bonaerense y con el Sistema de Monitoreo de las tobilleras que se dan para prisión domiciliaria.

En el expediente, de hecho, hay un integrante de la banda procesado por doble homicidio -Javier Ronco, ex cuñado de Rubén “El Tucumano” Herrera- que denunció haber obtenido su detención domiciliaria con tobillera pagando coimas millonarias al ahora ex fiscal Tomás Morán (ya detenido) y al integrante del Tribunal de Casación bonaerense Martín Ordoqui (suspendido y en juicio político).

 

Recuperado del episodio del ascensor, Melazo en persona habló en la audiencia. “Me sigo manifestando inocente absolutamente de todo este tipo de organización delictiva. Nunca participé, siempre perseguí a los delincuentes, agregó. “No dudo que esta supuesta banda tal vez existe, pero no formo parte. Poco temor le puedo meter a la gente o a los imputados o a los testigos”, apuntó. Y en cuanto a sus contactos políticos, aclaró: “He estado en contacto con ministros pero siempre persiguiendo al delito”. Luego desmintió haber “militado políticamente” porque lo tenía “prohibido como magistrado”, aunque sí admitió haber tenido lo que definió como “reuniones sociales”: “He estado lo más cercano posible al pueblo para combatir el delito”, aclaró. Después intentó ensuciar al actual ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, y al jefe de Gabinete, Federico Salvai. “He sido apretado” por ellos cuando aún era juez por medio de mensajes de Telegram, dijo, y también “en la Casa de Gobierno, donde me ofrecían (darme) cargos para no caer en una causa penal o no ser expulsado en juicio político, trámite donde sólo me apoyaba la Unidad Ciudadana”, disparó.

En el centro, el juez César Melazo, en su fiesta de cumpleaños de 2012. Lo rodean el entonces jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.

En un fallo conocido este martes, la jueza Butiérrez le negó la prisión domiciliaria. Consideró que el riesgo de que altere pruebas sigue vigente y que, en lo que hace a su familia, su hijo está bien cuidado. También descartó un argumento que apareció tras la audiencia: un traslado pedido por Melazo rumbo al hospital por una supuesta afección cardíaca que terminó siendo calificado por los médicos como “un dolor en el epigastrio” (la panza) provocado por la “angustia” de estar encerrado.

No es para menos. Melazo hoy está preso en el penal federal de Ezeiza bajo el sistema IRIC (para presos de la corrupción), al igual que su viejo amigo Juan Pablo “Pata” Medina, el ex vicepresidente Amado Boudou y su socio José Núñez Carmona.

Quizás de allí se inspira su defensa. “Hay una necesidad política de tenerlo preso a Melazo”, dice a Clarín uno de sus abogados, Diego Peisajovich. “Lo tienen que tener detenido para mostrar que hay una supuesta lucha contra la corrupción”, agrega.

 

La defensa, parece, busca ser cada vez más política. Los abogados de Melazo le pidieron a la fiscal Lacki que cite a declarar como testigos a los ministros Ferrari y Salvai, cosa que no hizo. En el entorno de esos funcionarios igual señalan que no hay nada que ocultar: “En su momento Melazo pidió una reunión para intentar negociar su renuncia a cambio de que se frenaran sus juicios políticos. En ese encuentro, que fue público y en la Gobernación, se le dijo que no. Y los jury continúan”.

Si todo le falla, Melazo aún guarda una carta: la chance de declarar como arrepentido.