Las evaluaciones educativas, en la mira: en la Argentina, siempre dependen del gobierno de turno

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Hasta hace unos años, sólo mencionar que se iba a realizar un operativo de evaluación educativa en las escuelas del país generaba polémica. Ahora, tras la instalación de las pruebas Aprender,

son pocos los que ponen en duda la necesidad de medir los aprendizajes. Hay debates sobre las formas, pero ya no sobre la relevancia de evaluar.

Pero un asunto aún sigue generando polémica: ¿quién debe ser el encargado de evaluar? ¿Está bien que sea un organismo, o una secretaría, que depende del gobierno de turno? ¿O debe ser, por el contrario, un instituto independiente, especializado en el tema y con autarquía financiera? Y en el caso de crearse ese instituto, ¿qué grado de autonomía política debe tener con respecto al Gobierno?

Antes de avanzar en las respuestas, es bueno observar qué sucede en la región. Hoy, la Argentina tiene menos independencia política en este asunto que en otros países latinoamericanos, como Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México o República Dominicana, de acuerdo a un informe del Observatorio Argentino por la Educación, realizado por el especialista Juan Llach.

Esos países cuentan con organismos autónomos encargados de evaluar la calidad de la educación, así como el avance de los programas educativos oficiales. Si bien hay diferencias entre los países, la mayoría fueron creados por ley con el objetivo de tener una mayor independencia política. Además, varios de ellos eligen a los encargados del área por concurso.

Los organismos y la designación de sus directores
Los organismos y la designación de sus directores

En la Argentina, en cambio, la oficina que se ocupa de la evaluación depende del Ministerio de Educación nacional. Con el nuevo Gobierno, ahora es la Secretaria de Evaluación e Información Educativa, a cargo de la experta Gabriela Diker. Pero además, según adelantó a Clarín el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, también se creará el Consejo de la Calidad de la Educación, un órgano de asesoramiento especializado previsto en la Ley de Educación, que tiene como fin proponer criterios para las evaluaciones. Deberá estar integrado por referentes académicos, de las provincias y los sindicatos.

En las próximas semanas lo pondremos en funciones”, le dijo Trotta a Clarín.

Operativo Aprender en una escuela de Vicente Lopez.Foto Lucia Merle / Archivo

Operativo Aprender en una escuela de Vicente Lopez.Foto Lucia Merle / Archivo

Del otro lado de esta “grieta”, la voz más fuerte quizás sea la del ex ministro Esteban Bullrich, quien presentó el año pasado en el Senado un proyecto de ley para crear -a nivel nacional- el Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (IECEE), concebido como un ente descentralizado “con autonomía funcional y potestad para dictar su organización interna, autarquía económica financiera y personería jurídica propia”. El proyecto de ley no llegó a aprobarse, aunque todavía no perdió estado parlamentario.

“Antes que pensar nuevos instrumentos, lo que hay que hacer es cumplir con la ley. La Ley de Educación Nacional es un completo programa educativo, que ha sido incumplido en la Argentina. Con el Consejo de Calidad garantizaremos la capacidad de observación sobre la marcha del sistema educativo”, dice Trotta.

“Hay que tener en cuenta que otras instancias de evaluación terminan en el marco de una mercantilización. Detrás de las ONG y empresas hay un negocio educativo”, agregó.

Clarín también habló con Elena Duro, que dirigió la Secretaría de Evaluación del Ministerio de Educación en el Gobierno anterior y fue responsable de las pruebas Aprender. Tiene una mirada “intermedia”. “A partir de la experiencia de haberse constituido un área de evaluación con grado de Secretaria de Estado, dar un paso más hacia la creación de un Instituto de Evaluación e Investigación por ley -con los consensos necesarios en el Congreso Nacional- puede ser oportuno. Ahora bien, no creo que deba tener autonomía plena de los gobiernos educativos nacional y jurisdiccionales”, dijo.

“Una política de evaluación pensada desde ámbitos externos al del gobierno educativo y con la finalidad de control sería asumir una posición conservadora ya en desuso en muchos de los países más avanzados en educación. El instituto debiera tener cierta autonomía pero no ser plenamente independiente del gobierno educativo”.

Llach, en cambio, sí apoya la creación de un instituto. “Tener una institucionalidad más independiente genera las condiciones necesarias para la continuidad de las políticas de evaluación. Contar con un instituto de evaluación educativa es un modo de garantizar que la evaluación sea una política de estado, es decir, que no cambie cada vez que asume un nuevo gobierno”, afirma en el informe del Observatorio.

En la Ciudad ya existe

La Ciudad es el único distrito del país que tiene un ente autónomo de evaluación. La Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) fue creada por ley en 2014, impulsada por el entonces ministro de Educación porteño Esteban Bullrich. La Ley salió tras un ríspido debate en la Legislatura. Desde diciembre, esta unidad está conducida por el ex ministro de Educación provincial Gabriel Sánchez Zinny.

El ente porteño encara diversas evaluaciones como las pruebas FEPBA (primaria) y TESBA (secundaria). El trabajo del Observatorio señala que, por ley, el director debiera ser designado por el Poder Ejecutivo tras un concurso público de antecedentes y oposición frente a un jurado académico, algo que no sucede.