A pesar de los avances, confirman que sigue siendo crítica la desigualdad que viven las mujeres de la región

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Hace 25 años, en una cumbre internacional celebrada en China, 189 países firmaron un documento que es considerado al día de hoy la agenda más progresista aprobada a escala mundial sobre

los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Se conoce como “la Plataforma de Beijing”. Con motivo del aniversario de este compromiso, acaso el plan más visionario para promover la igualdad de género, 2020 será un año de encuentros y revisiones, que incluirá una reunión de la ONU en la sede de Nueva York en marzo y dos asambleas del Foro Generación Igualdad, en México y París.

Previo a estos encuentros, la semana próxima, en Chile, se realizará la reunión preparatoria Beijing+25 para los países de América Latina. Allí estará presente Argentina, representada por la titular del nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y también por distintas organizaciones feministas.

Desde 1995 a hoy “el mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad de género”, sostiene el informe de ONU 2020. Sólo como para empezar a hablar, se detalla que en la actualidad existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que sus pares masculinos, que más del 75 por ciento de los parlamentarios son hombres y que según cifras oficiales, una de cada tres mujeres sufre violencia de género.

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“América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Una desigualdad estructural que se agrava señalando siempre condiciones más desventajosas para las mujeres, especialmente niñas, jóvenes y adultas mayores, campesinas, afrodescendientes, indígenas y trans, en relación con su seguridad personal y el acceso a la salud, a la justicia, al trabajo decente y a los activos económicos”, precisa un análisis elaborado por el Comité de ONGs para la Condición de la Mujer de América Latina y el Caribe, integrado por 90 organizaciones y redes feministas, titulado “Beijing+25: Luces y sombras”.

“Desde aquel hito que implicó la conferencia de Beijing en 1995, Argentina avanzó enormemente en el reconocimiento de derechos. La ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales; la ley de Identidad de Género, la ley de Matrimonio Igualitario, la ley de Creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, por mencionar algunas, y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad el pasado 10 de diciembre son muestras de esos avances”, enuncia la ministra Gómez Alcorta.

Pero aclara: “Sin embargo, somos conscientes de que aún persisten importantes desafíos en materia de implementación de esa legislación y otros vinculados con los nudos estructurales de la desigualdad de género que atraviesa a los países de la región: la feminización de la pobreza, las desigualdades en el acceso, permanencia y ascenso en el mercado laboral de las mujeres y personas LGBTI+, las brechas de ingresos”.

Mabel Bianco (presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Copresidenta del Comité de ONGs para la Condición de la Mujer de América Latina y el Caribe) analiza: “Espero que Argentina sea un modelo para la región en avanzar no solo en las metas de Beijing sino en otros nuevos aspectos, como los referidos a las necesidades de niñas madres precoces en situación de convivencia o en matrimonios forzados; el reconocimiento de los transfemicidios y la eliminación de las discriminaciones que viven las personas del colectivo LGBTQI+, así como en acabar las innecesarias muertes por falta de acceso a la interrupción segura del embarazo”.

Algunos datos relevados por el informe Beijing+25 indican que a 2020, sólo el 50.6% de las mujeres latinoamericanas tienen una cuenta bancaria. A su vez, las que logran ingresar al sistema, en su mayoría reciben créditos por montos menores y a costos más altos (no suelen tener bienes o ingresos compatibles con una garantía) lo que las obliga a vivir endeudadas y en situación de pobreza.

La división sexual del trabajo explica que el 43,4% de las mujeres, de entre 20 y 59 años de la región consideran la maternidad y las tareas de cuidado no remunerado como motivos principales para no buscar activamente o desempeñar un trabajo remunerado. Es decir, persiste la injusta distribución de las tareas de cuidado que ocupa el tiempo de las mujeres y no el de los hombres.

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, el relevamiento indica que la proporción del total de embarazos en América Latina y el Caribe que terminan en aborto aumentó de 23% a 32%, entre 1990 y 2014. A su vez, más del 97% de las mujeres en edad reproductiva viven en países con leyes de aborto restrictivas y menos del 3% de las mujeres de la región habitan en países donde el aborto es legal en términos amplios.

En el capítulo “Libertad frente a las violencias, el estigma y los estereotipos”, se subraya que América Latina y el Caribe es la región del mundo con los mayores índices de femicidios y de inseguridad que experimentan las mujeres. Información oficial de 24 países que consideran los femicidios de manera heterogénea muestra que al menos 3.527 mujeres han sido víctimas en 2018.

En un número notable de casos, los femicidios combinan violencia de género y racismo. En Brasil, por ejemplo, la tasa de homicidios de mujeres no negras creció un 4,5% entre 2007 y 2017, mientras que la de homicidios de mujeres negras aumentó un 29,9%.

“En la reunión preparatoria de Santiago de Chile, las feministas vamos a exigir que se detenga en nuestros países la violencia represiva que cae especialmente sobre las mujeres – afirmó Bianco y añadió- y que se considere el cambio del modelo económico y político para desterrar la desigualdad en que viven la mayoría de las mujeres y niñas”.

Ana Perciavalle

GS