Hacia una sociedad más vigilada

Narcotrafico & Terrorismo
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Atentado. En Berlín, un camión atropelló una feria navideña.Por Horacio French*

 

En 1990, en un pueblito de Inglaterra, cuatro jóvenes que habían asistido a una fiesta fueron asaltados por un delincuente que no sólo les arrebató las pocas pertenencias de valor que portaban, sino que los hirió de gravedad con un arma blanca.

 

El hecho sucedió en 54 segundos y en menos de dos horas el asaltante había sido detenido y, tres meses más tarde en veloz procedimiento judicial, fue procesado, enjuiciado y condenado.

 

La razón de tan exitoso desenlace policial: una cámara de vigilancia –la primera instalada en ese país– filmó el asalto.

 

El hecho tuvo gran repercusión en todo el Reino Unido y, de los tres pueblos que tenían hasta ese momento este tipo de vigilancia, al poco tiempo la cifra trepó a 500 poblaciones que colmaron sus calles, plazas y negocios con esta tecnología, cuya inversión superó los 500 millones de libras (unos 9.500 millones de pesos actuales).

 

En forma paralela, este acontecimiento originó un acalorado debate acerca de la invasión por parte del Estado de la privacidad de los ciudadanos.

 

No obstante, la comprobada utilidad de la presencia de las cámaras de seguridad en la vía pública apagó aquella discusión en forma drástica, debido a que más del 80 por ciento de los ingleses apoyaba esta manera de prevenir los delitos.

 

Es por eso que la Cámara de Representantes del Reino Unido tuvo expedito el camino para sancionar hace poco una dura ley antiterrorista que, según un artículo publicado por el diario español El Mundo, fue calificada como “la ley de vigilancia más restrictiva jamás aprobada por una democracia”.

 

La ley –denominada Investigatory Power Act– viene reformulándose en los distintos ámbitos gubernamentales británicos desde 2014 y recién entrará en vigencia durante 2017.

 

La nueva normativa, sin antecedentes en ese país, permitirá a los servicios de inteligencia hackear las cuentas privadas de correos de los ciudadanos ingleses sin previa autorización judicial, y también exigirles a las empresas de telefonía que eliminen su encriptación para acceder al historial de los teléfonos celulares que se les solicite, incluso cuando se trate de ciudadanos ingleses que se encuentren en el exterior.

 

No obstante y pese a esta enorme atribución que se les otorga a los servicios de seguridad ingleses, esta actividad será supervisada por el Comité de Control Parlamentario de estos organis- mos y también por un tribunal de investigación judicial, integrado por jueces y exjueces convocados a tal fin.

 

Ahora bien, esta ley inglesa no es muy original, porque se asemeja a la “ley patriota II”, sancionada por el Congreso de Estados Unidos a instancias del entonces presidente George Bush luego del atentado en Nueva York del 11 de septiembre de 2001, cuando el Gobierno norteamericano debió tomar medidas urgentes para lograr una mayor agilidad en las investigaciones destinadas a prever nuevos atentados terroristas.

 

También Francia, Bélgica, España y Alemania están modificando sus leyes en aras de mejorar los procedimientos contra el terrorismo.

 

Pero la realidad indica que la lucha contra el Estado Islámico (EI) y otros grupos radicales musulmanes exige mucho más que nuevas leyes para combatir, dado que la principal fuerza antiterrorista europea, Europol, con sede en La Haya, informa día a día del avance yihadista, alertando acerca de la posibilidad de nuevos atentados, basados en informaciones alarmantes.

 

En España, por ejemplo, servicios secretos tienen fichas de más de 65 mil personas vinculadas de algún modo al terrorismo. También la traumática detención de un agente de inteligencia alemán sospechado de pertenecer al EI.

No cabe duda, entonces, de que si bien soplan vientos de aislamiento en algunas potencias, cuyas políticas en ese sentido fueron homologadas a través del voto popular, como fue el “Brexit” en Inglaterra o el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo debe realizarse mancomunadamente entre las fuerzas de seguridad de todo el mundo, tal como lo propuso la luxemburguesa Viviane Reding, excomisaria europea de Justicia, quien instó a la creación de una Agencia de Inteligencia Europea para 2020.

 

Sin embargo, de nada sirve crear organismos de inteligencia si no cuentan con dos condiciones fundamentales: una relación sana de intercambio informativo entre los servicios de inteligencia y, además, disponer de los suficientes medios económicos para afrontar con éxito las complejas investigaciones antiterroristas.

 

* Doctor en Derecho, docente de la UBP

Francia, Bélgica, España y alEmania Están modiFicando sus lEyEs En aras dE mEjorar los procEdimiEntos contra El tErrorismo.

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