Día Mundial de las Personas con Discapacidad: en Argentina, sólo una de cada 3 consigue trabajo

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Que cómo hacen para llegar al trabajo. Que quizá 'incomodan' a sus compañeros. Que puede que los jefes no sepan cómo exigirles como a los demás. Que tenerlos es "más caro" que

no tenerlos. Antes que inclusión, el mundo laboral está repleto de prejuicios sobre las personas con discapacidad. Por eso, sólo 1 de cada 4 logra conseguir un empleo en Argentina.

La cifra parte del último registro del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad que el INDEC publicó en junio: el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad y solo el 32,2% tienen trabajo. Los varones tienen una tasa de empleo de 40,3%, mientras que la de las mujeres alcanza un 25,8%.

En el Día Internacional de la Discapacidad, este panorama en Argentina tiene diversos factores, claramente identificados.

A pesar de que se apliquen normativas, capacitaciones y se promueva la concientización, en la sociedad aún existen empleadores o empresas que siguen reacios al tema, “en su mayoría por desconocimiento”.

Así lo dijeron los expertos que este lunes se reunieron en el Forum “Diversidad Generacional e Integración”, realizado por la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano (DCH) y la IAE Business School de la Universidad Austral. Los especialistas entrevistados por Clarín, coinciden y hablan de números de desocupación aún mayores. 

"Una de las claves para poder avanzar en la inclusión laboral de las personas con discapacidad es derribar todos esos mitos. El principal: que no suman en el trabajo", dice a Clarín Luis Rodríguez, director de Puentes de Luz.

Motivado por su hermana con Síndrome de Down, es el psicólogo que está al frente de la asociación civil sin fines de lucro creada en 2006 para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en San Martín de los Andes.

"El cupo del 4% para personas con discapacidad que se debe cumplir en el Estado (es del 5% en la Ciudad de Buenos Aires) no tiene números claros. No sabemos cuánto se cumple o no efectivamente en todo el país", agrega.

Mientras, en esa chacra de dos hectáreas en San Martín de los Andes, surgió y funciona el proyecto Sabor Natural, un emprendimiento productivo que busca fomentar la capacitación de oficios y la inserción laboral a personas con discapacidad, a través del trabajo en una granja y huerta orgánica de frutos regionales para la elaboración de mermeladas artesanales y hierbas aromáticas para blends de especias.

Él habla desde el Sur, cuando en el interior del país la cifra de desempleo, dice, "siempre estimativa", es mayor.

Según un informe de la Auditoría General de la ciudad de Buenos Aires, publicado a comienzo de noviembre, "los agentes con necesidades especiales ascienden al 0,86 por ciento del total" del Poder Ejecutivo porteño, lejos del cupo del 5% estipulado por la ley 1.502 promulgada en 2004.

Sólo 1.324 sobre 154.366 agentes que se desempeñan en el gobierno porteño son personas con discapacidad, cálculo que toma en cuenta a aquellos empleados que revisten en el escalafón general, en la carrera profesional hospitalaria y bajo el Estatuto del Docente.

Contra todos esos prejuicios per se, las pocas compañías que tienen programas de inclusión en nuestro país aseguran que la diversidad tiene un efecto positivo en el clima laboral y redunda en mejores ideas y en soluciones más completas para los clientes.

José Luis Vera Pinto (37) resume su discapacidad motriz como "de nacimiento". Pero "por mala praxis", agrega. En el parto, la anestesia en su madre le provocó una hemiparesia del lado izquierdo. La sangre se coaguló y tapó una arteria vital. Tras tres operaciones, en 2015 logró caminar por sus propios medios. "Aunque con dificultad", dice. "Aún así", refuerza, antes consiguió trabajo en importantes empresas. Cada vez, por algún programa de inclusión.

"Empecé en YPF, en una pasantía de seis meses. Ahí me inicié en SAP (Sistema de Almacenamiento de Información). Eran 6 horas. Estuve hasta mayo de 2016. Después pasé a Dow Química, ya con empleo formal, 9 horas. Estuve dos años y terminé de especializarme", cuenta a Clarín.

José Luis

José Luis

Hoy trabaja en la petrolera latinoamericana Vista Oil & Gas, que lo llevó a mudarse desde Martínez, en la zona norte bonaerense, a Cipolletti, Río Negro. Además de su tarea, es líder de el programa de inserción en la empresa. Mientras habla con este diario, organiza la fiesta de Fin de Año.

"Mi caso tiene que ser el de muchos otros. Las personas con discapacidad que terminan el secundario deben animarse a salir de la seguridad de quedarse en casa bajo el cuidado de los padres. Deben buscar independizarse, no depender de otros para vivir. Se puede. Las empresas van a incluirte. Siempre que cumplas. No por que sí. Y hay que ir a las empresas donde se vea que tienen ganas de incluirnos a todos", cuenta.

Esa "seguridad" hogareña de la que habla José Luis tiene que ver con la pensión por discapacidad. Algo que se pierde a la hora de la inserción laboral.

En este sentido, Beatriz Pellizzari, especialista en Trabajo, Inclusión y Discapacidad, que asesora a empresas, coincide en que "más que nunca, por este giro hacia la diversidad", las compañías están "muy proactivas a contratar empleados con discapacidad". También en que el principal obstáculo es la incompatibilidad entre el cobro de pensiones y el trabajo en sí.

"La pensión, que no llega a los 9 mil pesos por mes, no debe ser tomada como un reemplazo del trabajo. Es parte del derecho de las personas con discapacidad de valerse por sí mismos, de no ser siempre alguien que tenga que depender del otro. Tienen derecho a su autonomía e independencia. A disponer de su dinero. Pero cuando ingresan al trabajo registrado en cualquiera de sus formas vigentes, esa pensión se 'congela' y hace que teman ir a buscar trabajo porque, en caso de que se termine, recién un año y medio después vuelven a tenerla", detalla.

Además, dice, fomenta la informalidad de estos trabajadores. "En las entrevistas, cuando los llaman para entrar, muchos piden 'no, no. Contratame en negro. Así no pierdo la pensión'. Es que no les alcanza para cubrir tratamientos, remedios, traslados".

Mery Taraborelli (33), es diseñadora gráfica y trabaja como free lance desde su casa en San Justo. Pero no factura a su nombre. "Las facturas están a nombre de mi mamá, porque si aparezco como monotributista no recibiría la pensión. Me encantaría trabajar en una empresa, en relación de dependencia, pero jamás me llamarían. De hecho, una vez me llamaron del Ministerio de Trabajo para ofrecerme un trabajo en un primer piso y por escalera", dice a Clarín.

Tiene distrofia muscular de cintura. Es una enfermedad progresiva. Hace unos años comenzó a necesitar trasladarse en silla de ruedas, "con asistencia de otra persona" porque la falta de fuerza también está en sus brazos. Pero eso no le impide diseñar para web y revistas gráficas de tirada nacional, algo que hace desde que se recibió, en 2006.

PS