Defensor del Niño: los candidatos finalistas coincidieron en la "infantilización" de la pobreza

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Durante ocho horas, los y las catorce "finalistas" para el cargo de defensor o defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación presentaron sus proyectos de trabajo. Fue en una

audiencia pública en el Congreso ante una Comisión Bicameral que en quince días decidirá quién ocupará este cargo, vacante desde su creación, en 2005. Luego, diputados y senadores deberán votar esta elección.

Este martes se dio un paso clave para cerrar esta deuda de 13 años, que fue cuando se sancionó la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Los candidatos -nueve mujeres y cinco varones- tuvieron quince minutos cada uno para exponer ante la Bicameral, formada íntegramente por mujeres: cinco diputadas y cinco senadoras de distintos partidos políticos. También hubo espacio para preguntas y respuestas.

Si bien cada uno presentó su programa, con sus estructuras y planteos de gestión diversos, todos se mostraron prácticamente de acuerdo con los temas, que tienen que ver con la vulneración de derechos y la postergación que viven hoy los niños, niñas y adolescentes en Argentina. También, todos, se mostraron preocupados por el poco presupuesto que cuentan hoy los programas relacionados con la protección de la niñez y el previsto puntualmente para esta nueva Defensoría. En la apertura de la audiencia, la presidenta de la comisión, Norma Durango, lo planteó: "Es una preocupación el presupuesto para el defensor y la bicameral, vemos que bajará un 55 por ciento el año próximo...".

Un concepto compartido por todos fue dejar en claro que hoy los niños, niñas y adolescentes son "sujetos de derechos", y citaron la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061. El otro concepto que sobrevoló durante todo el día en el Salón Illia fue el de la "infantilización de la pobreza". Cada candidato, a su turno, repitió la estadística del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina: el 48,1% de los niños en el país vive bajo la línea de pobreza.

Y se hizo hincapié en todos los problemas que derivan justamente de la pobreza: la falta de acceso a viviendas dignas, centros de salud y educación. Se habló de las enormes diferencias entre la niñez de la Ciudad de Buenos Aires o el Sur contra las regiones del Noroeste y Noreste, con indicadores que duplican en muchos casos situaciones de pobreza, desigualdad y acceso a servicios básicos. "Todas las tasas en el Norte se disparan. Los chicos tienen más posibilidades de acceder a una educación de calidad no tanto por si la escuela es pública o privada sino por dónde viven", dijo Juan Facundo Hernández.

La candidata María Elena Naddeo dijo que hay un 1.200.000 chicos fuera del sistema educativo "porque no hay acceso al nivel inicial y por el abandono de la secundaria". También habló del "gatillo fácil" y las "detenciones arbitrarias" por parte de las fuerzas de seguridad. Nora Schulman también habló de la "Justicia violadora de derechos", de las madres protectoras que son encarceladas por defender a sus hijos de abusos de los padres "bajo el falso Síndrome de Alienación Parental".

Todos, todas, insistieron en la importancia de la aplicación de las Leyes de Salud Sexual y Reproductiva y la de Educación Sexual Integral, herramientas fundamentales para prevenir embarazos adolescentes y abusos. Y también repitieron estadísticas, oficiales. Que se denuncian cuatro abusos contra niños por día y que cada año 3.000 nenas son madre producto de haber sido abusadas. Otros datos compartidos: 1.100.000 niños trabajan o están relacionados a una actividad comercial, 9.000 viven sin cuidados parentales, 4.000 están en conflicto con la ley, 1.400 están privados de su libertad. Otra candidata, María José Lubertino, subrayó que el 25 por ciento vive en lugares precarios y el 50 por ciento, contaminados, que el 30 por ciento no tiene ningún tipo de cobertura: "Y hablamos de 14,5 millones de niños, niñas y adolescentes".

Gustavo Alvarez Pereyra se refirió al "esquema inequitativo y fragmentario que deja a un millón y medio de niños sin ninguna cobertura". Claudia Bernazza contó cómo se pasó del enfoque de "patronato a protección nacional". Y del Estado ausente: "No puede ser que recién aparezca cuando hay una chica muerta en una bolsa de basura", o para reforzar la idea del "pibe chorro". Como ella, varios candidatos se mostraron preocupados por la estigmatización que hacen los medios de comunicación sobre los niños y sobre todo los adolescentes, presentados como "problemáticos", "violentos" y "peligrosos", en lugar de marcar los peligros a los que están expuestos. Todos, a su vez, se ubicaron contrarios a la baja de imputabilidad.

La adopción fue otro de los temas planteados. Marisa Graham habló de los proyectos "riesgosos" que proponen la adopción prenatal: "Va a generar una demanda y la oferta seguramente va a terminar viniendo de los sectores más empobrecidos y vulnerables. Además, va contra el Código Civil". Dijo que "hay que tipificar en el Código Penal el delito de la compra y venta de bebés, y exculpar a las familias que entregan a sus hijos por problemas económicos".

El acceso a la salud mental también fue marcado como una gran carencia. Alicia Guerrero Zalza lo planteó por las crecientes estadísticas de suicidio entre adolescentes (se triplicaron en los últimos 20 años): "No puede ser que haya que ir a las cuatro de la mañana al hospital para conseguir el turno con el psicólogo para un mes después".

Marisa Herrera marcó la necesidad de "amplificar las voces de los niños, algunos tienen la voz muy baja y otros directamente están silenciados". Gabriel Lerner también habló de la "densidad de escucha que deberá tener la Defensoría". Y en este sentido marcó que se debe "empoderar a los trabajadores relacionados con la niñez porque no debe haber trabajadores más precarizados". También planteó acercarse a los chicos -todos lo hicieron- desde las redes sociales.

Otros planteos comunes: que la Defensoría tenga perspectiva de género, y apunte a los grupos más vulnerados, como los de diversidad sexual, pueblos originarios, con discapacidad y migrantes. Antes de fin de año, los niños, niñas y adolescentes tendrán quien defiendan todos estos derechos vulnerados. Son casi quince millones.